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La revolución estéril

A veinte años del levantamiento zapatista, más del 78% de la población de Chiapas es pobre

La presencia indígena en la política es todavía una tarea pendiente

San Andrés Larráinzar (Chiapas)
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Comunidad zapatista de Oventic, en San Andrés Larráinzar, (Chiapas).

Dos hombres jóvenes, con el rostro cubierto tras un pasamontañas y aparentemente desarmados, vigilan la entrada a la comunidad rebelde de Oventic, en el municipio de San Andrés Larráinzar. Conocido en 1996 por albergar la sede de los diálogos entre el Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hoy este pueblo, con la plaza sucia y una escuela quemada solo aparece en la lista de uno de los programas estrella de la federación para erradicar la pobreza, la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Como San Andrés Larráinzar, otras nueve localidades chiapanecas integran el triste ranking de los 15 municipios con mayor porcentaje de pobreza. A tres horas en carro de la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, y en medio de la montaña, el poblado de Oventic es uno de los cinco caracoles -comunidades zapatistas- creados tras la revolución de 1994, cuando los campesinos del sureste mexicano declararon la guerra al Gobierno del presidente Carlos Salinas. Son las nueve y media de la mañana de un sábado de diciembre, apenas dos semanas antes de que se cumplan veinte años de la aparición pública del EZLN. El movimiento encabezado por el subcomandante Marcos reclamaba la propiedad de las tierras y un mayor reparto de las riquezas. En esta zona, la más pobre entre las pobres, la reforma agraria promovida tras la revolución de 1910 no devolvió la tierra a los campesinos. Hoy, a dos décadas de la insurgencia, el desarrollo económico y social de la zona, la educación y la presencia de los pueblos indígenas en la política estatal y nacional, siguen siendo tarea pendiente.

“En un principio el EZLN quería llegar a la capital del país, hacerse con el poder y comenzar los cambios estructurales. Este planteamiento cambió por completo”, asegura Víctor Hugo López Rodríguez, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

“Chiapas debe convertirse en un Estado moderno, seguimos teniendo los peores números del país, la mayor tasa de analfabetismo y los municipios más pobres. Necesita crecer y dejar de depender del Gobierno de Chiapas, un proyecto político y económico que aproveche todo el potencial que tiene”, señala el profesor Andrés Fábregas Puig, doctor en antropología del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

Las cifras oficiales le dan la razón: 55 municipios del Estado están dentro de la Cruzada Contra el Hambre, que alberga 400. El programa social, sin embargo, “no llega a las comunidades zapatistas por no cumplir los criterios que pide el Gobierno, como el pago de impuestos por la tierra”, asegura el director del Frayba.

Según el Consejo Nacional de Población, Chiapas es la segunda entidad con mayor grado de marginación, donde el 78,4% de la población vive en situación de pobreza. La Encuesta Estatal de Ingreso y Gastos de los Hogares 2011 establece que el promedio de hogares vive con 6.489 pesos mensuales (unos 500 dólares), la mitad que en el resto de México. Además, Chiapas tiene el índice más alto de analfabetismo, un 18%, el triple de la media nacional.

La paz está sujeta con hilos muy delgados en Chiapas

El director del Frayba reconoce que las causas que originaron el conflicto zapatista no se han resuelto: “La violencia estructural es más vigente que nunca: pobreza, impunidad, criminalización. Lo que cambió es que se visibilizó el actor, se creó el sentido de dignidad indígena”. Sin embargo, su reconocimiento social ha sido escaso. “Han mejorado algunas cosas, pero no las que uno esperaría. Los indígenas siguen siendo el sector más atrasado, que vive en condiciones más difíciles”, puntualiza el profesor del CIESAS. Pese a existir en Chiapas una Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas, ningún miembro de las etnias tzeltal, tzotzil, tojolabal o chol ocupa ahora un cargo en el Gobierno estatal y la presencia en el Congreso de la Unión, en el Distrito Federal, es también escasa: de 19 diputados electos, Víctor Hugo López asegura conocer solo a un indígena. “Creemos que no se permite que participen o se incorporen a la vida pública porque no se les perdona haber declarado desde la insurgencia una guerra al estado mexicano”.

Actualmente en Chiapas, el 15% de la totalidad de viviendas aún tiene piso de tierra -en 1990 el porcentaje se elevaba al 48,67%-. Como logros de la revolución, el director del CDH asegura que en las comunidades zapatistas “hay menos homicidios y no existe la violencia contra mujeres por temas de alcoholismo, ya que está prohibido beber en los caracoles. El número de violaciones sexuales o el tráfico de armas, drogas y personas también es menor”.

Aunque las tasas de ocupación del Estado son altas (el 97,7%), la desigualdad llegan cuando uno se fija en las diferencias por género: de cada 100 personas ocupadas, 71 son hombres y 29 mujeres.

Una enorme pista de hielo atestada de jóvenes en pantalón de mezclilla cubre la plaza central de San Cristóbal de las Casas, un municipio de 190.000 habitantes a una hora de Tuxtla Gutiérrez. La atracción la patrocina el gobernador del Estado, Manuel Velasco, cuyo nombre se repite en medio centenar de carteles que empapelan los bordes de la pista. El político saltó a las páginas del papel cuché debido a su truncada relación con la cantante Anahí. La instantánea dista mucho de la de hace veinte años, cuando aquel 1 de enero de 1994 el EZLN y tomó las oficinas del palacio municipal. Uno de los ayudantes del párroco de San Andrés estaba allí: “Fue difícil, tuvimos miedo. Estábamos preparando las celebraciones del año nuevo cuando nos avisaron. No nos pudimos mover en varios días”. Para este hombre de 54 años, que nunca ha sido zapatista y prefiere no desvelar su identidad, los cambios en San Andrés a lo largo de estas dos décadas han sido pocos, enfocados en la mejora de caminos. “¿Qué cambio puede haber. No, seguimos en las mismas condiciones?”, dice resignado cuando se le pregunta por la modernización de un pueblo dedicado a la agricultura del maíz y el frijol para el autoconsumo.

Pese a los Acuerdos firmados en este mismo pueblo en 1996, la matanza de 45 campesinos en la comunidad de Acteal el 22 de diciembre de 1997 reavivó el conflicto. Tampoco ayudó el encarcelamiento del profesor indígena Alberto Patishtán en 2000, condenado a 60 años de cárcel por matar a siete federales en un proceso, se dijo, plagado de irregularidades. El presidente Enrique Peña Nieto acaba de indultarlo.

A 16 años de la masacre de Acteal, López Rodríguez es pesimista: “No hay ninguna esperanza con el PRI, que nos relegó al exterminio. Hay mayor centralización, más represión y nulas posibilidades de establecer un diálogo nacional con los actores comunitarios”, explica. Después de la matanza, el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, tuvo que abandonar el cargo. Hoy es responsable nacional de Educación. “Pensamos que la paz está sujeta con hilos muy delgados en Chiapas. Es posible y vemos con temor una reactivación del conflicto armado”, concluye el director del Frayba.

Por ahora los líderes del movimiento se esconden de la prensa, lo que complica el acceso a las comunidades: nada de vídeos, nada de preguntas a los vecinos y prohibido tomar fotografías donde aparezcan personas. Un zapatista de 29 años llamado Yahir dirige la visita. Lleva parte del rostro cubierto por un pañuelo, usa jeans y una sudadera. La comunidad comienza con una gran calle asfaltada que baja hasta la cancha de baloncesto. La segunda casa es el centro de mujeres por la dignidad, hoy cerrado. Está pintado con imágenes de guerrilleras que portan armas y flores. En realidad, los murales cubren todas las fachadas de la comunidad. Al final de la cuesta se encuentra la escuela, con varios edificios de una o dos plantas, construidos con ladrillo y techos de uralita. Las viviendas de los pobladores están tras el colegio, pero el paso no está permitido. En el lugar solo se maneja dinero en las tiendas de artesanía, donde venden huipiles -camisas-, bolsos y otros complementos tejidos a mano, muchos de ellos con proclamas que enaltecen el movimiento (caracoles, lento pero avanzamos). Una mujer de unos 50 años, que carga un bebé a su espalda, despacha en una de las tiendas. Al cabo de 40 minutos, el guía da por concluido el recorrido.

Ya fuera, en la carretera, varios carteles señalan al foráneo que se encuentra en “territorio zapatista en rebeldía”. “Aquí el pueblo manda y el Gobierno obedece”. Los mensajes se asemejan a los estampados en la ropa de marca de tres turistas extranjeros que esperan un taxi. “La rebelión somos todos”, reza la playera de una multinacional.

 

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