Una constitución a medida del régimen

La propuesta que lleva el gobierno a las urnas pone coto al poder islamista

Contempla varias libertades civiles a las que el gobierno ha limitado

Un egipcio compra una copia de la constitución en una calle de El Cairo. / KHALED ELFIQI (EFE)

Egipto acude esta semana a las urnas a votar una constitución redactada por un equipo de 50 expertos elegidos por el actual gobierno interino, aupado por los militares tras el golpe de Estado de julio. “Vota sí, vota contra el terrorismo”, es el lema con el que el actual régimen ha pedido a los ciudadanos el voto favorable este martes y miércoles. La carta magna garantiza una serie de libertades civiles básicas no amparadas hasta ahora, pero se encarga también de ponerle coto al islam político y de proteger sin cortapisas el poder de los militares.

El artículo más polémico es el número 74, que prohíbe la creación de partidos sobre la base de la religión. La cofradía de los Hermanos Musulmanes fue declarada en diciembre, por orden ejecutiva, grupo terrorista. Este cambio amenaza ahora a otras formaciones, como el partido Al Nour, salafista en su ideario, que apoyó el golpe de Estado y ha respaldado, a pesar de las reservas de muchos de sus miembros, el proceso constituyente.

En el nuevo texto se mantiene la afirmación de que “el islam es la religión del Estado” y la sharía —ley islámica— “la principal fuente de legislación”. La novedad es que se elimina el artículo 219 de la anterior constitución de corte islamista, en la que se definía los principios de la sharía como aquellos que emanan de “evidencias comunes, normas fundacionales, reglas de jurisprudencia y fuentes creíbles aceptadas en la doctrina suní y por la comunidad en general”.

En realidad era una forma de tratar de restarle poder al parlamento. La sharía se entendía en aquel texto como los principios establecidos por la comunidad de expertos islámicos, y a ellos se les atribuía la legitimidad legislativa última.

Si hay algo que inquieta a los oponentes de la nueva constitución son las salvaguardas ofrecidas al ejército. El texto estipula que durante dos mandatos, u ocho años, al ministro de Defensa lo elige no el presidente o las urnas, sino el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, la cúpula militar. En la actualidad ese cargo lo detenta el general Abdel Fatah al Sisi, a quien eligió para el puesto el propio Morsi, y que acabó siendo artífice del golpe de Estado de julio.

No se amplía ahora el respeto a todas las minorías religiosas. El texto mantiene la protección de “credo y práctica religiosa para aquellos que creen en las religiones celestiales: islam, cristianismo y judaísmo”. Quedan fuera, pues, grupos muy reducidos como los bahais, con unos 2.000 seguidores. Tampoco se protege explícitamente a los seguidores de la rama chií del islam, que recientemente han sufrido ataques y persecuciones en Egipto.

En principio se prohíben los juicios militares a civiles. Pero solo en apariencia, pues la carta magna establece una larga serie de excepciones que en realidad apuntan a que no se permitirá ningún tipo de amenaza percibida contra el poder militar, como “crímenes que representen ataques directos contra las instalaciones, campamentos o posesiones en territorio militar, zonas fronterizas militares, equipamiento, vehículos, armas, munición, documentos, secretos, fondos públicos, fábricas militares… o un asalto directo sobre sus oficiales”.

La nueva constitución ampara explícitamente diversas libertades, como las de reunirse o manifestarse. Los críticos del actual régimen, sin embargo, le recriminan que se haya dedicado a ponerle coto a esos derechos con una serie de medidas muy restrictivas, como la reciente exigencia a aquellos grupos que quieran realizar protestas en la calle de que obtengan previamente un premiso del ministerio del Interior. Diversos activistas ya han sido arrestados por contravenirla.

El gobierno islamista de Morsi no incluyó en su constitución el veto al tráfico de personas. Sus oponentes consideraban que ello obedecía al hecho de que la sharía no lo prohíbe explícitamente. La nueva asamblea constituyente incluye la penalización de esa práctica, en el artículo 89, que asegura que “la esclavitud y todas las formas de opresión y explotación forzosa contra las personas queda prohibida, así como el tráfico sexual y humano”.

Uno de los apartados positivos para lo grupos feministas es la protección incluida a las menores. En la derogada constitución de corte islámico se dejo fuera ese apartado. La nueva propuesta a votación estipula que “todos los menores de 18 años son niños”, lo que abre la puerta a la prohibición legislativa de los matrimonios forzosos de mujeres menores de edad.

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