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Las ‘artísticas’ listas negras de la dictadura argentina

Los documentos incluyen en sus páginas a intelectuales y figuras de la cultura considerados peligrosos por el régimen, como Julio Cortázar, Héctor Alterio y Mercedes Sosa

Parte de la documentación encontrada en el edificio Cóndor, de Buenos Aires.

Listas negras que incluían a Julio Cortázar, María Elena Walsh, Héctor Alterio, Federico Luppi y Mercedes Sosa, planes para perpetuarse en el poder hasta el siglo XXI, órdenes para cambiar de manos la única fábrica argentina de papel para periódicos, instrucciones para contestar las preguntas de los organismos internacionales sobre las personas desaparecidas, la reclamación formal de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, por el paradero de sus dos hijos secuestrados. Todo eso y mucho más figuran en unos 1.500 archivos secretos de la última dictadura militar de Argentina (1976-1983) que halló personal de la Fuerza Aérea de este país el pasado viernes y cuyo descubrimiento fue anunciado este lunes por el ministro de Defensa, Agustín Rossi.

Los documentos incluyen 200 actas originales de la Junta Militar que asoló Argentina y que datan desde el 24 de marzo de 1976, día del golpe de Estado contra el Gobierno de Isabel Perón (1974-1976), hasta el 10 de diciembre de 1983, cuando hace casi 30 años volvió la democracia con el inicio de la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989). El material se encontraba ordenado de forma cronológica y temática en un subsuelo del edificio central del Ejército del Aire y fue el jefe de esta fuerza, Mario Callejo, quien lo halló, según el ministro Rossi. "La justicia decidirá si esta documentación que hemos encontrado tiene, además de valor histórico, valor jurídico para las distintas causas que se están llevando (a cabo) en los distintos estrados judiciales de Argentina", añadió el integrante del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de excedencia por motivos de salud hasta el próximo viernes.

"Es la primera vez que tenemos acceso a una documentación que ocupa todo el período (del régimen)", destacó Rossi. El último dictador militar de Argentina, Reynaldo Bignone (1982-1983), había ordenado la destrucción de todos los documentos del régimen, en un intento por ocultar los crímenes ante el regreso de la democracia y ante el temor a juicios que finalmente los asesinos y torturados no han podido esquivar. El ministro dijo que los archivos evidencian "el sustento doctrinario e ideológico" de la dictadura. Los documentos demuestran que “los planes de gobierno de la Junta constaban de dos partes: la fundacional, que llegaba hasta los 90, y la segunda, o nueva república, en la que pensaban llegar hasta 2000".

Entre los materiales encontrados figuran listas de artistas y periodistas considerados peligrosos para el régimen. Allí estaban los escritores Cortázar y María Elena Walsh, los actores Norma Aleandro, Alterio, Luppi y Norman Briski, el periodista Osvaldo Bayer y los músicos Sosa, Horacio Guaraní, Víctor Heredia, Osvaldo Pugliese y Marilina Ross.

Unas 13 actas originales se refieren a la venta de la empresa Papel Prensa de la familia Graiver, cuyos miembros fueron detenidos y torturados por el régimen, a los periódicos Clarín, La Nación y La Razón en 1976. Rossi dijo que esos papeles confirman que “la detención de la familia Graiver estaba directamente relacionada a la venta". El Gobierno de Fernández denunció en 2010 a los accionistas de esos tres diarios de apropiarse de Papel Prensa gracias a los tormentos a los que fueron sometidos sus antiguos dueños, una imputación que fue negada por los acusados y que aún no ha prosperado en la justicia. Los archivos también se refieren al apoyo económico de la banca al régimen.

Los documentos también "hablan de qué explicación" había que dar "a la sociedad” sobre los desaparecidos, que en plena dictadura se calculaban en 30.000. “Hay información elaborada sobre los requerimientos de los organismos internacionales por los desaparecidos”, añadió Rossi. A partir de un viaje de integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1979 comenzó la presión externa sobre la dictadura argentina.

También ha quedado constancia de las peticiones de Bonafini en búsqueda de sus hijos. "Encontramos tres libros originales de la mesa de entrada (de las oficinas públicas). Cualquier comunicación que se quisiera hacer a la Junta Militar quedaba asentada en ese lugar. Figura, por ejemplo, la solicitud de Hebe (de Bonafini) por la aparición de sus hijos”, comentó el ministro.

Unos 12 empleados del Ministerio de Defensa revisaron desde el pasado viernes los documentos, los clasificaron y los pusieron a resguardo. En los próximos seis meses continuará su estudio en el Ejecutivo y serán enviados a los tribunales correspondientes. Desde 2006, cuando se derogaron las leyes de impunidad en el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), hasta principios de 2013 se habían dictado 91 sentencias contra criminales del régimen. Unas 2.071 personas han estado acusadas en los diversos juicios. De ellas, unas 370 han sido condenadas y 35, absueltas, según la estadística del Centro de Estudios Legales y Sociales.

Este lunes comenzó un juicio emblemático contra los homicidas del régimen, el que investiga el asesinato del obispo de La Rioja (noroeste de Argentina), Enrique Angelelli, en 1976. Angelelli, una especie de Óscar Romero argentino que se comprometió mucho con su pueblo y sus carencias sociales, murió en un choque de su automóvil en la carretera. La dictadura intentó que pareciera un accidente y como tal lo aceptó en su momento la jerarquía eclesiástica. Pero el entonces sacerdote que lo acompañaba en el coche denunció más tarde que otro vehículo los había embestido y se sospecha que el prelado fue rematado de un culatazo. En 1986, un año después de la condena a las autoridades máximas de la Junta Militar, se abrió una causa por el crimen, al poco tiempo se cerró por las leyes de impunidad que ese año y en 1987 beneficiaron a mandos medios y bajos, pero en los últimos años ha revivido y el exdictador Jorge Videla (1976-1981) fue acusado antes de morir en mayo pasado. El juicio que se inició en La Rioja tiene como imputados a dos militares ya condenados por otros delitos, el general Luciano Menéndez y el comodoro Luis Estrella. Ambos fueron condenados en 2012 por el crimen de dos sacerdotes de la diócesis de Angelelli, Carlos Murias y Gabriel Longueville. En 2005, el entonces arzobispo de Buenos Aires y actual papa Francisco, Jorge Bergoglio, encabezó la reivindicación de la memoria de Angelelli al calificarlo de "mártir" en una misa de homenaje.