El sector privado venezolano reclama al unísono el pago de la deuda

No es solo una gotera. Son al menos tres y amenazan con convertirse en una riada. Al reclamo formulado desde la primera quincena de enero por las líneas aéreas y los diarios impresos se suma el de la industria procesadora de alimentos. Todos estos actores esperan desde hace varios meses que la estatal Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) entregue las divisas preferenciales para mantener su operación.

Este miércoles la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) publicó un extenso remitido en la prensa local para exponer su situación: La deuda de Cadivi con el sector asciende a 2.431 millones de dólares. “Nuestros afiliados están produciendo a plena capacidad en un entorno económico de costos crecientes y dificultades para la adquisición de materias primas e insumos (…) Los precios regulados, incluyendo los que fueron congelados hace dos años, no se han ajustado de acuerdo con la revisión trimestral prevista, lo que ha impedido la obtención de una rentabilidad acorde con las necesidades de inversión”.

El chavismo estableció un rígido control de cambios en 2003 que impide la libre compra y venta de divisas. Empresas públicas y privadas acuden al gobierno para que éste autorice las divisas –a un cambio de Bs 6.30 por dólar- que les permita importar materias primas o productos terminados.

La deuda, según Cavidea, es el principal obstáculo para la producción de alimentos en Venezuela, porque impide a las empresas pagar sus compromisos con los proveedores internacionales y contar con líneas de crédito. En un país con tradición importadora como Venezuela la falta de dólares para importar es la principal razón del generalizado desabastecimiento. En 2013, según cifras del Banco Central de Venezuela, la escasez trepó a 22,2%, el promedio más alto de la última década. Aunque en el pasado ha habido picos de mayor carestía esta es la primera vez en tanto tiempo que la escasez ya es parte del paisaje. Basta con recorrer los anaqueles de supermercados, ferreterías o ventas de electrodomésticos para comprobarlo. En Venezuela lo cotidiano comienza a ser extraordinario.

Esta cifra se suma a los montos ya conocidos por la opinión pública: una deuda de 3.600 millones de dólares con las líneas aéreas –que ha provocado la reducción de la oferta de asientos disponibles para viajar desde Caracas-, de 2.300 millones de dólares con el sector farmacéutico, de 4 millones de dólares con el diario El Nacional y de 877 mil dólares con el periódico El Carabobeño, de la ciudad de Valencia.

Durante toda la semana los periodistas de diversos impresos, acompañados por directivos del gremio que los agrupa, han protestado exigiendo el pago de divisas. Hasta ahora la presión no ha surtido efecto. Por esa razón a partir de este jueves El Nacional reducirá su paginación a dos cuerpos. “Si antes teníamos papel para tres semanas ahora podremos circular por dos meses con este nivel de inventario”, aseguró a este diario el presidente-editor de esa publicación Miguel Henrique Otero.

Hay dos razones posibles que explican la tardanza en honrar los compromisos. La primera es la falta de dinero. Las cifras más conservadoras indican que el gobierno adeuda al sector privado entre 9 mil y 10 mil millones de dólares. Para el 28 de enero las reservas internacionales estaban en 21.164 millones de dólares. Buena parte de ese dinero está en oro y la disponibilidad de efectivo alcanza apenas, según los cálculos de economistas, para pagar una semana de importaciones.

La otra razón, más política, es la decidida voluntad del Gobierno de fiscalizar con rigor que no se sobrefacturen las importaciones. En el pasado reconocieron que entregaron a empresas fantasmas o que sobrefacturaron sus pedidos más de 20 mil millones de dólares. Esa decisión quedó en evidencia al conocerse la devaluación de la moneda local, el bolívar, que incluyó una drástica reducción del cupo anual de divisas autorizadas a los particulares para consumos en el exterior. El vicepresidente del área económica y ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, dudó de las cifras dadas a conocer por el sector privado. “Allí hay mucha grasa”, dijo.

Una fuente del sector farmacéutico que pidió la reserva de su identidad confirmó a este diario que el gobierno, a través del ministro de Salud Francisco Armada, trasladó su voluntad de cancelar toda la deuda si se le reconoce un descuento del 40%. “Por supuesto que nosotros no lo aceptamos. Que establezcan un cronograma de pago”, explicó. Es la misma fórmula utilizada por la estatal Petróleos de Venezuela con sus proveedores y socios entre 2008 y 2009 cuando cayó el precio del barril de petróleo a unos 35 dólares por la crisis financiera mundial. Aquella vez salieron del atolladero. Esta vez el asunto no parece tan sencillo.