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Cinco premios Nobel hacen campaña contra un desalojo de palestinos

La iniciativa es impulsada por 30 autores israelíes

Civiles palestinos y soldados israelíes en Hebrón. / ABED AL HASHLAMOUN (EFE)

Cinco escritores galardonados con el Premio Nobel de Literatura se acaban de sumar a la campaña emprendida por una treintena de autores israelíes para defender a las poblaciones palestinas del área Masafer-Yatta, al sur de Hebrón (Cisjordania), un grupo de 12 aldeas que el Ejército de Israel quiere desalojar para crear un campo de tiro, la llamada Zona de Fuego 918. La pelea lleva 13 años en los tribunales pero está en la fase final de resolución, de ahí que ahora se esté haciendo más presión para convencer a los jueces de que debe acabar el “acoso incesante” a las familias, que mantienen vivo “un modo de vida único” y contra las que se aplica una “política vergonzosa” de ocupación, según el comunicado de los intelectuales.

La iniciativa fue lanzada a principios de verano por David Grossman, uno de los escritores israelíes más reconocidos, y avalada por otros novelistas locales con proyección internacional, como Amos Oz y A.B. Yehoshua. Ayer, 50 autores de todo el mundo avalaron su llamamiento “a quien todavía sea capaz de escuchar”. Entre los nombres destacan los cinco Nobel: Mario Vargas Llosa, J.M. Coetzee, Orhan Pamuk, Herta Müller y Seamus Heaney -que añadió su firma antes de morir, el pasado 30 de agosto-. En la lista sólo hay un nombre español, el de Javier Cercas, y dos referentes latinoamericanos, el argentino Juan Gelman y el uruguayo Eduardo Galeano. Les acompañan norteamericanos como Philip Roth, Joe Sacco o Junot Díaz, británicos como John Le Carre, Ian McEwan y Julian Barnes o italianos como Roberto Saviano o Alessandro Baricco.

La iniciativa fue lanzada a principios de verano por David Grossman, uno de los escritores israelíes más reconocidos

“Ante la realidad de la ocupación en curso, de sólido cinismo y mezquindad, todos y cada uno de nosotros tiene la obligación moral de tratar de eliminar el sufrimiento, de hacer algo para doblar la mano cruel de la ocupación”, reza sobre los nombres de los autores.

Por lo que pelean es por el futuro de unas 3.000 hectáreas en una zona palestina montañosa y seca, amenazada con la demolición, el desalojo y la expropiación por el interés del Gobierno israelí en convertir ese suelo en espacio de entrenamiento militar. Israel alega que los palestinos no viven permanentemente en esas villas, único motivo por el que la ley militar podría autorizar el desmantelamiento de las viviendas –muchas de ellas, cuevas-. Los residentes lo niegan. Al menos una decena de ONG como Breaking The Silence o ACRI, la Asociación por los Derechos Civiles de Israel, han constatado que hacen su vida en las montañas, “como lo hicieron sus antepasados, como afirman los restos que quedan en la zona y las fotografías aéreas previas a la creación del Estado de Israel”, sostiene Shlomo Lecker, el abogado de las familias. Algunas, puntualmente, tienen casa además en pueblos próximos, donde mandan a estudiar a los hijos o donde van a comprar, pero “su día a día es allí, con el pastoreo, la cebada y el trigo”, añade el letrado, que recuerda, además, que “va contra el derecho internacional expulsar a ciudadanos en suelo ocupado”. La proximidad de numerosas colonias ilegales, como Susiya o Karmel, hace temer que el espacio pueda ser empleado en un futuro como zona de ensanche de asentamientos.

Las primeras órdenes de evacuación se emitieron en 1999. Los soldados entraron de noche en villas como Mufakara y sacaron a sus habitantes, unos 700, montándolos en camiones con sus pertenencias y llevándolos a otras villas. Los vecinos y los activistas lograron el retorno y una suspensión cautelar de la decisión, con los jueces censurando a Israel por lo ocurrido. Siguieron las visitas de patrullas, los helicópteros sobrevolando los poblados de noche, la destrucción de cisternas o de aperos de labranza, denuncia Lecker.

En 2012, tras años de estancamiento, Defensa presentó un nuevo proyecto: ocho de los pueblos deben ser desalojados para instalar el campo –“que reduce los costes logísticos dada la cercanía a varias bases”, defendió ayer su representante ante la Corte Suprema-, con permiso para ir un mes al año a cultivar, y las cuatro villas restantes podrán mantenerse pero rodeadas del perímetro de seguridad, lo que supone limitaciones constantes a su rutina. Esas alegaciones son las que ahora se revisan. El Supremo israelí decidió ayer que se abra un periodo de mediación, hasta el 2 de octubre.

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