La iniciativa de Peña Nieto tampoco convence a los inversionistas

Analistas económicos, empresarios y diarios especializados manifiestan dudas del modelo propuesto por el Gobierno mexicano

Peña Nieto firma su inicistiva de reforma energética. / Susana Gonzalez (bloomberg)

A los inversionistas les ha decepcionado la iniciativa de reforma energética que ha propuesto este lunes el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, al Congreso de la Unión. Y están preocupados por la ambigüedad que puede suponer la implementación de contratos de utilidad compartida, incluidos en la modificación del artículo 27 de la Constitución. Bajo este esquema, las compañías privadas serían compensadas por el Gobierno mexicano por las utilidades del petróleo extraído, pero no serían propietarias de los hidrocarburos que obtengan.

Los inversionistas esperaban que la reforma de Peña Nieto permitiera las concesiones o los contratos de producción compartida en los que las compañías podrían obtener un beneficio directo de los hidrocarburos. Es precisamente la falta de garantías lo que no ha gustado a quienes están interesados en invertir en el sector energético de México. “A las compañías lo que les interesa es poder registrar como parte de sus activos lo que encuentran, algo que va a mejorar la capitalización de la empresa y la fortaleza del negocio”, explica Gerardo Esquivel, economista de El Colegio de México. Esquivel asegura que el esquema propuesto por Peña Nieto no es común en la industria energética que permite la inversión privada.

Los mercados no mostraron simpatía por la propuesta presidencial. Al cierre de la Bolsa Mexicana de Valores, el Índice de Precios y Cotizaciones se mantuvo en una baja de 1,23%, mientras el valor del peso mexicano se depreció frente al dólar estadounidense. Una tendencia que rompe con la gran expectativa que los mismos mercados mantenían sobre la iniciativa de reforma energética.

El analista financiero Joel Martínez está convencido de que los inversores extranjeros están decepcionados de que Peña Nieto no fuese más arriesgado y que su propuesta resultara ambigua. “(A los inversionistas) no les queda claro lo que pasará con las leyes secundarias, la seguridad jurídica, los decepciona que México no quiera más que compartir utilidades y que eso es una reforma más atrasada de las reglamentación que tienen en Ecuador o Brasil”, explica a EL PAÍS. Martínez añade que los inversionistas también temen que la reforma fiscal que el presidente mexicano quiere proponer tras la reforma energética sea agresiva con la iniciativa privada.

Aún cuando la reforma de la Constitución en materia energética sea aprobada tal cual la ha enviado Peña Nieto al Congreso, quedarán pendientes las reformas de las leyes secundarias que detallarán los beneficios que las empresas pueden obtener de la apertura del sector a la iniciativa privada. ¿Qué porcentaje de utilidad se va a ofrecer a la iniciativa privada? Eso, señala Carlos Serrano, economista jefe para México de BBVA Research, podría hacer la diferencia entre una reforma que convenza a los inversionistas o no. “Si estos contratos son atractivos en cuanto al porcentaje de utilidad potencial que pueden ofrecer, pueden ser igualmente de eficaces que una concesión. La reforma es positiva porque propone abrir el artículo 27 porque es el principal obstáculo para atraer inversión al sector”, comenta. El beneficio para las compañías también estará en discusión.

En el bando de los que se muestran escépticos ante lo que propuso Peña Nieto está el diario The Wall Street Journal, que en una nota señalaba que la iniciativa era menos de lo que algunas petroleras esperaban y de lo que otras naciones productoras de petróleo ofrecen. “No da por ejemplo derecho a las compañías a ser dueñas de reservas petroleras a través de concesiones. Y Peña Nieto dijo que el gobierno no pagará con petróleo, sino el valor correspondiente del crudo que se encuentre y produzca”, ha criticado el diario. Incluso la patronal de México, la Confederación Patronal de la República Mexicana, expresó su deseo de que se exploren otro tipo de contratos además de los de utilidad compartida.

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