Argentina se plantea una reforma policial tras los saqueos

No es la primera vez que Argentina se plantea una reforma policial. En el pasado reciente se han intentado cambios que han quedado truncados. Pero la discusión ha resurgido en las últimas dos semanas tras extenderse a 20 de las 23 provincias del país una huelga policial que dejó las calles libradas al saqueo de 1.900 comercios y la muerte de 11 personas en enfrentamientos entre vecinos de barriadas pobres y comerciantes armados. Mientras la calma ha retornado a casi todo el país después de un fuerte aumento salarial a los policías, el jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, llamó este jueves a un “debate profundo” sobre la reforma policial.

“No podemos estar a expensas de grupos que se apropian de bienes ajenos o generan procesos de extorsión por reivindicaciones salariales”, se quejó Capitanich de los saqueadores y los policías. “Debe existir un debate muy profundo para entender el paradigma de la seguridad pública”, dijo el jefe de Gabinete, que abogó por la descentralización de las policías provinciales y la reforma del sistema carcelario. Uno de los siete magistrados de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, referente para muchos kirchneristas, dijo en una entrevista en el periódico Página/12, cercano al Gobierno de Fernández, que es necesaria una reforma de una policía a la que describió así: “El modelo que viene del siglo XIX es ese: te autonomizo, te dejo recaudar y vos me garantizás gobernabilidad”.

El jefe de la Procuradoría (fiscalía) contra la Violencia Institucional, Abel Córdoba, explica a EL PAÍS que una reforma consistiría en que las distintas policías estén bajo control de los políticos y no de los propios agentes, que se mejore la formación de los uniformados, se abandonen sus estructuras militarizadas, heredadas de la dictadura, y se regule y controle el uso de la fuerza. Las policías argentinas tienen fama de corruptas y represivas.

En las últimas dos semanas, policías provinciales se han sumado una a una a huelgas en las que dejaron las calles sin protección alguna, lo que a su vez desató saqueos. Uniformados, narcotraficantes, delincuentes y dirigentes políticos locales son sospechosos de alentar a personas necesitadas a asaltar supermercados o establecimientos de ropa o colchones.

Las 20 provincias con rebeliones policiales aceptaron subirles el salario en una proporción mucho mayor que al resto de los empleados públicos y fuera del calendario habitual de aumentos, que se suelen negociar y conceder en el segundo trimestre de cada año.

El jefe de Gabinete dijo que “nadie puede estimar el costo fiscal que significará el aumento salarial a los policías” y reconoció el impacto que tendrá en las reclamaciones de otros funcionarios, como docentes y médicos. El economista Nadín Argañaraz advierte de que la concesión a los policías agravará el déficit fiscal de las provincias, que este año llegaría a 2.000 millones de euros. Salta, por ejemplo, otorgó un alza del 50% (la inflación es del 25,5%) al salario mínimo de un policía, hasta 742 euros mensuales (el resto de las provincias pagan por lo menos 922 tras el aumento), por lo que necesitará 51 millones de euros.