TRIBUNA

El Tribunal de las Américas retrocede en la libre expresión

En el caso Mémoli sobre la condena penal contra un periodista tras denunciar evidentes manejos irregulares de bienes públicos se dictó un fallo lamentable

De un plumazo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos presidida por Diego García-Sayán acaba de poner en jaque la libertad de expresión y el respeto de garantías penales básicas. En una región donde la debilidad institucional es la norma, este gravísimo retroceso no sólo vulnera derechos y libertades fundamentales, sino también dificulta la lucha contra la corrupción, una batalla que seguimos perdiendo.

En una reciente sentencia --adoptada por una estrecha mayoría-- la Corte revierte importantísimos precedentes que defendió durante años. Los valiosos votos salvados de tres de los siete jueces ponen de manifiesto las profundas discrepancias que felizmente subsisten en la Corte.

El lamentable fallo se dictó en el caso Mémoli v. Argentina, que trata sobre la condena penal contra un periodista tras denunciar evidentes manejos irregulares de bienes públicos. Pablo Mémoli, director de un periódico en una pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires, denunció que una sociedad privada había vendido bienes públicos pertenecientes a la municipalidad. Gracias a la denuncia, la justicia intervino, los afectados se enteraron que los contratos de compraventa eran inválidos y recuperaron su dinero. Sorprendentemente, el juez que invalidó los contratos decidió que los directivos de la sociedad habían actuado sin conocimiento de que no podían vender bienes públicos que no les pertenecían.

Curiosamente, los únicos condenados por estos hechos fueron quienes los denunciaron. Mémoli fue condenado por injurias a cinco meses de prisión. Su padre, quien era miembro de la sociedad y había denunciado los hechos ante las autoridades competentes, a un mes de prisión. Como si fuera poco, a raíz de la condena penal, los Mémoli están hace más de 16 años con sus bienes embargados y procesados civilmente.

En 2008, la Corte Interamericana decidió (caso Kimel v. Argentina) que el delito de injurias en ese país era incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para la Corte, la definición del delito era ambigua y violaba el principio de legalidad, que obliga a tipificar conductas ilícitas en términos precisos. Producto de esta sentencia, en 2009 Argentina despenalizó las calumnias e injurias cuando las expresiones ofensivas se refieren a asuntos de interés público.

La Corte, al conocer este caso, debió exigir que los Mémoli -- condenados por un delito inexistente hoy día en Argentina -- se beneficiaran del principio que supone la aplicación de la ley más favorable al acusado de cometer un delito. Sin embargo, sin ninguna explicación razonable y contrariando su jurisprudencia, la Corte da marcha atrás y convalida la condena penal y todos sus efectos.

El derecho a la libertad de expresión --aspecto central del caso-- fue redefinido por la Corte en términos que palidecen frente a sus precedentes. Por ejemplo, para esta mayoría de jueces, los malos manejos de bienes públicos no constituyen una cuestión de interés público; o, quizás aún más grave, a partir de ahora el delito de opinión cuenta con la bendición del máximo tribunal de derechos humanos del continente. Los cuatro jueces ni siquiera se preguntaron si las denuncias de los Mémoli eran veraces, cuando según su jurisprudencia es una causal justificativa de expresiones que puedan ser "ofensivas". Para la Corte, no se violó la libertad de expresión y el periodista no merecía amparo.

Catalina Botero, Relatora para la Libertad de Expresión de la OEA, alegó en audiencia ante la Corte que la condena de los Mémoli "ha generado inhibición e inseguridad jurídica" y también sostuvo que esto afecta a "cientos de periodistas regionales que se encuentran en la mayor indefensión".

Afortunadamente -- quizás porque no era objeto de este litigio -- la jurisprudencia interamericana que protege las expresiones críticas sobre funcionarios públicos y aquella sobre la despenalización del desacato sigue en pie.

Es muy triste que la Corte García-Sayán haya tirado por la borda jurisprudencia construida con el sacrificio de muchos que se han arriesgado para limitar los abusos de las autoridades y de quienes manejan asuntos de interés público. En este continente, donde es habitual que quienes pueden hacerlo intimiden a los jueces, la Corte ha privado a la región de una herramienta clave para luchar contra el abuso de poder y la corrupción.

 

Comentar Normas

Para poder comentar debes estar registrado en Eskup y haber iniciado sesión

Darse de alta ¿Por qué darse de alta?

Otras noticias

Últimas noticias

Ver todo el día

La farmacéutica irlandesa Shire ofrece 27.900 millones por Baxalta

Bloomberg Nueva York

El laboratorio lanza una OPA hostil ante la negativa a negociar del grupo estadounidense

Detenido en Alemania un yihadista con residencia legal en España

El País Madrid

El hombre abandonó el país tras la detención de una captadora del EI en Lanzarote

Vitoria abre las ferias de las capitales vascas

Álvaro Suso Vitoria

Los nuevos empresarios han programado carteles con las figuras con la intención de recuperar público en los tendidos

EL PAÍS RECOMIENDA

Paseo por Nueva York con el autor de su icono más popular

El diseñador Milton Glaser cita algunos de sus lugares fetiche en la ciudad

El viaje de Don Quijote.4 | Los académicos de Argamasilla

La cárcel de Medrano es una cueva a la que Cervantes podría volver

Lo más visto en...

» Top 50


Webs de PRISA

cerrar ventana