Una huelga ciudadana paraliza la sede del Gobierno en La Paz
Los bolivianos protestan por los recortes de presupuesto que, a raíz del censo, sufrirá la ciudad
La huelga ciudadana de repudio a los resultados del censo de población y vivienda 2012, respaldada por el Ayuntamiento, ha paralizado La Paz ante las vanas protestas de las autoridades gubernamentales, que consideran la medida como un “ataque organizado contra el pueblo” desde la Alcaldía administrada por su exaliado, el Movimiento Sin Miedo.
Desde la madrugada se instalaron decenas de puntos para cerrar el paso de los vehículos en todas las zonas de la ciudad así como en las salidas, lo que también se ha derivado en la suspensión de servicios de transporte a otros municipios, provincias y departamentos del país.
Los esfuerzos de la Policía para dejar expedita la ruta troncal y los accesos estratégicos de la ciudad no tuvieron éxito pese al uso de gases lacrimógenos y la presencia de carros de agua. Poco después de que los uniformados lograran despejar un punto de bloqueo, los ciudadanos retomaban el mismo o instalaban otro a cierta distancia, como reflejaron las cámaras de televisión.
Ha sido un paro contundente, según el balance preliminar del medio día formulado por los líderes de la Asamblea de la Paceñidad, que -en agosto pasado- determinó efectuar la huelga este miércoles 11 como protesta ante los recortes de presupuesto que, a raíz del censo, sufrirá la ciudad en la próxima década.
Las autoridades gubernamentales advirtieron que la huelga es ilegal y no cuenta con argumentos sólidos. Explicaron que la pérdida de habitantes –en realidad la diferencia entre las cifras preliminares y las definitivas entregadas en un lapso de seis meses por el Gobierno- se debe más bien a la ausencia de políticas desde la Alcaldía para impedir la migración hacia otras ciudades o al exterior en busca de mejores condiciones de vida.
El ministro del Interior, Carlos Romero, ha asegurado durante una conferencia de prensa al inicio de la jornada que se trata de “un ataque organizado, montado desde la Alcaldía, contra el pueblo” al denunciar que, con el apoyo obligado de funcionarios municipales, se dispuso el uso de maquinaria de la institución “para trasladar alambres, palos, tierra a los puntos de bloqueo”.
Según los datos de los organizadores de la protesta, difundidas en La Paz por la cadena radial de Erbol, participan miembros de 620 juntas vecinales de todos los distritos de esta ciudad, 300 colectivos del sector gremial además de la universidad estatal para expresar su rechazo a los resultados del censo, que en su día desató una fuerte polémica en todo el país, que reflejan la pérdidas de casi 30.000 habitantes y la asignación de menores recursos para el municipio.
Las organizaciones afines al Gobierno condenaron la huelga debido a las pérdidas económicas. El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Rodolfo Machaca, ha lamentado que “el paro cívico sea contra los pobres”, muchos de los que se van a otras ciudades en busca de trabajo.
El gobernador de La Paz, César Cocarico, deplora que los intereses políticos de un partido ocasionen importantes pérdidas económicas para los ciudadanos. “Es un paro injustificado. Es un paro político que responde a los intereses del Movimiento Sin Miedo, con fines electorales”.
En enero de este año el presidente Morales adelantó las cifras preliminares del Censo 2012, diferentes a las definitivas ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadística en julio pasado. El presidente admitió que fue un error adelantar cifras ante el creciente descontento de casi todos los departamentos del país, pues han visto la merma no solamente en población sino en las asignaciones de recursos económicos y, aunque no se ha definido aún, la posible pérdida de escaños parlamentarios en función de la cantidad de electores.
Los contenidos del censo, así como los procedimientos, son ahora objeto de revisión en comisiones técnicas del Centro Latinoamericano de Demografía (Celade)
