Perú y Chile aguardan por el fallo de La Haya que definirá sus aguas territoriales

La demanda fue interpuesta por Lima en 2008 y pide como frontera una línea equidistante desde la costa. Santiago defiende los tratados chileno-peruanos de 1952 y 1954

Panorámica del puerto fronterizo de Arica (Chile), el 24 de enero. / F. TRUEBA (EFE)

El Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) lleva casi 70 años resolviendo diferendos territoriales, y este lunes, Perú y Chile afrontan un fallo histórico que definirá la soberanía de sus aguas en el Océano Pacífico.

La demanda, presentada en 2008 por Lima contra Santiago, pide a los jueces que sancionen como frontera una línea equidistante trazada desde la costa. Pretende dividir por igual la porción de mar correspondiente a cada una, e incorpora una zona pesquera de 38.000 kilómetros cuadrados reclamada por sus vecinos.

El lado chileno, por el contrario, defiende la delimitación actual, es decir, la línea paralela que emanaría de los tratados chileno-peruanos de 1952 y 1954. Las posturas parecen irreconciliables, pero la inminencia de la decisión judicial ha generado llamadas a la prudencia. Descartado el desacato, puesto que las dos partes han asegurado que aceptarán el parecer del TIJ, la resolución puede servir para que peruanos y chilenos “construyan un futuro distinto juntos”.

La frase es de la abogada chilena Astrid Espaliat, asesora del equipo jurídico destacado en La Haya, sede del Tribunal. Aunque en las pugnas fronterizas suele ser difícil ceder, ella no está sola en su deseo de armonía vecinal. Juristas, historiadores y antiguos políticos de las dos nacionalidades subrayan la voluntad de abrir una nueva fase en las relaciones bilaterales.

Rafael Roncagliolo, exministro de Exteriores peruano, ha sido el más aséptico. En una conferencia dictada en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), calificó de “controversia jurídica, y no política” la situación. Como si de una respuesta se tratara, José Rodríguez Elizondo, abogado y antiguo diplomático chileno, ha declarado lo siguiente al diario El Comercio: “Para los que pensamos que tras la cobertura jurídica siempre hubo un problema de poder, el cumplimiento del fallo debe ser parte de una voluntad política bilateral (…) de terminar de una vez con los conflictos de frontera, para poder volcarnos en el desarrollo”.

A la espera de la lectura de la decisión, que debe correr a cargo del eslovaco Peter Tomka, presidente del TIJ, un repaso a las alegaciones de las dos partes al final del proceso deja frases contundentes. Estas son algunas.

EL PAÍS

Desde la delegación peruana:

“Chile no ha probado la existencia de un tratado de límites marítimos entre nuestros países”, dijo Allan Wagner, agente diplomático de su país ante el Tribunal y embajador en Holanda.

“Chile parece demostrar con su postura poco interés en el criterio de equidad sobre la delimitación marítima”, según Tullio Treves, abogado y experto en Derecho del Mar.

“Espero que el fallo sea favorable al Perú por ser esta una causa justa”, en palabras del presidente Ollanta Humala, pronunciadas en su tierra.

Desde la delegación chilena:

“Las consecuencias de cambiar una frontera marítima que tiene más de 50 años serían muy graves”, asegura Alberto van Klaveren, abogado, politólogo y agente diplomático de su país ante el Tribunal.

“Perú ha sido incapaz de presentar bases jurídicas porque no hay un acuerdo estableciendo una línea de pesca provisional, aunque así lo diga”, apunto el abogado Samuel Wordsworth.

“Perú y Chile tienen un futuro común, van a seguir siendo vecinos después del fallo”, asegura el ministro de Exteriores chileno, Alfredo Moreno.

El caso de Perú contra Chile, como se denomina técnicamente la demanda, ha provocado la reacción de Bolivia, el tercer vecino en discordia. La Paz lleva un siglo largo buscando la salida al mar perdida en la Guerra del Pacífico (1879-1883), librada contra Chile. Aliado de Perú en esa contienda, el actual presidente boliviano, Evo Morales, ha decidido que había llegado el momento de actuar. Después de analizar atentamente lo sucedido en La Haya, interpuso su propia demanda en abril de 2013. Quiere recuperar los 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio recortados tras la derrota decimonónica. Para justificar su gesto, Morales aseguró que buscaba de Santiago “una negociación de buena fe para poder acceder de forma soberana al océano Pacífico”.

Una vez más, un presidente latinoamericano apelaba a las bondades de la resolución pacífica de conflictos marcada por el TIJ desde su fundación, en1945. De todos modos, y a pesar de que los fallos judiciales suelen buscar un equilibrio para las partes (en 2009 asignó a Costa Rica los derechos de navegación por el rio San Juan, y la gestión del tráfico fluvial a Nicaragua), el futuro común que todos aseguran buscar depende tanto de los políticos como de la sociedad civil. Un binomio aún por cristalizar, por ejemplo, en dos causas pendientes. La que enfrenta, de nuevo, a Costa Rica y Nicaragua, respectivamente, por la construcción de un canal para darle al río, frontera natural compartida, una salida al mar. Y por la apertura de una carretera paralela al cauce fluvial. Sin olvidar las dos demandas de Nicaragua contra Colombia por sus espacios marítimos, después de que Bogotá perdiera en 2012 parte de sus derechos en el Caribe.

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