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Panamá elimina el secretismo de las sociedades anónimas

La nueva ley obliga a identificar a los dueños de las acciones al portador, mecanismo usado para ocultar negocios cuestionables

Tras más de 40 años de arrastrar la fama mundial de ser un paraíso fiscal, Panamá ha decidido finalmente eliminar el secretismo sobre el propietario de las acciones al portador en las sociedades anónimas, un viejo mecanismo legal que sirvió para perderle el rastro a múltiples negocios internacionales cuestionables que fueron escondidos en suelo panameño, como “blanqueo” de dinero, evasión tributaria y pago de comisiones por favores y privilegios políticos.

El presidente del país, Ricardo Martinelli, firmó este martes el ejecútese de una ley que establece que, en caso de una solicitud de autoridades competentes, sean inmovilizadas las acciones al portador para que puede conocerse la identidad de su dueño.

“Todo propietario de certificados de acciones emitidas al portador deberá designar a un custodio autorizado para que se mantenga un registro del beneficiario final de dichos instrumentos, a fin de que en caso de requerimiento de una autoridad competente, se pueda obtener la información actualizada del propietario de dichos certificados, sin afectar su libre circulación de manera reservada”, informó el Gobierno panameño.

“Con esta iniciativa, Panamá refuerza su mensaje de cumplir con las mejores prácticas de transparencia en el uso de los servicios financieros”, añadió. La nueva ley entrará a regir en dos años. La tarea de custodios locales de certificados de acciones al portador podrá ser ejercida por bancos, fiduciarias, casas y centrales de valores y demás agentes inscritos ante la Corte Suprema de Justicia.

“Esto es declarar al mundo que en Panamá no estamos haciendo esto porque nos están tildando de pillos o de sinvergüenzas. Muy por el contrario. Es porque somos un país que actúa de la manera correcta”, dijo el panameño Roberto Troncoso, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede). En una entrevista con EL PAÍS, Troncoso explicó que desde antes de 1903, cuando Panamá se independizó de Colombia, “estamos con el tema de las sociedades anónimas” como instrumentos jurídicos consolidados en 1927.

“La idea de todo es conocer al beneficiario último. A través de las acciones al portador quizás haya alguna preocupación de que no se diga claramente quien es el último beneficiario”, subrayó, al recordar que “las sociedades anónimas son tan viejas como la creación del Canal de Panamá”, construido de 1904 a 1914.

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“Es la perspectiva nacionalista de lo que siempre hemos hecho como una forma de comercio con sociedades anónimas, que son un sello de distinción, eficiencia, respaldo y honestidad de un país que abandera naves, y que a través de sus sociedades también hace fideicomisos y demás”, subrayó.

Panamá ha aparecido en los últimos años en las listas de organismos multilaterales -como como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)- de los países que incumplen los rangos internacionales para el intercambio de información tributaria, un portillo para crear un escondite de sociedades anónimas fantasmas o empresas de “maletín”, santuarios del “lavado” de dinero, refugio de capitales “golondrinas” y albergue de evasores de impuestos.

El estigma ha perseguido a Panamá por lo que se ha considerado como insuficientes o dudosos controles tributarios y jurídicos para evitar desaparecer la huella de fortunas “sucias”.

Acosado por la presión externa, Panamá ha negociado y suscrito desde 2010 una serie de pactos de intercambio de información tributaria con 20 países de Europa, América y Asia -España, entre ellos- para impedir la evasión fiscal y la doble tributación. Pero persistía la controversia sobre las acciones al portador, como una de las vías para ocultar al verdadero propietario de las sociedades anónimas.

La ley es clave en un país que, con un Centro Bancario Internacional que alberga a 92 bancos de todo el mundo, una vía canalera que moviliza el 5% del transporte marítimo mundial y una zona libre que, como la que opera en el caribeño sector de Colón, es el segundo puerto libre más grande del mundo (luego de Hong Kong), se consolida como una de las más apetecidas plazas de los negocios en América Latina y el Caribe.

Con una zona libre que factura más de 29.000 millones de dólares al año y un nervio bancario global que contaba, a mayo anterior, con activos superiores a los 92.000 millones de dólares, Panamá ocupa la posición 40 de 144 naciones del Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial. Aunque la pobreza bajó del 39% al 25% de la población, la exclusión social prevalece como una de las deudas sociales pendientes en Panamá, mientras la economía continúa creciendo a un ritmo cercano al 10% anual y encabeza los promedios latinoamericanos y caribeños.

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