Ecuador condena a Chevron a una multa millonaria por contaminar

La Corte Nacional de Ecuador impone una indemnización de 6.400 millones de euros por los vertidos de la petrolera estadounidense en la Amazonia

Ampliar foto
Trabajadores de Chevron limpian la zona contaminada en 2007.

La batalla de dos décadas que lleva un grupo de campesinos e indígenas de la Amazonia ecuatoriana contra la petrolera estadounidense Chevron llega a un aparente final. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador, la máxima instancia judicial, ha ratificado la sentencia condenatoria dictada por un juzgado provincial en 2011, pero ha rebajado la sanción de 19.000 millones de dólares (unos 14.000 millones de euros) a 8.646 (6.400 millones de euros) al eliminar la indemnización por daños punitivos, que se había incluido en la instancia inferior, pero que no está contemplada en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

La contaminación en la zona se ha cobrado más de un millar de vidas —se estima que 1.400— por enfermedades derivadas de los vertidos de Texaco durante las prácticas extractivas que desarrolló en la región entre 1964 y 1992. Muchos indígenas y agricultores siguen afectados por secuelas que incluyen defectos de nacimiento y distintos tipos de cáncer.

Pese a la reducción de la sanción económica, la más alta jamás aplicada a una petrolera por un delito medioambiental, Chevron arremetió contra el fallo de la corte ecuatoriana. “La sentencia es tan ilegítima e inejecutable hoy como el día en que fue emitida originalmente hace casi tres años”, señaló a EL PAÍS James Craig, asesor de la compañía para África y América Latina. La sentencia es solo una batalla más en esta guerra entre la multinacional estadounidense y los afectados. Porque estos días, un tribunal de Nueva York dirime si aquella primera condena de 2011 se dictó de manera fraudulenta. Chevron defiende que el abogado que interpuso en 1993 la demanda inicial en nombre de 30.000 indígenas y agricultores de la región de Lago Agrio, en el noroeste de Ecuador, falsificó documentos ambientales y sobornó al juez.

La decisión que adopte el juzgado neoyorquino puede influir sobre otros tribunales extranjeros —en Canadá, Brasil y Argentina— ante los que los demandantes han pedido que se ejecute la resolución multimillonaria ecuatoriana, dado que, como Chevron no tiene ya presencia en Ecuador, no tiene activos que puedan ser embargados para cobrar la indemnización. El fallo de la corte Ecuatoriana permite a los demandantes pedir la ejecución de la sentencia en otros países.

El futuro de la resolución

Soraya Constante

Chevron no posee bienes en Ecuador, con lo cual no procede el embargo en el país sudamericano. Por eso los demandados tienen la expectativa de que la sentencia ecuatoriana sea reconocida en al menos 30 países donde la petrolera estadounidense opera.

Juan Pablo Sáenz, abogado de la Unión de Afectados por Texaco-Chevron, solo ha adelantado que continúan esperando una respuesta de Canadá, Brasil y Argentina, donde ya se ha iniciado el proceso. La sentencia de la Corte Nacional de Justicia, que será efectiva en tres días, ayudará a estos procesos.

Según Sáez, todavía cabe que Chevron interponga un recurso ante la Corte Constitucional de Ecuador, para que esta diga si se ha cumplido o no el debido proceso. Los demandados, por su parte, no interpelarán más porque han llegado a la última instancia dentro de Ecuador. Humbero Piaguaje, de la Unión de Afectados por Texaco-Chevron, ha explicado que el dinero que reciben pasará a un fideicomiso que será administrado a favor de las comunidades afectadas.

El monto subirá un poco más porque la sentencia de la Corte Nacional de Justicia impone el pago del 10% adicional sobre la sanción económica, en virtud de lo que señala la Ley de Gestión Ambiental.

De momento lo que se ha logrado hacer en Ecuador para conseguir parte de la indemnización es el embargo de las marcas de Chevron Corporation. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual en octubre pasado procedió al embargo de 50 marcas de la petrolera, considerados como bienes intangibles, por pedido del juzgado provincial que sentenció a la compañía.

Entre las marcas embargadas están: Havoline, Texaco, Chevron, Meropa, Ursa, Geotex, Doro, Motex y Multigear. Pero según la estimación de los demanddantes, las regalías de apenas representan entre 100 y 300 millones de dólares.

Además del proceso en EE UU, la petrolera ha iniciado otra serie de procesos internacionales para garantizar la nulidad del fallo y la suspensión de la ejecución de la sentencia de 2011. En septiembre de este año, un laudo parcial del Tribunal de Arbitraje de La Haya concluyó que, en virtud de los acuerdos firmados entre Texaco y el Gobierno de Ecuador en los años noventa, la empresa y sus filiales no podían ser objeto de una demanda colectiva en el país o por terceros, como la que interpusieron en Ecuador. En enero está previsto que se emita la segunda parte del laudo sobre la interferencia del Gobierno de Ecuador en el proceso y las irregularidades del mismo que ha denunciado Chevron.

La reducción de la indemnización deja un sabor agridulce entre los afectados. Su representante, Humberto Piaguaje, dijo ayer: “Hemos estado 20 años en esta lucha, buscando derecho a la vida y a la naturaleza. Hoy sentimos que en el Estado ecuatoriano tenemos justicia, pero no nos sentimos del todo satisfechos, porque no se castiga el mal comportamiento de la petrolera, por calificarnos a nosotros, humildes campesinos e indígenas, como un grupo de delincuentes organizados para extorsionar”. Piaguaje dijo que los afectados ascienden a unas 30.000 personas de la Amazonia ecuatoriana. El malestar de estos pueblos está expresado en las 240.000 hojas que componen el juicio iniciado en 1993.

Durante 20 meses se analizó nuevamente el caso en la Corte Nacional de Justicia, debido al pedido de casación de la sentencia que hizo Chevron. Su principal argumento, además del acuerdo de exoneración de responsabilidad que Texaco (empresa comprada por Chevron) firmó con el Gobierno de Ecuador en 1998, es que la compañía salió del país en los noventa e invirtió 30 millones de euros en la reparación de las zonas donde operaron desde 1964.

La contraparte ecuatoriana, sin embargo, ha probado que no hubo ninguna reparación ambiental y que lo único que hicieron fue cubrir con tierra las piscinas de desechos tóxicos. El jurista Eduardo Bermeo, que representó a los demandados en la Corte Nacional de Justicia, explicó que el fallo está bien estructurado. “El mensaje es que el que contamina, paga y el fallo estima que existió una operación que causó daños ambientales y que hubo afectación en todo el entorno de la operación”.

La visita a las piscinas que dejó Texaco es parte del ‘toxic tour’ que organiza el Frente de Defensa de la Amazonía para demostrar los daños que dejó la petrolera estadounidense. La casa de Mercedes Jiménez es parte de este circuito porque en su patio trasero había una piscina de desechos de petróleo que fue cubierta. “Se decía que el petróleo era bueno para el dolor de huesos”, recuerda esta mujer y añade que los recogía en botellas de agua y se lo llevaba a sus amigas.

El Gobierno ecuatoriano ha estado al margen del proceso contra Chevron, pero cuando la petrolera buscó el arbitraje de La Haya y empezó una campaña de desprestigio del país, el presidente Rafael Correa tomó partido. En septiembre lanzó la campaña “La Mano Sucia de Chevron” y su idea es imitar lo que hacía el Frente de Defensa de la Amazonía y atraer a personalidades internacionales para que constaten el daño ambiental.

Justamente esta semana está en Ecuador la activista y periodista estadounidense Antonia Juhasz, reconocida por sus investigaciones en torno a las operaciones petroleras en el mundo. “La visita fue conmovedora y perturbante, estar allí solo unos minutos me produjo malestar en mis ojos, nariz y me produjo dolor de cabeza, tuve una pequeña visión de lo que vive esa gente todos los días, tomar esa agua, bañarse esa agua, vivir en esos campos contaminados..”, dijo a El PAÍS.

Hasta ahora, el proceso abierto en la CNJ eximía a Chevron de cumplir la sentencia millonaria. Tras la decisión de la Corte el fallo ya es firme y allanará el camino a los demandantes para que la puedan ejecutar en aquellos tribunales internacionales donde han presentado acciones de cobro. La petrolera, sin embargo, está peleando la nulidad del fallo en Nueva York, en un proceso cuya resolución se espera en las próximas semanas.

Más información