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REPORTAJE

Antes preso que en la dura calle

Reclusos portugueses prefieren seguir en la cárcel antes de enfrentarse a la crisis

Carlos Garcia da Mata, de 64 años, en una ONG para la reinserción de presos en Lisboa.

El juez y presidente de la Asociación Sindical de Jueces Portugueses, José Mouraz Lopes, sostiene que hay presos que actualmente renuncian a la libertad condicional por miedo a verse completamente desamparados. “Hablé en julio con dos colegas míos encargados de conceder la libertad condicional en dos cárceles portugueses y me lo confirmaron. Supongo que habrá más. Es algo que, en mi experiencia como juez y como jurista, no había pasado jamás en Portugal”, asegura. La Dirección General de Servicios Penitenciarios “desconoce” el número de presos que renuncian a su libertad, pero José Brites, presidente de la ONG O Companheiro, especializado en la reinserción de reclusos, ha trabajado ya con varios hombres de mediana edad que prefieren ir a la asociación de día y volver de noche a la cárcel antes que acceder a un régimen más abierto “porque con la crisis no tienen dónde ir”.

Con todo, no hay ningún caso parecido al de Carlos Garcia da Mata, el pensionista que asaltó un banco para, como asegura, conseguir un techo, aunque tuviera barrotes. Una tarde, en una pensión de la Baixa de Lisboa de la que le iban a echar por impago, Da Mata —sin trabajo, con una pensión de solo 240 euros, enfermo y con problemas de movilidad—, decidió que antes que dormir en la calle prefería hacerlo en la cárcel. Así que se plantó ante el escaparate de una tienda cercana y lo destrozó de una pedrada. Se sentó a esperar a que llegara la policía mientras sonaba la alarma.

Como había previsto, acabó en el calabozo. Pero el juez decidió que por esa falta nadie ingresa en prisión y lo puso en libertad dos días después. “Pues haré algo más gordo”, replicó. Efectivamente. Al día siguiente —corría el mes de noviembre de 2011— se plantó en una agencia bancaria situada al lado de su casa. “A mí no me gustan las armas, así que entré sin pistola ni nada y me fui hacia la ventanilla”, contaba esta semana, con una sonrisa ahogada en la boca, en la biblioteca de O Companheiro. A la empleada le entregó, en silencio, un papel en el que había escrito: “Estoy desesperado; voy armado. Denme 5.000 euros en billetes de 50”. La cajera le dio 3.000 euros y Da Mata, conforme con la rebaja, salió con el botín en el bolsillo y, a falta de un plan de fuga, tomó un taxi en la parada de enfrente. A los pocos minutos, según cuenta con cierta ironía, el taxista recibió una llamada a su móvil procedente de la policía —que al parecer conocía el perfil inofensivo del atracador— en la que se le urgía a que volviese inmediatamente al lugar del atraco. “A mí no me importó que me atraparan. Lo que yo quería era un techo. No pude gastarme ni un euro. ¡Ni siquiera para comprarme un cigarro!”, se lamenta. Tampoco esta vez el juez consideró que Da Mata merecía la cárcel y lo envío a O Companheiro para realizar trabajos para la comunidad. Allí vive desde entonces, obsesionado por la comida, evocando sus tiempos de camarero en El Algarve y en Lisboa, recordando que la mañana del asalto al banco se encontraba, además de en bancarrota, completamente solo.

Ahora vende en la calle ejemplares de una revista de indigentes, con lo que al menos gana para tabaco y duerme conectado a una máscara de oxígeno que evita que se ahogue por la noche.

En las cárceles portuguesas hay unos 14.000 reclusos. En los dos últimos años, los más devastadores de la crisis, con un incremento brutal del desempleo, que sobrepasa ya el 17%, se ha incrementado en unos 2.000 internos. ¿Más crímenes? ¿Más delincuencia? No. Sorprendentemente, tal y como asegura el juez Mouraz Lopes, el índice de criminalidad ha descendido. A su juicio, el aumento y la superpoblación de las cárceles portuguesas se debe a otros factores. “No es porque los presos prefieran quedarse en la cárcel. Esos son casos emblemáticos, pero puntuales. Los jueces encargados de aprobar la libertad condicional, al no ver que los requisitos exigidos no se cumplen [posible reinserción, familias con medios…] las deniegan. La crisis hace que las familias —y la misma sociedad— cada vez tengan menos medios para encargarse de los presos que podrían salir”.

La coordinadora del Observatorio de la Justicia, Conceição Gomes, apunta otra razón: “Han aumentado mucho los ingresos en la cárcel para cumplir penas de corta duración. Y muchas de estas personas, que han cometido un hurto o un pequeño delito, se quedan en prisión porque no tienen para pagar una multa que a veces asciende a unos 2.000 euros. Antes se pagaba. Ahora no hay dinero y la gente lo paga con más días de cárcel. Sin duda ninguna, se está produciendo, por efectos de la crisis, una criminalización progresiva de la pobreza”.

El juez Eurico Reis afirmaba hace poco al semanario Expresso, que a pesar de la disminución general de la criminalidad, hay un delito que sí ha subido: “Hoy hay más personas que cometen robos o hurtos por no tener otra manera de dar de comer a sus hijos”.

Eso lo sabe bien José Brites, El director de O Companheiro, una institución pegada a la realidad explosiva del barrio y de la calle. Brites cuenta que cada vez necesitan dar más comidas a la gente de la zona que ya no tiene con qué llenar la nevera, que a veces se encuentra con casos difíciles de soportar: “Hace meses tuvimos que ocuparnos de una anciana de 70 años a la que habían pillado robando un filete en un supermercado para comer. No la condenaron a la cárcel, claro. Nos la enviaron para que cumpliera su pena con trabajos a la comunidad. Se puso a cocinar para los demás”, recuerda.