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México avanza hacia la pensión universal para mayores de 65 años

La Cámara de Diputados aprueba el seguro de desempleo pero sin especificar cómo se financiará

Inés Santaeulalia
Enrique Peña Nieto en la Cumbre de Negocios de Guadalajara.
Enrique Peña Nieto en la Cumbre de Negocios de Guadalajara.Ulises Ruiz (EFE)

Dos de los pilares sociales de la reforma hacendaria presentada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, han dado su primer paso en el Congreso. Los diputados han aprobado elevar a rango constitucional el acceso a la pensión universal para los adultos mayores y el seguro de desempleo. Estas medidas pretenden animar a los trabajadores a no caer en la informalidad (en la que actualmente trabajan el 59% de los mexicanos, ajenos al sistema de impuestos) y paliar la situación de pobreza en la vejez, que afecta al 43% de la población mayor de 60 años, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Las dos medidas están incluidas en la reforma hacendaria, cuyo paquete fiscal se discute estos días en el Senado después de su aprobación en la Cámara de Diputados la semana pasada. La Ley de la Pensión Universal propone que los beneficiarios reciban entre 580 pesos al mes (45 dólares) y los 1.092 pesos al mes (85 dólares). Según datos del INEGI, en México hay 10,9 millones de personas mayores de 60 años (rango de edad que usa en Instituto), pero hoy en día solo el 52,6% de los adultos de más de 65 años reciben algún tipo de pensión, informó el Banco Interamericano de Desarrollo esta semana.

La Ley de Pensión Universal, aprobada con 417 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones, reforma tres artículos de la Constitución y recibirá un presupuesto en 2014 de 45.225 millones de pesos (unos 3.500 millones de dólares).

El Seguro de Desempleo era otra de las materias pendientes de México. La medida pretende acabar con la realidad de que México es el único país de los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sin este tipo de prestación. Los diputados aprobaron este jueves la propuesta del presidente pero rechazaron el sistema de financiación de Peña Nieto. La medida inicial pretendía que del 5% del sueldo de los trabajadores que actualmente se destina a aportaciones para la vivienda se destinaran dos puntos porcentuales a financiar el nuevo seguro. Los diputados han considerado que de ese modo no sería una prestación del Gobierno, sino que recaería sobre los propios trabajadores. La ley ha salido adelante finalmente sin especificar de dónde se sacará el presupuesto necesario para cumplir con la prestación, lo que deberá dirimirse en el posterior desarrollo de la ley.

En México la tasa de desempleo se situó en septiembre en el 5,29% y afecta a unos 2,8 millones de personas. La medida, además de cubrir las necesidades de quienes pierden su puesto de trabajo, pretende ser un incentivo para incorporar al sistema formal a los 28 millones de personas que viven de la informalidad sin ningún tipo de seguridad jurídica ni sujetos al pago de impuestos. Aumentar el número de personas con un empleo en el sector formal, que en la actualidad es de 49,6 millones, es uno de los principales retos del país.

El Senado limita los gastos del Gobierno

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Las dos leyes sociales llegarán ahora al Senado para someterse a votación. La Cámara Baja ya discute estos días contrarreloj el paquete fiscal de la reforma hacendaria, cuya fecha límite de aprobación es el 31 de octubre. Esta madrugada, los senadores aprobaron en comisiones medidas de transparencia (que tendrá que avalar el Pleno el lunes), una exigencia del partido de la izquierda PRD para apoyar la reforma. El senador perredista Armando Ríos Píter ya advirtió en una entrevista con EL PAÍS que su partido no apoyaría la reforma si no incluía "principios de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas". El acuerdo incluye limitar la compra de automóviles o racionalizar gastos en telefonía y combustibles.

La medida supone una modificación al texto que envió la semana pasada la Cámara de Diputados y que se aprobó tras un acuerdo entre el partido del Gobierno (PRI) y los perredistas. Aunque parecía que la alianza sellada entre los diputados se mantendría en el Senado y la reforma saldría adelante sin demasiados problemas, la izquierda ha preferido sacar rédito de sus votos ya que el PRI no cuenta con los avales suficientes.

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Sobre la firma

Inés Santaeulalia
Es la jefa de la oficina de EL PAÍS para Colombia, Venezuela y la región andina. Comenzó su carrera en el periódico en el año 2011 en México, desde donde formó parte del equipo que fundó EL PAÍS América. En Madrid ha trabajado para las secciones de Nacional, Internacional y como portadista de la web.

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