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La proliferación de autodefensas populares aumenta en Guerrero

Derechos Humanos afirma que en más de la mitad de municipios de este Estado mexicano operan grupos de civiles armados

Pablo de Llano Neira
Soldados mexicanos forcejean con un guardia comunitario en Guerrero.
Soldados mexicanos forcejean con un guardia comunitario en Guerrero.p. p. (AFP)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido este martes un comunicado en el que alerta de la multiplicación de las autodefensas populares en el Estado de Guerrero, en el sur de México. Desde principios de 2013 han ido formándose en Guerrero grupos armados de civiles que se arrogan el derecho de defenderse por su cuenta de las bandas criminales, dado que, según dicen, las autoridades no se bastan para ello o directamente están asociadas a los delincuentes.

El presidente de la Comisión, Raúl Plascencia Villanueva, ha subrayado una paradoja de la situación: que el propio Estado de Guerrero financió a los grupos armados populares y ahora detiene a sus miembros. Plasencia puso el ejemplo del arresto de Nestora Salgado, líder de la Policía Comunitaria del municipio de Olinal, e indicó que en el primer semestre de 2013 las autoridades aportaron unos 900.000 dólares a grupos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero.

De acuerdo con la investigación de la Comisión, existen autodefensas en 46 de los 81 municipios del Estado, en el que se encuentra la turística ciudad de Acapulco, que a causa de la narcoviolencia se ha convertido en uno de los municipios con mayor índice de homicidios de América Latina.

Plascencia juzgó que la expansión de las autodefensas muestra la existencia de un preocupante vacío de poder institucional en esta región. El presidente de la Comisión vinculó el fenómeno a la ineficiencia de las instituciones estatales y municipales.

Guerrero es uno de los principales territorios de producción de marihuana, amapola y drogas sintéticas de México, y sus niveles de pobreza tampoco ayudan a contener la reproducción de la delincuencia. Según la Comisión de Derechos Humanos, en los 46 municipios con grupos civiles armado, un 66% de la población es pobre.

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