Un expresidente de Costa Rica, acusado de recibir comisiones millonarias

La Fiscalía General de Costa Rica ha acusado de supuesto delito de peculado al expresidente costarricense Miguel Ángel Rodríguez Echeverría ante un juzgado penal y ha solicitado abrir juicio en su contra. Rodríguez habría cobrado comisiones en un millonario negocio con firmas reaseguradoras transnacionales establecidas en México y Reino Unido durante su mandato, según la Fiscalía.

La acusación contra Rodríguez, que gobernó de 1998 a 2002, fue presentada el pasado 30 de julio ante el Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, pero no había trascendido públicamente. EL PAÍS ha accedido a una copia completa del documento de la Fiscalía, en la que también se solicita acusar a otros dos exfuncionarios de alto rango del estatal del Instituto Nacional de Seguros INS).

Rodríguez, de 69 años, ha asegurado a través de un correo electrónico que envió a EL PAÍS, se trata de una “burda persecución” y que “esto se debe dilucidar en los Tribunales, no en ningún otro ámbito. "Ahí demostraremos que este es un caso sin ningún fundamento”. “Cabe, sin embargo, señalar que estos hechos se empezaron a investigar en 2001. Hace 12 años. En 2005, hace ocho años, el propio Ministerio Público solicita y obtiene que se desestime la causa”, ha añadido.

El 25 de septiembre de 2012 la Fiscalía, en audiencia ante un juez, “indicó que no se determinaba participación alguna de Miguel Ángel Rodríguez en estos hechos relacionados con viajes y programas de capacitación del INS y anunció que pediría sobreseimiento en ese caso”, ha recordado el expresidente.

“Los hechos son los mismos, pero menos de un año después, la Fiscalía cambia de criterio. No hay ninguna base jurídica para esta acusación y así se dejará en claro ante los jueces de la República. El Ministerio Público se contradice a sí mismo y presenta una acusación sin base jurídica ni probatoria. Ante semejante proceder, solo queda una explicación: esto es una simple y burda persecución”, ha concluido.

La investigación judicial se basa en supuestos pagos de aproximadamente 2,1 millones de dólares realizados de 1998 a 2002 por una reaseguradora. Los hechos descritos por la Fiscalía también involucran a aseguradoras y reaseguradoras internacionales instaladas en España, Estados Unidos y Alemania, pero no se les culpa de ningún cargo.

Cuando el caso estalló en 2006, Rodríguez declaró al periódico La Nación por medio de su abogado Rafael Gairaud que desconocía el origen del dinero y que durante su gobierno se desligó del manejo de las cuentas bancarias y sus empresas.

Inflando valores

La Fiscalía asegura en su acusación que el “plan delictivo consistió” en que de los fondos del INS y de los asegurados se “distraían y sustraían sumas de dinero para su beneficio personal”, ya fuera “inflando el verdadero valor de la prima real que le correspondía a la compañía reaseguradora” o “incrementando el corretaje que le correspondía a la compañía corredora de reaseguro”.

Otra vía usada, precisa, fue “indicar que ese dinero iba para capacitación de funcionarios del INS cuando en realidad no se utilizaba para esos efectos en algunos casos, sino para uso personal del corredor que hacía la contratación”. El acuerdo, subraya, fue que “de los negocios de reaseguros” que se hiciera con las compañías corredoras, los tres señalados “participarían con una comisión”, así como otros “agentes corredores que participaran en dicho negocio”.

A los acusados “se les atribuye el delito de peculado en perjuicio” del INS y de la “Función Pública”, precisa la Fiscalía al pedir al Juzgado que acoja “la presente acusación y solicitud de apertura a juicio”. Entre las pólizas infladas está el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), una de las empresas estatales más fuertes del país.

Los planes para desplegar la operación fueron iniciados por Rodríguez, según la Fiscalía, antes de que en mayo de 1998 asumiera la Presidencia de Costa Rica y como parte del proceso de privatización del negocio de las pólizas, ya que el INS todavía ejercía en esa época el monopolio estatal de los seguros.

Rodríguez tuvo que dimitir en 2004 de su cargo como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) para ser enjuiciado por corrupción agravada en modalidad de cohecho impropio. Quedó probado que el expresidente recibió durante su gobierno 800.000 dólares de la empresa francesa Alcatel para otorgarle una licitación pública de telefonía celular. El político, que llegó a la presidencia postulado por el ahora opositor Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), fue condenado en 2011 por el caso Alcatel a cinco años de prisión, pero la sentencia quedó revocada por prescripción y fallas en el procedimiento de recolección de pruebas.

Consultado por este diario, el presidente del INS, Guillermo Constenla, declaró que “es un asunto que está en manos de los Tribunales de Justicia y a ellos les corresponderá analizar el caso y proceder como en derecho corresponde. Debemos confiar en lo que concluyan los jueces de la República”.