OPINIÓN

Tres contratos

El anuncio de Holanda de la sustitución del Estado de bienestar por una “sociedad participativa” puede ser la noticia del año

El anuncio del Gobierno holandés la semana pasada sobre la sustitución del Estado de bienestar por una nada bien definida “sociedad participativa” está en la parrilla de salida para constituir la noticia del año. Sin duda que el titular ha sido algo grueso ya que la lectura del discurso ofrece algunos matices importantes. Con todo, la alarma está justificada: si los holandeses, que son un paradigma de riqueza, eficiencia y democracia y se mueven como pez en el agua por la globalización declaran difunto el modelo social europeo, ¿qué esperanza nos queda a los que vivimos en países con modelos económicos fallidos, sistemas políticos disfuncionales y sociedades mucho más cerradas al exterior? ¿Cómo no sumirse en la depresión si se nos dice que el inmenso destrozo causado por las políticas de austeridad no va a servir para hacer sostenible aquello que mejor nos define ante el mundo y que consideramos que es la aspiración lógica y natural de cualquier individuo y colectivo? ¿Significa eso que Europa ya no progresará más, que ha tocado techo y, a partir, de ahora, retrocederá?

Una sociedad se sostiene sobre tres contratos. El primero es el contrato intergeneracional: gracias a él, los que trabajan sostienen a los dependientes, mayores y menores. Aunque a veces se olvide, las pensiones no se pagan con el ahorro generado por los pensionistas mientras trabajaban, sino con los impuestos de los que están trabajando. Esa transferencia masiva de renta entre generaciones (que representará 121.000 millones de euros en España en 2013, el 12% del PIB), es aceptada por la sociedad sin cuestionamiento alguno. Los mayores, como gustan de decir los políticos, son “nuestros” mayores, apuntando a la fortaleza del vínculo identitario y social subyacente en la política de pensiones. Un sistema de pensiones basado al 100% en la capitalización, en el que la pensión simplemente significara la recuperación del ahorro privado que cada individuo ha logrado acumular a lo largo de su vida laboral implicaría un cambio radical en nuestro modelo político, económico y social.

El segundo contrato es el interclasista. Subyacente también a nuestra convivencia está la aceptación de transferencias de renta desde las clases sociales más favorecidas a las menos pudientes. Los impuestos progresivos, que también aceptamos con naturalidad, son la mejor prueba de ese contrato. ¿Por qué tiene que pagar más quien más tiene? ¿No sería más justo que todos pagaran el mismo porcentaje? Es un planteamiento frecuente entre los libertarios estadounidenses, partidarios de un Estado mínimo que sólo garantice la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos (con la ayuda de ciudadanos armados, claro está). Pero en la Europa del bienestar ningún partido se atrevería a presentarse a unas elecciones con un programa que propusiera suprimir los impuestos progresivos y, por tanto, las políticas de igualdad de oportunidades (desde la educación hasta la salud) que garantizan (al menos en teoría) que no sea la cuna o la extracción social, sino el mérito, lo que determine la posición de los individuos en la sociedad.

El tercer contrato es el interterritorial. Todo Estado tiene territorios más ricos y más pobres, y no acepta como un orden natural de las cosas que existan y se perpetúen diferencias de riqueza relativa entre sus territorios. Independientemente del debate sobre las causas de esas disparidades y los métodos para atajarlas, el consenso es que hay que corregirlas mediante transferencias de renta de las regiones más ricas a las más pobres y que sin cohesión territorial es imposible mantener la estabilidad y unidad de un país.

Esos tres contratos expresan, como los estadounidenses gustan de decir, el modo europeo de vida. En Europa, la democracia europea es producto de un gran pacto entre capital y trabajo que se sustancia en, precisamente, la aceptación de una economía basada en la iniciativa privada a cambio de un Estado social redistribuidor a lo largo de esas tres dimensiones. Los límites de ese Estado se pueden recortar o rehacer, pero no deshacer sin provocar un cataclismo social. Sin solidaridad intergeneracional, igualdad de oportunidades y cohesión territorial, nuestras sociedades dejarían de existir como tal.

Algunos, como el Gobierno holandés, piensan que es imprescindible que algunos elementos del bienestar se devuelvan a los ciudadanos mientras que otros se descentralicen a las administraciones locales, aliviando así al Estado de una carga que entienden excesiva. Y a la vez, están abanderando el proceso de repatriación de competencias desde la UE al ámbito nacional. Pero lo sorprendente de este debate es que soslaye una alternativa muy evidente: que la única manera de mantener ese triple contrato vivo sea elevar progresivamente esas tareas al ámbito europeo y reconstruir allí el Estado del bienestar. Claro que no es un camino fácil, pero tirar la toalla, cavar trincheras nacionales y parapetarse detrás de ellas no parece la mejor manera de ganar el futuro.

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