TRIBUNA

La riesgosa apuesta de las autodefensas en México

Hay razones para estar alerta ante las nocivas consecuencias a largo plazo de la nueva estrategia del Gobierno mexicano en Michoacán

En la nebulosa guerra mexicana contra el narcotráfico y el crimen organizado, parece estar gestándose una inusual relación estratégica entre el gobierno federal y los grupos de autodefensa que han pululado en partes del territorio mexicano en el último año.

Con esta asociación estratégica, el gobierno federal intenta contener el avance de Los Caballeros Templarios – un cartel que surgió de una escisión de la Familia Michoacana y que ha llevado a cabo un acelerado proceso de reconstitución del orden local en el estado mexicano de Michoacán. Los Caballeros han ido más allá del tráfico de drogas y se han constituido en un grupo criminal que gobierna los mercados ilegales de Michoacán y que cobra impuestos criminales a la población civil mediante la extorsión y el secuestro a cambio de protección o simplemente de renunciar a destruirles sus propiedades o quitarles la vida.

Hay razones militares y políticas de corto plazo que explican los motivos detrás de esta inusual coalición, pero también existen razones y evidencia muy poderosas que sirven de alerta sobre las nocivas consecuencias de largo plaza de esta nueva estrategia.

En lo militar, la falta de información local ha sido el principal problema para el gobierno federal y el ejército mexicano en más de siete años de guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado.

En esta guerra hay enormes asimetrías de información. Los cárteles y otros grupos criminales se han coludido con agentes en puestos claves en instituciones judiciales y de seguridad a nivel subnacional – policías judiciales y municipales, ministerios públicos y reclusorios – y en instituciones federales con enorme presencia subnacional – las delegaciones de la Procuraduría General de la República y la policía federal. La colusión con estos agentes del orden público le ha dado al crimen organizado una ventaja estratégica que les permite resistir y evadir las embestidas federales. El gobierno federal, en cambio, no cuenta con la información local que requiere cualquier operativo militar. Desconoce con precisión el grado de penetración del crimen organizado en la sociedad y las instituciones gubernamentales de Michoacán.

Las autoridades federales han visto en los grupos de autodefensa una fuente vital de información local que les permitiría llevar a cabo micro-intervenciones militares y dar golpes certeros en contra de Los Caballeros Templarios. En abierta o velada coalición con el gobierno federal, las autodefensas serían los ojos y oídos que las fuerzas federales no tienen en Michoacán.

En lo político, una coalición informal con los grupos de autodefensa le permitiría al gobierno federal golpear y mermar fuertemente a Los Caballeros sin pagar los costos de las muertes colaterales de civiles. Al delegar parte del poder coercitivo del estado a los grupos de autodefensa, las autoridades federales intentarían diluir las responsabilidades de la guerra contra el crimen organizado en la sociedad civil. No serían el gobierno federal o el ejército los responsables directos de la violencia que implica recuperar territorios gobernados por el crimen organizado, sino las autodefensas.

Esta estrategia de delegar capacidades coercitivas del estado a grupos civiles y de diluir responsabilidades no es ajena a la historia de México; es una estrategia que siguieron los gobiernos del PRI durante la larga etapa autoritaria. En las universidades públicas los gobiernos del PRI subcontrataron a grupos de “porros” – estudiantes organizados que vigilaban y reprimían a movimientos estudiantiles de izquierda. En el campo y en las zonas indígenas del país, el PRI subcontrató a “asociaciones civiles” campesinas para reprimir movimientos campesinos e indígenas de izquierda que demandaban la redistribución de tierras. Estos grupos de choque fueron los que eventualmente se convertirían en los paramilitares que lucharon en contra el neo-zapatismo en el sureño estado de Chiapas.

Una coalición informal con el gobierno federal es muy atractiva para los grupos de autodefensa. De resultar exitosa una operación conjunta en contra de Los Caballeros Templarios, las autodefensas se convertirían en un actor clave en la reconstitución del orden político local en Michoacán. A diferencia de las policías comunitarias de extracción indígena del propio Michoacán y del estado vecino de Guerrero – las cuales son producto de décadas de movilizaciones indígenas y del trabajo de la iglesia católica y de laicos al frente de asociaciones de derechos humanos – estos grupos de autodefensa parecen estar financiado por grupos de profesionistas de clase media y agricultores y ganaderos que ya no están dispuestos a pagar más impuestos criminales a Los Caballeros. Son grupos sin muchos contrapesos sociales que deben reclutar jóvenes sicarios de extractos humildes a cambio de buena paga.

Aunque el debilitamiento de Los Caballeros Templarios puede ser un acto de liberación social y económica para muchos sectores de Michoacán, la simple sustitución de ese orden criminal por uno en el que los grupos de autodefensa desempeñen un papel político central puede ser igualmente nociva para la sociedad. La experiencia internacional muestra que grupos armados sin una sólida base social y sin mecanismos informales de contraloría social pueden ser particularmente violentos. La experiencia de Colombia da cuenta de los enormes costos en violaciones de derechos humanos que se pagaron cuando actores políticos nacionales decidieron entrar en una velada coalición estratégica con grupos de autodefensa civil para reconstituir el orden político local en lugares dominados por las FARC y el Cartel de Medellín.

Recuperar territorios gobernados por el narcotráfico y el crimen organizado – en connivencia con autoridades subnacionales y a veces federales – debe ser una prioridad del gobierno federal en México. El despliegue de las fuerzas armadas y de un enorme contingente de burócratas federales para repartir recursos e iniciar obras públicas de alguna manera contribuirá a contener la violencia en el corto plazo. Hacerlo en coordinación subrepticia con grupos de autodefensa, sin embargo, simplemente sembrará la semilla de la violencia del mañana.

Reconstituir el orden local en Michoacán mediante una profunda reforma de las instituciones estatales y municipales de seguridad e impartición de justicia que transparente y abra a las policías, los ministerios y los reclusorios a una mayor contraloría social y política sería una forma sustentable de reconstituir el orden político local. El narcotráfico y el crimen organizado y las guerras criminales no son producto de la ausencia del gobierno. Surgen, más bien, porque las fuerzas del orden entran impunemente en acuerdos cooperativos con el crimen organizado.

En lugar de apabullar a los gobiernos locales mediante la acción faraónica del gobierno federal y subcontratar grupos locales de autodefensa para mejorar las actividades anti-insurgentes del ejército, las autoridades federales deberían iniciar una etapa de reconstitución democrática del Estado a partir del rescate institucional de los gobiernos estatales y municipales. Extirpar a jueces y policías forjados en las cañerías del régimen autoritario y que sobrevivieron a la transición a la democracia y reformar las instituciones y las reglas que les permitieron a estos agentes del orden reinventarse en la democracia como protectores del crimen organizado, es una tarea que sentaría las bases institucionales para una paz perdurable. Es un acto riesgoso que obligaría al PRI a confrontar su pasado. Pero subcontratar milicias privadas para derrotar al crimen organizado es una apuesta mucho más riesgosa; es un atajo que podría llevar a la perpetuación de largo plazo de la violencia.

Guillermo Trejo es profesor asociado de ciencia política en la Universidad de Notre Dame y fellow del Kellogg Institute for International Studies

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