Un informe oficial recomienda limitar la extensión del espionaje de la NSA

La comisión de expertos convocada por la Casa Blanca propone cambios en el funcionamiento y en la estructura de la agencia

Las instalaciones de recopilación de datos que la NSA tiene en Utah. / JIM URQUHART (REUTERS)

La comisión de expertos nombrada por la Casa Blanca para revisar el funcionamiento de los programas de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) ha recomendado al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que ponga límite la recopilación indiscriminada de información que el organismo ha venido desarrollando en los últimos años. El documento, hecho público este miércoles promueve una reestructuración de la organización y cambios en su funcionamiento para restringir la capacidad de espionaje de la NSA tanto a nivel nacional como en el extranjero.

La 46 recomendaciones del informe, de más de 300 páginas, no proponen restricciones significativas pero sí plantean cambios importantes en la dirección y en la capacidad de decisión de la NSA. Se recomienda que sea un civil quien dirija la agencia, que siempre ha estado liderada por un militar desde que se fundara en 1952, y que sean altos funcionarios de la Casa Blanca, entre ellos el propio presidente, quienes revisen personalmente el listado de los líderes extranjeros cuyas comunicaciones son objeto de vigilancia, de acuerdo con estrictos parámetros que tengan en consideración las distintas consecuencias que se pueden derivar de hacerse públicos.

El informe no es vinculante y la Casa Blanca ya ha advertido de que, además de éste, tendrá en cuenta también los estudios del comité de expertos en libertades civiles

Los expertos han atendido a la preocupación manifestada por Estados extranjeros sobre el alcance de la vigilancia sobre sus ciudadanos y establece explícitamente que el espionaje en el exterior se limite “exclusivamente a garantizar la seguridad de EE UU o de nuestros aliados” y nunca para fines relacionados con “el robo o el intercambio de secretos comerciales o para obtener ventajas respecto de industrias foráneas”.

Obama ordenó constituir este grupo en verano en respuesta a la creciente indignación provocada por las filtraciones de Edward Snowden y este miércoles se reunió con sus cinco miembros para escuchar sus recomendaciones y plantearles sus inquietudes. “El presidente les trasladó sus expectativas de que EE UU pudiera utilizar su capacidad de inteligencia de manera que se pueda proteger adecuadamente la seguridad nacional y, al mismo tiempo, apoyar la política exterior, respetar la privacidad y las libertades civiles, mantener la confianza pública y reducir los riesgos de filtraciones no autorizadas”, indicó la Casa Blanca en un comunicado tras el encuentro.

El informe no es vinculante y la presidencia advirtió este miércoles de que “el equipo de seguridad revisará el documento para determinar cuáles de sus recomendaciones se deberán adoptar”. Obama explicará las conclusiones de la revisión de las políticas y programas de vigilancia el próximo mes de enero, confirmó Carney.

Entre las propuestas que parece que la Casa Blanca no va a contemplar es la de que el Cibercomando, la unidad de hackers del Ejército creada en 2009, se escinda de la NSA, de manera que una agencia se encargue de inteligencia y quede relevada del mando de las operaciones ofensivas propias del Cibercomando, a cuyo cargo están los ataques militares a sistemas informáticos extranjeros. The Washington Post adelantaba el viernes pasado que el Consejo Nacional de Seguridad no planeaba separar ambas instituciones.

La 46 recomendaciones del informe no proponen restricciones significativas pero incluyen modificaciones de carácter técnico

La comisión propone también modificaciones de carácter técnico, como prohibir a la NSA que exija a las compañías tecnológicas que incluyan puertas traseras en su software para facilitar que el Gobierno tenga acceso las comunicaciones encriptadas o que almacene programas y herramientas diseñados para hackear y destruir sistemas informáticos. En el informe se recomienda que que sea una compañía telefónica o una entidad independiente la que albergue la base de datos de las llamadas recopiladas por la agencia, lo que, de facto, supone desmantelar ese programa de vigilancia. Los directivos de la NSA se han mostrado reacios a que esa información esté en poder de un tercero ya que el hecho de tener que solicitar acceso a la misma restaría a la agencia capacidad de reacción y efectividad.

En su informe, la comisión de expertos propone cambios en el funcionamiento del Tribunal de Supervisión de Inteligencia Extranjera, entre ellas la creación de un equipo de abogados que se encargue de rebatir los argumentos de la fiscalía ante los magistrados a la hora de solicitar las órdenes judiciales que autorizan las prácticas de la NSA.

La Casa Blanca decidió hacer público el informe un día después de que el presidente se reuniera con los consejeros delegados de las principales compañías tecnológicas del país, quienes le trasladaron sus preocupaciones acerca de los programas de espionaje del Gobierno y le instaron a que “actuara con mayor contundencia y rapidez” en la ejecución de las reformas para limitar las prácticas de vigilancia de la NSA.

Aunque plantea un reforzamiento de los requisitos para autorizar los programas de vigilancia, el informe reconoce la legalidad de las prácticas de espionaje, una opinión contraria a la que emitió un juez federal el pasado lunes. En su fallo, el primero que emite un tribunal en contra de las prácticas de la NSA desde que comenzaron las filtraciones en junio, el magistrado cuestionaba la constitucionalidad de las actividades de la agencia y sostenía que no había quedado claro que las medidas hayan contribuido a la lucha contra terrorismo tal y como defienden los directivos de la NSA.

El grupo de expertos está integrado por miembros de larga experiencia en las agencias de inteligencia estadounidenses, como el ex subdirector de la CIA, Michael Morell, Richard Clark, antiguo jefe de Antiterrorismo, Peter Swire, exfuncionario experto en temas de privacidad, y los académicos, Geoffrey Stone, profesor de Derecho Constitucional en la universidad de Chicago y Cass Sunstein, profesor de Derecho.

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