El jefe militar egipcio anuncia más represión ante la ‘semana de la ira’

El Gobierno interino de Egipto inicia una ofensiva diplomática para defender sus acciones

El ministro de Exteriores anuncia una comisión de investigación sobre las cargas militares

Varios soldados vigilan la sede del Constitucional en El Cairo. / AL YOUM ELSABAA NEWSPAPER (EFE)

El comandante de las fuerzas armadas de Egipto y artífice del golpe de Estado del pasado 3 de julio, el general Abdel Fatá al Sisi, advirtió este domingo a los islamistas de que no tolerará “la destrucción del país y su gente, o el incendio de la nación”. El mensaje quedaba claro: el ejército, que ha tomado el control total del país, no tolerará más desafíos por parte de los Hermanos Musulmanes. No habrá más acampadas o días de la ira sin que actúen ante ellos con contundencia las fuerzas de seguridad. Este domingo, un motín de islamistas que estaban siendo trasladados a un centro penitenciario en El Cairo se saldó con al menos 36 muertos, después de que la policía empleara gases lacrimógenos contra los presos que intentaron escapar del camión con la ayuda de un grupo armado en otro vehículo, según el ministerio del Interior.

En un punto de su discurso, ante representantes de la cúpula de las fuerzas armadas, el general Al Sisi llegó a jactarse de que habla por la gran mayoría de los egipcios, pues “el pueblo goza de la voluntad libre para elegir a quien desee”. A él, sin embargo, no lo eligieron las urnas. En el primer experimento democrático de Egipto fueron los Hermanos Musulmanes quienes ganaron los comicios. Al Sisi fue, más bien, el artífice del golpe y, buscando legitimidad, en julio pidió a la ciudadanía egipcia que saliera a las calles a manifestarse, demostrando que estaba de su parte en lo que calificó de su “lucha contra el terrorismo”. Para el Ejército, pues, las marchas y manifestaciones -siempre que no sean islamistas- han sustituido de momento a las urnas.

El 26 de julio, el día en que el general Al Sisi dijo recibir su mandato de las grandes marchas callejeras, murieron al menos 80 personas en ataques y cargas de las fuerzas de seguridad. Pocas, comparadas con las más de 800 bajas registradas desde el miércoles, tras el desmantelamiento de los campamentos islamistas en Giza y El Cairo. Y por si a los líderes de las naciones extranjeras les cuesta comprender cómo la legitimidad del gobierno se puede adquirir por esos medios, com operaciones militares y cargas contra manifestantes, el gobierno interino del país, al que han aupado y tutelan los generales, ha comenzado una ofensiva diplomática y política para justificar sus acciones recientes.

Este domingo, después de que la Unión Europea dijera que reevaluará sus relaciones con Egipto, el ministro de Exteriores de este país, Nabil Fahmi, se esforzó en aclarar que, según su opinión, los nuevos gobernantes no luchan contra un movimiento social y político que llegó al poder por medios legítimos, sino contra terroristas armados. “Los actos violentos que ha cometido la otra parte no han sido reconocidos o condenados por occidente”, dijo en rueda de prensa. “Confío en los militares, y estoy seguro de que nuestros oficiales no están obsesionados con el poder”.

No es esa la impresión que se han llevado numerosos enviados internacionales que se han reunido en privado con el general Al Sisi. A principios de agosto visitaron El Cairo dos senadores norteamericanos, los republicanos Lindsey Graham y John McCain, enviados por el presidente Barack Obama. Ambos le dijeron al comandante que lo lógico sería convocar elecciones y dejar que los Hermanos Musulmanes se presentaran, pues sería muy poco probable que volvieran a ser reelegidos. Le pidieron, además, que liberara a Mohamed Morsi, el presidente depuesto, que se halla bajo arresto militar desde el golpe. Al Sisi se negó a escucharles o a ceder y, después de su marcha, autorizó las cargas mortales de los pasados días.

“Egipto se va a convertir en un Estado fallido”, dijo este domingo, evaluando su visita a El Cairo, Graham en la cadena CNN. “La hermandad volverá a la clandestinidad. Al Qaeda acudirá a su ayuda. Y habrá una insurgencia armada, no sólo protestas, en 60 o 90 días”, añadió. En privado, el senador ha dicho a otros legisladores y a oficiales de la Casa Blanca que cree que Al Sisi está “borracho de poder”.

Las cargas militares y la consolidación de los generales en el poder han forzado a numerosos legisladores, como los propios McCain y Graham, a pedirle a la Casa Blanca que rescinda la ayuda militar que ofrece a las fuerzas armadas de Egipto, que asciende a 1.300 millones de dólares anuales. De momento, Obama se ha limitado a condenar la violencia y a suspender una serie de maniobras militares. Fue simbólico que, en las grandes manifestaciones contra los islamistas del 30 de junio, que precedieron al golpe, el ejército de Egipto mandara a sobrevolar la plaza de Tahrir a helicópteros Apache que le ha proporcionado precisamente el Pentágono.

En teoría, la hoja de ruta del gobierno provisional sigue en pie. Contempla una reforma de la constitución y elecciones legislativas dentro del plazo de seis meses. En realidad, poco se ha avanzado en esa dirección, con las seis semanas de protestas islamistas y el caos en el que ha quedado sumida la nación en los pasados cinco días. Y ante la falta de avance de un ejecutivo interino, con el parlamento disuelto, son los militares los que, en la sombra, detentan de momento todo el poder.

“La posibilidad de alcanzar un compromiso con la otra parte murió con las víctimas la semana pasada”, asegura Nathan Brown, experto en Oriente Próximo en la universidad de George Washington. “El nuevo régimen ha hecho posible su actitud actual de la forma más contundente posible. Los egipcios han tomado sus decisiones. Y la mayoría parecen apoyar las afirmaciones del nuevo régimen de que esta es una guerra entre los egipcios de verdad y los terroristas. Las voces discordantes son pocas y están aisladas. Y los líderes del nuevo régimen parecen creerse su propia propaganda”.

Este domingo por la noche, además, el ministerio del Interior anunció que ha prohibido los grupos de vigilantes civiles que en las pasadas jornadas habían creado puestos de control en El Cairo y habían agredido y arrestado a islamistas y a ciudadanos extranjeros.

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