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Espionaje a periodistas colombianos

El escándalo de las escuchas ilegales que implica a la inteligencia militar se extiende a los informadores que cubren las negociaciones de paz con las FARC

El jefe negociador de Colombia con las FARC, en La Habana.
El jefe negociador de Colombia con las FARC, en La Habana. EFE

El escándalo de las escuchas ilegales a los negociadores de paz del Gobierno colombiano por parte de miembros del Ejército de ese país dio el lunes una nueva vuelta de tuerca tras conocerse que también fueron interceptadas conversaciones de periodistas que cubren el proceso de paz que se desarrolla con la guerrilla de las FARC en La Habana.

Así lo reveló el domingo la cadena norteamericana Univisión, que tuvo acceso a dos cuentas de correos interceptados con un total de 2.638 mensajes entre dos guerrilleros que hacen parte de la delegación de las FARC en La Habana y periodistas colombianos, de agencias internacionales y otros medios de América Latina y Europa. En los mensajes, los comunicadores pedían entrevistas con miembros de esa guerrilla que permanecen en la isla desde noviembre de 2012.

Según la cadena de televisión fueron interceptados por “grupos de hackers de la inteligencia militar colombiana”. Marisol Gómez, periodista de El Tiempo, cuyos mensajes estaban en el listado de conversaciones interceptadas, dijo a Univisión que “no le incomodaba particularmente la intercepción de sus mensajes porque las FARC es una organización que los periodistas saben que es blanco de los servicios de inteligencia”. Por su parte, Ignacio Gómez, presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, FLIP, señaló a medios locales que “este tipo de interceptaciones afecta uno de los valores más importantes para el ejercicio del periodismo y es la confianza de la fuente en los periodistas”.

Estas revelaciones se conocen justo cuando en Colombia se celebra el día del periodista y cuando la FLIP dio a conocer su informe anual sobre el estado de la libertad de prensa en 2013. Según su análisis, se registraron 123 agresiones directas que dejaron 194 víctimas, incluidos dos asesinatos (van 142 desde 1977). “En buena parte de los casos, las agresiones más graves se perpetraron a periodistas que trataban asuntos relacionados con irregularidades al interior del Estado, que tuvieron como consecuencia atentados de muerte, asesinatos y amenazas colectivas”, dice el informe, que destacó que aunque los periodistas no tienen mayores inconvenientes para acceder a la protección que brinda el Gobierno, la Unidad Nacional de Protección sí tuvo dificultades administrativas y presupuestales para la implementación oportuna de estas medidas.

Uno de los casos de agresión más destacados fue el que sufrió Ricardo Calderón, periodista de la revista Semana que sobrevivió a un atentado en mayo de 2013. Su coche recibió cinco impactos de bala cuando investigaba temas de denuncia que involucraban al Ejército. También está el exilio de León Valencia, Ariel Ávila y Claudia López, tras revelarse un plan para asesinarlos presuntamente por sus investigaciones que involucraban a un gobernador electo y un narcotraficante.

Aunque el número de amenazas disminuyó con relación al 2012, la FLIP aclara que la cantidad de víctimas fue la misma y que aumentaron las obstrucciones a la prensa. También mostró preocupación por el riesgo que representa para los reporteros cubrir las protestas sociales, como las que ocurrieron entre junio y agosto pasados. En ese momento se registraron 24 agresiones a la prensa, en su mayoría a manos de la Fuerza Pública. “Los periodistas fueron objeto de detenciones ilegales, les retuvieron sus equipos de trabajo, que en muchos casos no volvieron a ver. También fueron atacados con piedras, bolillos, amenazas y estigmatizaciones de pertenecer a grupos guerrilleros o de ser policías infiltrados por el hecho de cumplir con su trabajo”.

La justicia también sigue en deuda con el periodismo. La FLIP resalta que durante 2013 prescribieron cinco casos de asesinato y quedaron así en la total impunidad. “El único caso que se salvó de este destino fue el de Eustorgio Colmenares, ex director del diario La Opinión (asesinado en 1993), que fue declarado delito de lesa humanidad”. Ante este panorama, Colombia ocupa el quinto lugar de impunidad en agresiones contra la prensa en el mundo.