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Lázaro Cárdenas: tocado, no hundido

El lunes pasado el Ejército mexicano se hizo con el control de esta zona de Michoacán

Paula Chouza
El operativo de militares durante la toma de control de la vigilancia del puerto de Lázaro Cárdenas el lunes día 4 de noviembre.
El operativo de militares durante la toma de control de la vigilancia del puerto de Lázaro Cárdenas el lunes día 4 de noviembre.efe

Cuando fue construido hace 35 años, el Puerto Lázaro Cárdenas, al suroeste del Pacífico mexicano, estaba destinado a ser el corazón económico de Michoacán. “Morelia, la capital del Estado, nunca tuvo control sobre la zona, impulsada siempre por el Gobierno federal”, comenta un reconocido investigador mexicano. Aunque la construcción del puerto es posterior, fue el general Lázaro Cárdenas, presidente de México entre 1934 y 1940, quien inventó la ciudad para desarrollar la industria siderúrgica en la región. Desde hace más de ocho años y hasta el lunes pasado, el puerto, “el más importante en cuanto a volumen de carga general, el segundo en manejo de contenedores y el tercero respecto a la mercancía que se importa y exporta desde México”, según dijo el Gobierno de Peña Nieto esta semana, era territorio secuestrado. Por su valor estratégico, en 2006 los cárteles de la droga – La Familia Michoacana, primero, y Los Caballeros Templarios, después- tomaron el control de la actividad en el área permitiendo el tráfico ilegal de sustancias –cocaína desde el sur y precursores de las metanfetaminas venidas de Asia-. Según publicaba el martes el diario Milenio, los criminales optaron por asentar en Lázaro Cárdenas sus actividades ilegales que “combinaban con el lavado de dinero a través de actividades legales” tan diversas como la adquisición y venta de inmuebles, compra y venta de ganado o importación de ropa china, por citar algunas.

“Todo el mundo sabía lo que pasaba allí, el CISEN [Centro de Investigación y Seguridad Nacional] también, pero durante años no se hizo gran cosa, se dejó correr”, comenta de nuevo el analista. El lunes pasado, el Ejército entró en el puerto, desarmó a 113 agentes de la policía municipal y tomó el control de la zona. “La intervención estaba cantada desde hace meses”, agrega. Mercado ilegal de sustancias al margen, lo que reveló la toma de Lázaro Cárdenas fue una trama de extorsión de terribles dimensiones contra cualquier negocio que operaba en el Puerto, llegando a cobrar cuotas de hasta el 10% de la producción de cada empresa. “Lo que asombra es que el hallazgo de este negocio ilegal de proporciones incalculables no se dio de la noche a la mañana. Es un fenómeno que se fue fraguando a lo largo de estos años; de las tres décadas desde que se construyó y fundó este puerto con la esperanza de impulsar el desarrollo de la región”, describía este miércoles el periodista Ricardo Rocha en el diario El Universal.

Sin embargo, la extorsión es común en los municipios de Tierra Caliente donde reinan los templarios. Los habitantes de esta región económica que comprende pueblos de Michoacán y Guerrero, viven fundamentalmente de la ganadería y del cultivo de algunas frutas, especialmente el limón. Por su orografía, que complica el acceso, la sierra es un escondite perfecto para los cárteles. El pasado mes de febrero más de 30 comunidades se levantaron en armas. Los llamados grupos de autodefensa, civiles que decidieron tomar la justicia por su mano ante el abuso del crimen organizado, marcharon el 26 de octubre hasta la ciudad de Apatzingán, la más grande de la región con casi 100.000 habitantes, para tratar de sacar del pueblo a los criminales. Un ataque con granadas y varios disparos en la plaza central del pueblo fue el primero de los enfrentamientos armados que han sumido a Michoacán en su más reciente crisis de violencia. El suceso de aquel sábado explica la toma de Lázaro Cárdenas. “Fue una medida reactiva”, dice el investigador Alejandro Hope, “qué bueno que se hizo, pero con eso no basta. No se desmantela a los Templarios, solo se dificulta su actividad. Tampoco se soluciona el problema de las guardias comunitarias ni la crisis política que vive la entidad [el gobernador Fausto Vallejo acaba de regresar tras cinco meses de ausencia por una enfermedad cuya naturaleza se desconoce]”.

“El puerto de Lázaro Cárdenas constituye un factor fundamental para el comercio exterior de nuestro país”, apuntaba el Gobierno federal el lunes. A través de este, se importan y exportan principalmente minerales, productos agrícolas, vehículos y fluidos, con países asiáticos y de América Latina. “Las operaciones aduaneras que ahí se realizan tienen relevancia estratégica para el Servicio de Administración Tributaria. En lo que va del año, se han realizado 91.296 operaciones de comercio exterior. El valor de las importaciones asciende a poco más de 121.825 millones de pesos (9.205 millones de dólares) y el de las exportaciones, 43.182 millones de pesos (3.263 millones de dólares)”. Según el Ejecutivo, el recinto acoge diariamente operaciones comerciales con 41 empresas privadas y entidades públicas como PEMEX o la Comisión Federal de Electricidad. Por todo ello, resulta difícil entender cómo un puerto de semejante envergadura, en un país miembro de la OCDE que ocupa el 14° puesto en la lista de los más ricos, pudo estar secuestrado durante casi una década sin que nadie interviniese.

“Hubo complicidades”, dice Hope. “El gobierno local estaba capturado por el crimen, se dieron complicidades por una parte del Ejecutivo estatal y también por las agencias federales, ya fuera por intimidación o corrupción. Por ejemplo, Aduanas nunca terminó de depurarse”. La familia de Leonel Godoy, gobernador de Michoacán entre 2008 y 2012, es originaria de Lázaro Cárdenas. Su medio hermano, Julio César Godoy Toscano, hoy prófugo de la justicia tras haber sido acusado de sus nexos con el narcotráfico, fue presidente municipal en 2009 y ese mismo año, postulado a diputado federal, algo impensable en ningún Estadod e la República si no hubiese contado con el apoyo del gobernador -su hermano-, del mismo partido, el izquierdista PRD.

Recientemente, Luisa María Calderón, senadora del PAN, excandidata a la gubernatura del Estado en las últimas elecciones y hermana del anterior presidente de la República, FelipeCalderón (2006-2012), vinculaba en entrevista con EL PAÍS a las instituciones políticas y a la ciudad de Apatzingán con el crimen organizado: “El alcalde es primo del Chayo [Nazario Moreno González, líder del cártel de La Familia Michoacana dado por muerto en 2010], la tesorera era esposa del Chango [José de Jesús Méndez Vargas, cabecilla del mismo grupo criminal], ahí están sus casas, su familia, ahí tienen armamento guardado, ahí se abastecen de gasolina”.

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Este mismo miércoles la Policía Federal anunció la detención de Leopoldo Jaime Valladares, hermano de José Guadalupe Jaime Valladares, expresidente municipal interino de Apatzingán. Se le acusa de ser posible responsable de los delitos de portación de arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas, extorsión, robo de vehículo y se investiga su participación en los ataques contra de instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad ocurridos en la madrugada del domingo 27 de octubre, que dejaron a cientos de miles de personas sin energía eléctrica.

Mientras, el Gobierno federal anuncia una presencia “indefinida” en el puerto de Lázaro Cárdenas. “La efectividad de la medida dependerá del tiempo que dure y de lo que se haga en el entorno”, concluye Hope. “Debemos preguntarnos: ¿y después de esto qué?, ¿cómo se van a adaptar los criminales?”.

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Sobre la firma

Paula Chouza
Periodista de Política en EL PAÍS. Participó en el lanzamiento de EL PAÍS América en México. Trabajó en el Ayuntamiento de A Coruña y fue becaria del Congreso de los Diputados, CRTVG o Cadena SER. Es licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela, Máster en Marketing Político y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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