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El Supremo de EE UU debate la legalidad de las oraciones en actos públicos

El alto tribunal aborda el papel de la religión en la Administración y si las invocaciones y rezos al comienzo de eventos gubernamentales viola la separación Iglesia-Estado

Una manifestante a favor de la separación Iglesia-Estado a las afueras del Supremo de EE UU.
Una manifestante a favor de la separación Iglesia-Estado a las afueras del Supremo de EE UU. REUTERS

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha abordado este miércoles la constitucionalidad de las oraciones e invocaciones religiosas al inicio de actos y reuniones gubernamentales o legislativas. La presencia de la religión en las actividades del Gobierno y la posible vulneración de la Primer Enmienda, que garantiza la separación Iglesia-Estado, es una cuestión polémica que divide a los ciudadanos de este país y que no es nueva para los nueve jueces que integran este tribunal, que ya legislaron sobre este asunto hace 30 años.

Entonces, un senador de Nebraska denunció que abrir las sesiones legislativas de su Estado con un rezo era inconstitucional porque la religión no debía inmiscuirse en asuntos estrictamente políticos. El Supremo determinó que las invocaciones “estaban profundamente arraigadas a la historia y la tradición de este país, desde la época de las colonias” y que, por tanto, no violaban la Primera Enmienda. Ese argumento es que ha invocado este miércoles la defensa de la localidad neoyorquina de Greece, que fue denunciada por dos de sus residentes, Susan Galloway, judía, y Linda Stephens, atea, por dar comienzo a todas las sesiones en el Ayuntamiento con oraciones cristianas, una circunstancia que ellas consideran “coactiva y aislacionista”, de acuerdo con sus abogados. Las mujeres perdieron el caso en primera instancia, pero, después, un juzgado de Apelaciones dictaminó que las plegarias de Greece debían incluir a otros credos. El recurso a ese fallo es el que se ha discutido este miércoles ante el Senado.

La decisión que adopten los magistrados en junio podría sentar un precedente sobre el papel de la religión dentro de los actos y eventos públicos en la nación con mayor diversidad religiosa del mundo. La Oficina del Censo establece que el 63% de la población declara pertenecer a una iglesia, una cifra que ha permanecido inalterada desde 1960, y varias encuestas citadas por la Unión Americana de Libertades Civiles coinciden en que el 90% profesa una creencia religiosa. Las oraciones al comienzo de audiencias o de sesiones en instituciones públicas o eventos políticos son una práctica casi indisoluble de los mismas.

El propio Tribunal Supremo abre sus sesiones con la invocación: Dios salve a los EE UU ya su honorable corte”. Cada mañana, en el Capitolio, los capellanes de cada una de sus cámaras comienzan las reuniones con una plegaria. Durante el cierre de la Administración a comienzos de septiembre, el capellán del Senado, Barry Black, llamó la atención de todos los medios por sus preces instando a la cordura de los políticos para que pusieran fin a la parálisis. “Sálvanos de la locura”, solía terminar sus oraciones.

Las implicaciones del caso que se ha presentado ante el Supremo estadounidense son tan significativas que hasta la Casa Blanca ha remitido una “petición amistosa” a los magistrados en la que solicita que apoyen a la ciudad de Greece en este asunto, en una rara alianza con organizaciones religiosas y extremistas que también han respaldado la causa de la localidad neoyorquina. Del otro lado se encuentra grupos progresistas a favor de la separación Iglesia-Estado.

En el caso concreto que se debate en el alto tribunal de EE UU lo que se pide no es tanto que se eliminen las plegarias al comienzo de actos públicos sino que éstas no sean proselitistas, sobre todo cuando se trata de eventos de obligada asistencia, como denunciaban Galloway y Stephens como los del Ayuntamiento de Greece. La neutralidad de las invocaciones en el caso de Nebraska de 1983, fue uno de los argumentos que el Supremo abrazó en su fallo y esa neutralidad es la que se pide a los capellanes del Congreso que “deben tener en cuenta que está integrado por miembros que siguen distinta fe y tradiciones”, ha recordado el magistrado Stephen Breyer.

A tenor de sus preguntas y comentarios, los jueces no han parecido seducidos por los alegatos de ninguna de las dos partes. El presidente del tribunal, John G. Roberts, se ha mostrado escéptico ante el argumento de las demandadas de que sea el Gobierno quien determine qué oraciones son aceptables y cuáles no, por considerar que podría plantear “problemas de censura”, pero tampoco se ha mostrado satisfecho con los de la parte demandante, que ha basado todos sus argumentos en el sentido del fallo que hace 30 años adoptó este mismo tribunal. “Su argumento, entonces, sólo se sustenta en que hay que permitir las oraciones porque siempre se ha hecho así”, ha señalado el juez Anthonny Kennedy en alusión al argumento de la tradición.

En este caso los jueces deberán examinar tanto el contenido de las plegarias como el contexto de las reuniones en las que se pronuncian, una tarea con la que el Supremo no parece sentirse a gusto, a tenor de las declaraciones de la juez Elena Kagan. “Cada vez que el tribunal se implica en estos asuntos, las cosas empeoran en lugar de aclararse”. Si los magistrados apoyaran la decisión del juzgado de Apelaciones, el caso volvería al de primera instancia que es quien debería dictaminar cómo se llevan a cabo las oraciones en el Ayuntamiento de Greene.