Un año de cauta esperanza en Colombia

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, consideraba que un año de negociación, o incluso menos, sería suficiente para llegar a un acuerdo con la guerrilla de las FARC, la más numerosa y antigua de América Latina, en guerra contra el Estado desde hace 50 años. Pero las cuentas del mandatario fueron demasiado optimistas. El aniversario se cumple el martes. Gobierno y guerrilleros cerraron una agenda previa de negociación de seis puntos, de los que solo se han logrado en este tiempo acordar dos, y de manera parcial. Están aún sin tocar algunos de los asuntos más espinosos y, además, unas elecciones dentro de siete meses que, visto el ritmo de negociación, parece difícil eludir el solapamiento. A pesar de las incertidumbres que quedan por superar, lo logrado significa, en palabras de los negociadores, una apertura democrática que allana el camino de la paz después del conflicto.

Una de las premisas de estas negociaciones fue que no se conocería el detalle de lo pactado hasta que no hubiera un acuerdo final. No se contemplan acuerdos parciales. Los dos puntos superados hasta ahora son, primero, un pacto de desarrollo agrario; y el segundo, anunciado hace 10 días, la aceptación de una futura participación de las FARC en política una vez desmovilizados. El acuerdo se centra en las garantías a los guerrilleros para ejercer la oposición. Hace 30 años, miles de militantes del partido que acogió a guerrilleros desmovilizados en una negociación con el Gobierno fueron asesinados.

Los colombiano se oponen a que las FARC entren en política

El anuncio del acuerdo de participación política logró darle un respiro al proceso dentro de la opinión pública. Ahora sí, la clase política —a excepción de la oposición del expresidente Álvaro Uribe— piensa que las negociaciones han llegado un punto en el que no hay vuelta atrás, demostrando que hay voluntad de paz y que aquella expresión de “"conversaciones ininterrumpidas"” va en serio. En cuestión de días, el país se contagió de un moderado optimismo, que incluso le valió a Santos recomponer algo su imagen maltrecha.

Los negociadores han dejado para más adelante algo tan espinoso como “"las condiciones particulares"” para el nuevo movimiento que surja si las FARC dejan las armas. Entre otras cosas, está por definir si los jefes guerrilleros podrán participar en política, una discusión que tendrá que definirse a la luz de la justicia.

La otra premisa importante de estas negociaciones era que no habría alto el fuego. Las FARC han seguido atentando y el Gobierno ha atacado sus filas con intensidad. Ahora, esta circunstancia puede afectar a la negociación. Esta semana, cuando el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, desveló un supuesto plan de las FARC para atentar contra el expresidente Álvaro Uribe, el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, afirmó que “"un atentado de esa naturaleza destruiría la viabilidad del proceso"”. En eso coincide León Valencia, columnista de la revista Semana: “"El proceso es irreversible en la dinámica de la mesa de negociación, pero lo que puede echarlo para atrás es que suceda algo catastrófico”". Incluso, este episodio ha puesto en duda la unidad que tienen las FARC frente a la paz.

Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el desarrollo y la paz, Indepaz, afirma que las FARC nunca habían mostrado una actitud de negociación como la que se ha visto ahora. “"Eso no quiere decir que vayan a ceder en todas sus pretensiones, pero es evidente que su estrategia es la negociación”".

Los negociadores de la delegación del Gobierno y de las FARC se sientan de nuevo este lunes a hablar. Sobre la mesa, el tercer punto, la lucha contra el narcotráfico. Se discutirán posibles acuerdos en programas de sustitución de cultivos, prevención del consumo y el narcotráfico. La sustitución de cultivos es un tema en el que el número uno de las FARC, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, aseguró hace pocos días, que las FARC van a contribuir. “"Incluidos programas de prevención del consumo y salud pública, que podrían contemplar su legalización"”, dijo en una de sus páginas web.

Nadie espera, sin embargo, que las FARC reconozcan que tienen vínculos con el narcotráfico. Esta guerrilla insiste en que su relación con el narcotráfico se limita a cobrar lo que ellos llaman un "“impuesto"” en las zonas donde se produce.

Ricardo Vargas, experto en el asunto de las drogas, es escéptico sobre lo que se puede lograr en este punto. "“No veo elementos de juicio, ni del Gobierno ni de las FARC, para decir que van a abordar el tema en toda su complejidad"”. Vargas explica que las FARC controlan territorios que tienen una producción importante, donde además hay laboratorios de procesamiento de cocaína, rutas de salida y control de contrabando.

Pero el problema de las drogas no es el que más preocupa de los puntos que faltan. El verdadero nudo gordiano de estas conversaciones es la justicia: cuánto castigo están dispuestos a aceptar los guerrilleros por décadas de crímenes.

"Un atentado destruiría el proceso", dijo el jefe negociador oficial

Los analistas coinciden en que un pacto de este tipo coloca a Colombia definitivamente a las puertas de la paz. “"Ese es el nudo de toda esta negociación, si va a ver cárcel, si va haber beneficios penales, si solo se va a juzgar a la guerrilla o si también se juzgará a otros que hayan formado parte del conflicto [civiles y militares]"”, opina González Posso. El Gobierno, por su parte, ha insistido en que se guiarán por las normas internacionales. “"El balón, en materia de justicia y víctimas, está en el terreno de las FARC. La pregunta no es qué puede ofrecer el Estado colombiano en esa cuestión… es cómo las FARC asumen el problema de las víctimas, la reparación, la verdad y la garantía de no repetición”", aseguró esta semana De la Calle, el jefe negociador del Gobierno. “"¿Qué tipo de justicia transitoria se va a acordar? ¿El tema de cárcel lo van a obviar y buscar penas alternativas? Eso es clave porque es el punto que permitiría la participación política de las FARC"”, dice Valencia.

Este es el asunto que más debate genera en Colombia. La oposición uribista, a la que se suma el fiscal general, Alejandro Ordóñez, basan sus críticas en que el final de este proceso puede ser una impunidad inasumible. Para Ordóñez, la cúpula de la guerrilla tiene que pagar por sus crímenes y esto los inhabilita para participar en política. La única forma de que la mayoría de los colombianos venzan su resistencia a que las FARC entren en política es que las negociaciones sigan arrojando acuerdos, paso a paso.