Egipto amplía su campaña de represión

El Ejecutivo persigue a revolucionarios y periodistas además de los Hermanos Musulmanes

Antidisturbios egipcios en un enfrentamiento con simpatizantes de los Hermanos Musulmanes en El Cairo el pasado viernes. / EFE

Las autoridades egipcias han recurrido a todos los medios a su alcance para convencer a la población de que vote sí en el referéndum constitucional que empieza este martes. Televisiones y radios ofrecen a diario publirreportajes y debates sobre las bondades de la nueva Ley Fundamental, entre ellas nuevas garantías a los derechos individuales. No obstante, el Ejecutivo ha expandido al mismo tiempo su campaña de represión contra toda voz disidente más allá de las fronteras del islamismo.

Hace unos días un tribunal condenó a dos años de cárcel ocho activistas revolucionarios de Alejandría por haber organizado una marcha sin notificarlo antes a las autoridades, tal como obliga una nueva y restrictiva ley de manifestaciones. Otros tres activistas considerados símbolo de la revuelta que depuso a Hosni Mubarak, en 2011, fueron encarcelados el mes pasado por haber participado en una campaña de desobediencia civil contra esta ley.

Del acoso tampoco se libran los periodistas. Tres periodistas del canal de Al Yazira en inglés —incluido un reportero australiano— están arrestados desde el 30 de diciembre acusados de ofrecer informaciones que perjudican "la seguridad nacional". La histeria antiterrorista de las autoridades incluyó investigar a una compañía de telecomunicaciones acusada de que una marioneta utilizada en uno de sus anuncios enviaba mensajes en clave a células terroristas.

Sin duda, los Hermanos Musulmanes, designados oficialmente como “organización terrorista”, son el grupo que ha padecido una mayor represión. Las fuerzas de seguridad han matado a cientos de sus seguidores tras el golpe de Estado y encarcelado a sus dirigentes. A los frentes de batalla legal y mediático se ha añadido también el económico y social. El Ejecutivo ha congelado los activos de hasta 800 dirigentes de la Hermandad y le ha arrebatado el control de 87 escuelas. Además, el Banco Central ha congelado las cuentas de más de mil ONGs acusadas de tener vínculos con el movimiento islamista.

“Este es un golpe muy duro. Sus actividades caritativas les granjearon popularidad entre las clases más humildes. Además, les permiten infiltrarse en la sociedad, y llegar hasta el último rincón del país”, dice Mohamed Faiz, un experto en movimientos islamistas del think tank Al Ahram.

La decisión ha sido muy polémica porque incluye algunas organizaciones con una larga tradición y presencia en el territorio. “Muchas de las organizaciones de la lista no tienen relación con la Hermandad. De hecho, su fundación precede a la de la cofradía. Ahora bien, sí tienen un objetivo proselitista”, explica Mustafa Khalil, un investigador especializado en los movimientos sociales islamistas. La inclusión de estos grupos podría estar motivada por un exceso de celo de las autoridades o por su voluntad de extender su acoso a otros grupos islámicos.

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