Las grietas del milagro

Las actividades opacas en paraísos fiscales de familiares de la élite comunista, documentadas en las bases de datos de dos gestoras a las que tuvo acceso este diario, arrojan nueva luz sobre uno de los fenómenos con mayor potencial desestabilizador de la China contemporánea: el crecimiento de la brecha social entre ricos y pobres.

El ascenso del gigante asiático ha sido hasta ahora rapidísimo, pacífico y estable. La utopía igualitaria de las comunas impulsadas por Mao y el apogeo capitalista que encarna el bosque de rascacielos del distrito de Pudong, en Shanghái, son antípodas que coexisten en las vidas de millones de chinos: en su memoria y ante sus ojos. En pocas décadas el país ha vivido una revolución suave que ha sacado de la pobreza a cientos de millones de personas. En el camino, el país se ha convertido en la segunda economía del mundo —en 1990 era todavía la décima, según el Fondo Monetario Internacional (FMI)— y principal potencia comercial. Su proyección política y militar internacional, aunque todavía notablemente inferior a la estadounidense, avanza firme hacia al estatus de superpotencia.

Un estudio calcula que en 2011 salieron de forma ilícita 150.000 millones de dólares

Pero la desigualdad social asociada a ese crecimiento es una realidad que turba a la dirigencia china. La cúpula teme el malestar y las protestas que el desequilibrado reparto de la renta puede provocar, hasta el punto de haber convertido el asunto en una auténtica prioridad política. En esa óptica puede leerse la decisión del régimen de bloquear las páginas web de este diario y otras cabeceras internacionales que, en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, han publicado informaciones que detallan las maniobras financieras opacas de la élite china y por tanto amenazan con agudizar el malestar por el crecimiento de la brecha social.

La salida opaca de capitales y la desigualdad tienen una estrecha relación, porque la primera fomenta significativamente la segunda, según argumenta Dev Kar, economista jefe del Global Financial Integrity (GFI), un centro de estudios y de denuncia dedicado a la materia. “El flujo ilícito de capitales hacia paraísos fiscales reduce la masa imponible, y por tanto la capacidad de recaudación y redistribución del Estado”, comenta en conversación telefónica desde Washington Kar, que anteriormente trabajó en el FMI y es autor de un estudio específico sobre la salida ilícita de capitales de China.

La cuantificación exacta de los movimientos de capitales oscuros es, naturalmente, imposible, pero el GFI ha elaborado un sistema de evaluación bastante sofisticado que calcula que en 2011 —último año disponible— salieron ilegalmente de China unos 150.000 millones de dólares, aproximadamente un 12% del producto interior bruto (PIB) español.

Si las tasas de crecimiento de la economía china han sido espectaculares desde que Deng Xiaoping puso en marcha sus reformas en 1978 —un ritmo medio del 10% en las últimas tres décadas—, también ha sido pavoroso el aumento de la desigualdad. El coeficiente de Gini, un indicador estadístico que mide la distribución de la renta en una sociedad, ha protagonizado una rápida escalada en esos mismos 30 años. En 1984, se situaba en el 0,27, un dato que retrata una sociedad muy igualitaria (en una escala en la que 0 es igualdad perfecta, y 1 desigualdad total —con toda la renta en manos de un individuo—).

En enero del año pasado, las autoridades chinas indicaron que ese coeficiente se situó en el 0,47. Significativamente, era la primera vez en una década que Pekín publicaba el dato, en un claro síntoma de su preocupación al respecto. De manera igualmente significativa, las redes sociales chinas reflejaron un generalizado sarcasmo al respecto del rigor del dato, que muchos ciudadanos consideraron maquillado a la baja. Estudios independientes elevan esa cifras en algunos casos hasta el 0,61, nivel que situaría el país —dirigido por un partido que sigue denominándose comunista— entre los más desequilibrados del mundo. Los expertos consideran que resultados superiores a 0,40 retratan sociedades en riesgo de fricciones por la desigualdad. Los países europeos se sitúan generalmente entre 0,25 y 0,37; Estados Unidos ronda el 0,45, según datos del Banco Mundial.

El flujo opaco de capitales reduce la capacidad de recaudar y redistribuir

Hu Jintao, antecesor de Xi Jinping en la presidencia china, hizo del concepto de “sociedad armoniosa” un auténtico mantra de su mandato. El Ejecutivo de Pekín ha anunciado e implementado en los últimos años varios planes para revertir esa tendencia. Según sus datos estadísticos, estos habrían empezado a producir efecto con una bajada del coeficiente de Gini desde un pico del 0,49 en 2008 hasta el 0,47 de 2012.

El último plan, anunciado a principios del año pasado, aboga por incrementar el salario mínimo, recaudar más impuestos en las empresas públicas para financiar programas sociales y elevar el gasto en educación. Estas medidas son parte de un amplio paquete con 35 líneas de acción.

La paranoia de la dirigencia china con respecto a este problema debe enmarcarse en el contexto de un país en el que la reivindicación de derechos empieza a cobrar un pulso notable. Un estudio de Sun Liping, profesor de sociología en la Universidad Qinghua de Pekín, estima que en 2010 hubo 180.000 de los conocidos como “incidentes de protestas de masa”, definición que incluye desde huelgas y concentraciones hasta disturbios. La cifra es el doble de la de 2006, y 20 veces más que a mediados de los noventa.

La distribución de la renta es más desigual en China que en EE UU

Este despertar social, a su vez, se inscribe en un cuadro económico que da algunas señales de ralentización tras tres décadas de tirón extraordinario. “La economía China debe crecer a un ritmo del 8% para crear un número de puestos de trabajos suficientes para garantizar la estabilidad social y la absorción de las nuevas generaciones”, apunta Kar. En los últimos dos años el crecimiento del PIB ha sido de algunas décimas inferior a ese umbral. Otros economistas rebajan el punto de equilibrio a una expansión anual del PIB en torno al 6%-7%.

La imperiosa necesidad de recaudar más impuestos para ofrecer mejores prestaciones sociales ante el previsible envejecimiento de la sociedad china —determinado por la política de hijo único— y la probable ralentización de la economía inducen a Kar a pensar que las autoridades chinas estrecharán el cerco alrededor de los flujos opacos de capitales.

En 2011, último dato disponible, China recaudó impuestos por un importe equivalente al 26% del PIB, dos puntos más que en 2007, pero todavía ocho puntos menos que la media de los países avanzados agrupados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

El gasto social —incluyendo Sanidad y política de vivienda social— se sitúa alrededor del 8% del PIB, también dos puntos más que en 2008.

El Gobierno ha anunciado grandes planes para suavizar la brecha entre ricos y pobres

Más allá del temor a estallidos sociales, los dirigentes chinos también temen otra derivada de la desigualdad: los efectos sobre el consumo. En la transición de la economía de un modelo abrumadoramente exportador hacia otro con un mayor peso de la demanda interna, una distribución desigual de la renta puede representar un freno significativo.

profesor de la Universidad de Harvard Martin Whyte ha estudiado durante años el fenómeno de la creciente desigualdad y su percepción social en China. Whyte ha dirigido tres encuestas sobre la materia, en 2000 (prueba piloto, en Pekín), 2004 y 2009 (ambas a escala nacional). Las conclusiones de esos trabajos son interesantes: si bien las encuestas detectan un malestar con respecto a la brecha en la renta, el asunto que realmente enfurece a los chinos es la brecha entre poderosos y no.

Whyte considera que el hecho de que la brecha en la renta se haya abierto en el seno de una sociedad en la que gran parte de la población está mejorando sus condiciones de vida suaviza la irritación. La mejora de los servicios sociales también influye. En cambio, los abusos de poder tocan cada vez más la fibra sensible, y la mayoría de las protestas en China son contra expropiaciones consideradas abusivas y fallos a la hora de garantizar la protección ante la contaminación, entre otros motivos. En esa óptica, los documentos de las gestoras Portcullis TrustNet y Commonwealth Trust Limited —a los que tuvo acceso este diario—, que revelan el gran uso de paraísos fiscales por parte de enriquecidos familiares de los máximos dirigentes, pueden reforzar ese sentimiento de rencor frente a los abusos de las élites.

Mientras haya crecimiento y abundantes empleos, estos asuntos son relativamente digeribles. El avance generalizado del bienestar es el pilar que, de alguna manera, da legitimidad al Partido Comunista Chino. Una ralentización de la economía puede convertir estos asuntos en peligrosas chispas en un ambiente social seco, con mayor propensión a inflamarse.