El choque entre autoridades y grupos de autodefensa eleva la tensión en Guerrero
Los policías comunitarios reivindican la liberación de los detenidos en el estado mexicano, sacudido por la violencia y el narcotráfico
Dos bandos de hombres armados pelean a puñetazos y empujones tratando de arrebatarse los fusiles de las manos. Unos son corpulentos, van uniformados y portan grandes armas automáticas: son la policía municipal de Titxla (un pueblo de 22.000 habitantes en el Estado de Guerrero, en la costa del Pacífico de México). Los otros son menudos, visten camisetas verde olivo y lucen -en su mayoría- viejas escopetas: son miembros del grupo de autodefensa indígena conocidos como policía comunitaria. Unos y otros se insultan, se amenazan y forcejean de forma agresiva pero, extrañamente nadie dispara. Finalmente los escasos oficiales no pueden contener a los cientos de comuneros, que toman el ayuntamiento el lunes 26 durante cinco horas para exigir la liberación de sus compañeros detenidos. Ante el caos de la trifulca, la gente del pueblo entra en pánico y huye, excepto el periodista que grabó este video. “Estuvieron a punto de acabar a balazos”, cuenta Jorge García, asesor del ayuntamiento.
La situación es la siguiente: en los pueblos de la región Guerrero los narcos controlan la justicia a su antojo; roban, matan, secuestran y extorsionan a la gente pidiéndoles dinero a cambio de seguridad. “La policía nunca actuó contra ellos. Por eso se formaron los grupos de autodefensa. Tomaron las armas, les plantaron cara y hoy les mantienen a raya”, cuenta el periodista Bernardo Torres de la Agencia de Noticias Guerrero. Según cifras de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), formada en 1995, la delincuencia ha disminuido un 90% desde que ellos cuidan de pueblos como Olinalá, Tixtla o Ayutla. Sin embargo no todo es paz y tranquilidad en estos lugares. Desde hace meses los comuneros mantienen continuos enfrentamientos contra la policía y el ejército. “No recomendaría a nadie venir por aquí. Esto se está poniendo canijo (peligroso)”, reconoce una fuente del Gobierno de Guerrero que prefiere no identificarse.
"Yo no le tengo miedo a los sicarios o a la delincuencia organizada, yo le tengo miedo al Gobierno, que el Gobierno me desaparezca (…) son los que nos están atacando”. Estas palabras -reproducidas por la web Caminante TV- de la líder comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, definen por sí mismas el recelo mutuo entre las autoridades y los grupos de autodefensa indígenas. El pasado 22 de agosto cientos de militares llegaron a la comunidad de El Paraíso, en el municipio de Ayutla los Libres y detuvieron a 20 comunitarios. Entre ellos estaba la citada Nestora Salgado, que el día 27 fue acusada del secuestro de seis personas y encarcelada por la Fiscalía.
En el video del asalto, la Agencia de Noticias de Guerrero captó a uno de los comunitarios portando una subametralladora G36 de fabricación alemana (un arma potente que se usaba en Afganistán y que es ilegal en México). ¿De dónde lo sacaron? Fuentes policiales piensan que probablemente los mismos narcos se las vendieron.
El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, amenaza con imponer un decreto para acabar con las autodefensas. Por su parte, el líder de los comunitarios de Tixtla, Gonzalo Molina, amenazó con incrementar los ataques si no se libera a sus compañeros: “El Gobierno ha secuestrado a Nestora Salgado y pensamos que la están torturando y que por eso no la quieren presentar ante los medios”.
Para los partidarios de las autodefensas indígenas es natural que la gente se organice contra la violencia de los narcos y la negligencia policial. Para otros, como el periodista Sergio González Rodríguez (cronista y autor de libros como Huesos en el desierto, 2004) el tema es más complejo: “En este tema confluyen tres inercias: Una, la falta sistemática de respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas. Dos, el poder corruptor de los cárteles de las drogas. Y tres, la ideología contra-institucional afín al comunismo revolucionario. El surgimiento de las ‘auto-defensas comunitarias’ representa una vertiente de la paramilitarización regional que delata la crisis del sistema político”.
Un Estado en constante tensión
Guerrero es uno de los estados más pobres del país. En estado de revuelta constante por las protestas de los maestros contra la reforma educativa, el antiguo paraíso turístico es hoy escenario de una guerra entre diversos grupos criminales que luchan todos contra todos y que alternan su negocio de la droga con la delincuencia común. La situación de anarquía absoluta y de incapacidad de hacer frente a la violencia, ha desembocado en lo que se puede calificar como desgobierno o Estado fallido.
La zona montañosa de Guerrero sobrevive sitiada por varios grupos de narcotraficantes, entre ellos la banda de Los Rojos, que no contentos con la rentabilidad de la droga, decidieron extorsionar a los vecinos cobrándoles impuestos por vivir en su propia casa, por usar las cantinas, por disponer de su propio negocio y por saltarse los badenes de las calles. Los habitantes de Ayutla se hartaron de tanta extorsión y se armaron. Organizaron sus policías comunitarias y decidieron hacer frente a las bandas criminales.
El término de ‘Autodefensas’, o ‘Policías comunitarias’ puede llevar a la confusión. En la práctica se trata de agrupaciones indígenas que reivindican la autodeterminación de usos y costumbres, ley aplicada por primera vez al calor de las reivindicaciones zapatistas en 1996. Tlapanecos, mixtecos, amuzgos y otras 70 comunidades indígenas participan en las labores de estos grupos.
Varios habitantes de Guerrero consultados por EL PAÍS aseguran que la situación se está tornando insostenible desde hace varios meses. Incluso las ONGs tienen problemas para entrar a los municipios a entregar ayuda humanitaria. “Hay que pasar varios retenes de gente armada donde te monitorean y te hacen todo tipo de preguntas. No voy a volver hasta que esto se calme, porque no quiero exponer al peligro a mis voluntarios”, cuenta un miembro de una organización encargada de llevar comida y ropa a los niños de Ayutla. Los miembros de la CRAC tampoco se prestan a hacer declaraciones a periodistas desconocidos: “Ciertamente el Gobierno está reprimiendo a varios compañeros inocentes que brindan seguridad a su población y a su familia”, dice un comunitario que responde al teléfono. Después cuelga.
Jorge García, asesor del ayuntamiento de Tixtla, reconoce que desde el principio la gente apoyaba a las autodefensas, “pero con este tipo de comportamientos solo causan pánico y caos, justamente lo que pretenden combatir. ¡No se dan cuenta de que estamos en el mismo bando!”. Según Bernardo Torres, periodista de Chilpancingo, a pesar de todo, la gente sigue apoyando a los comunitarios: “Es la primera vez que cometen un exceso así. Y además se trata de un grupo que no está bajo el control de la CRAC. Como va acabar no lo sé, solo sé que la gente está dispuesta a todo para defender su libertad, ya no confían en autoridades”.
Tras la humillación de los policías en Tixtla, el ejército pasó al contraataque. El 27 de agosto en el municipio guerrerense de Cruz Grande, cientos de militares llegaron con tanquetas y furgones y acorralaron y desarmaron a un centenar de comunitarios. En esa ocasión, según muestra el video de Milenio, los soldados uniformados de camuflaje forcejearon con los comunitarios a golpes, pero sin tiros. Los mismos empujones y aspavientos de patio de colegio que en el asalto de Tixtla, la misma forma torpe y casi infantil de ganar una pelea sin matarse en el intento. Mientras, el enemigo común -el narco- sigue campando a sus anchas por el estado de Guerrero. Y contra ellos no sirven los empujones ni los puñetazos.
