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El presidente de Guatemala retira su demanda penal contra un periodista

Otto Pérez Molina llevó a la vía criminal un caso de libertad de expresión, que en su país no se dirime por ese cauce

José Rubén Zamora, el periodista demandado por Pérez Molina.
José Rubén Zamora, el periodista demandado por Pérez Molina.efe

El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, anunció este viernes que desiste de la demanda penal en contra del periodista José Rubén Zamora, presidente del matutino elPeriódico. “He tomado la decisión de desistir de la acción que presenté inicialmente, y trasladaré mi querella ante un tribunal de imprenta [relativo a cuestiones de libertad de expresión]”, dijo en rueda de prensa en la ciudad de Zacapa, al este de Guatemala.

A inicios de la semana, el mandatario demandó a Zamora, por “coacción, desacato, chantaje, extorsión y violación de la Constitución” ante un tribunal del ramo penal. Esta es una acción que viola la Ley de Emisión del Pensamiento, de rango constitucional, que manda con meridiana claridad que cualquiera que se creyere ofendido, debe recurrir a un tribunal de imprenta para dirimir las diferencias.

La misma Carta Magna establece que “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos (del Estado) por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.

La demanda y el camino escogido eran, a todas luces, improcedentes. Al respecto, José Rubén Zamora opina que, más que torpeza extrema de los abogados, lo ocurrido es consecuencia de la militarización que el Estado guatemalteco ha sufrido desde la llegada de Pérez Molina al poder. “Esta aberración jurídica obedece a que el mandatario está muy mal asesorado. Incluyen delitos que ya no existen, como el desacato. Hemos vuelto a la etapa de militarización. Los abogados del Presidente son, antes que letrados, militares -hicieron la carrera mientras prestaban servicio- y han cedido a sus esquemas mentales de mando-obediencia”, dijo Zamora a EL PAÍS.

“Los abogados del Presidente tienen más experiencia militar que jurídica. Creo que pensando en que podían encontrar eco en jueces que mantienen vínculos con el partido de Gobierno, su demanda podría avanzar con mucha rapidez y llevarme a la prisión”, y añade que tiene constancia de que las autoridades civiles han sido presionadas para conducirlo a los tribunales y encarcelarlo, pero los mandos de la Policía se han negado.

Con respecto a la demanda de la vicepresidente, Roxana Baldetti, presentada ante un juzgado de turno de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, por presuntos daños psicológicos sufridos por las críticas constantes de elPeriódico sobre su gestión, Zamora afirma que “si ese fuera el caso, debería abandonar el cargo. Debería someterse a una evaluación psiquiátrica por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para determinar científicamente su estado de salud mental. Se ha metido en un problema porque si los expertos concluyen que la vicepresidente está mentalmente sana, la demanda se cae. Si el resultado es negativo, tendría que dejar el cargo”.

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Mientras las acciones en contra del periodista, como la prohibición de abandonar el país o de acercarse a la vicepresidente Baldetti han quedado sin efecto, la lucha de Zamora continúa en los tribunales. Sus abogados han presentado ante el Supremo una acción de Antejuicio (proceso por medio del cual un funcionario protegido por la inmunidad pueda ser despojado de la misma y sujeto a juicio) contra Pérez Molina y Roxana Baldetti.

“Quiero creer que este proceso se seguirá con estricto apego a la ley. Sería una muestra al mundo de que el Organismo Judicial trabaja con independencia. Es también un desafío para los jueces, de cara a los guatemaltecos y a la comunidad internacional, que está muy pendiente del problema”.

Zamora concluye con una afirmación preocupante con respecto al futuro de las libertades ciudadanas en Guatemala. “Este problema trasciende a Otto Pérez y a Baldetti. Pudo haber ocurrido con cualquiera de los presidentes del pasado. El gran tema es que vivimos una cleptodictadura que cogobierna con el crimen organizado y los financistas de las campañas políticas, cuyo único objetivo es expoliar los recursos del Estado, a enriquecerse con una velocidad de vértigo”.

Consultado acerca de si esta situación nos lleva hacia el Estado fallido, Zamora es lapidario: “los cimientos del Estado guatemalteco están podridos. Hay que refundarlo todo. Ojalá se diera el Estado fallido, porque sobrevivimos en un Estado del mal, donde las mafias manejan las aduanas, la Dirección General de Migración, las importaciones… Es por esos canales por donde ingresan al país las drogas, las armas y todos los ilícitos imaginables. Estas mafias no necesitan que Guatemala sea un Estado fallido, porque ya está hecho a la medida de sus intereses”.

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