Salil Shetty | Secretario general de Amnistía Internacional

“En México los derechos humanos van en una dirección equivocada”

Salil Shetty realiza su primera visita a México como secretario general de Amnistía Internacional

La ONG abrirá una oficina regional en México para vigilar el compromiso que tiene el gobierno en la materia

Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional / Pradip Phanse

Esta es la primera vez que Salil Shetty (India,1961), secretario general de Amnistía Internacional, hace una visita oficial a México desde que está al frente de la ONG británica que vela por los derechos humanos. Llega en un momento delicado, después de que el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) emprendiera un combate frontal a los grupos de la delincuencia organizada. Esa lucha dejó en el país miles de muertes y desapariciones sin que la actual administración de Enrique Peña Nieto encuentre una salida al conflicto. La situación en los próximos años, dice Shetty, “será difícil, por lo que necesitamos reforzar nuestra presencia”. A partir de octubre la organización abrirá una oficina regional en México con 25 personas para vigilar de forma más cercana el compromiso que tiene el gobierno con los derechos humanos. La entrevista se realizó horas antes de que Shetty hablara en privado con el presidente Peña Nieto. 

Pregunta. Esta es su primera visita a un país que ha sido gravemente afectado por la violencia en los últimos años. ¿Con qué diagnóstico llega?

Respuesta. México se está convirtiendo en un país muy importante en la escena internacional, por su ubicación y su desempeño económico. Cuando México habla de derechos humanos, en foros internacionales, encontramos un discurso progresista. Por ejemplo, con el tratado de no proliferación de armas con la ONU, México jugó un papel muy importante para que llegara a buen fin. Creemos que no solo en México sino en Centroamérica, en los últimos cinco o siete años, los asuntos domésticos de derechos humanos van en una dirección equivocada. Vemos graves retrocesos. Y hay tres asuntos en los que me quiero enfocar. El primero es el ataque a defensores y periodistas. La frecuencia con la que suceden, la gran cantidad y la brutalidad con la que se cometen son notables. El segundo punto son las desapariciones. Hay cifras oficiales de 26.000 desparecidos, es un reporte del Gobierno. Es alucinante. El tercer asunto es la migración. 

P. El cuerpo de Gregorio Jiménez, un reportero local, fue hallado el 11 de febrero después de ser secuestrado. ¿Qué hace que México siga siendo un país peligroso para los periodistas?

Uno pensaría que el Gobierno mexicano tiene un buen sistema debido a la gran cantidad de desapariciones que se han registrado, pero no es el caso.

R. El Gobierno ha implementado un mecanismo para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos. Anabel Hernández habló con nosotros el otro día. Está protegida por ese mecanismo, pero en diciembre, cuando su casa fue atacada, llamó al número de emergencia que le habían dado y le dijeron que llamara luego porque el encargado estaba de vacaciones. ¿Cómo puede suceder eso en un teléfono de emergencia? Y en su casa sonó una alarma que no estaba conectada a la estación de policía. Cuando preguntas sobre esto al Gobierno te dicen que no hay dinero pero aparentemente hay unos 30 millones de dólares en el presupuesto que no se están gastando. Necesitas que estas cosas se articulen al nivel más alto. El presidente debe comenzar a hablar de esto. Tratan de hacer como que todo va bien, que están arreglando las cosas, pero necesitan hacer que el mecanismo funcione. No basta con decir que se cuenta con un mecanismo.

P. Visitó el estado de Coahuila, donde organizaciones de la sociedad civil han denunciado unas 300 desapariciones entre 2007 y 2013. ¿Qué vio en su visita?

R. Estuve en Saltillo el sábado. Pasé la mañana con las familias de los desaparecidos y era imposible abandonar esa habitación sin que los ojos se llenaran de lágrimas. De un lado sufren la pena de haber perdido a un ser querido. En los menos de los casos los responsables han sido llevados ante la justicia. Pero encima de esto, cuando las víctimas se acercan a las autoridades la forma en cómo son tratadas es sorprendente. Con muy poca dignidad. De hecho suelen culparlas, “no, debió de haber hecho algo sospechoso”. Incluso la percepción pública es que algo malo debió haber hecho la persona que desapareció. Esto sucede hasta que le pasa a alguien de su propia familia. La respuesta del Estado es casi inexistente. Allí hay factores presentes en todo el país, uno es la impunidad. Nadie es llevado ante la justicia, particularmente si es un funcionario público. Puedes estar seguro de que no va a pasar nada. Para atender esto se debe de crear un mecanismo de búsqueda muy fuerte, porque hay oportunidad de encontrar a la persona en las primeras horas. Una vez que se borra el rastro las oportunidades se vuelven muy escasas. Los procesos de investigación son muy débiles. Hay un procedimiento básico internacional para enfrentar casos de desaparición: necesitas encontrar rápidamente a los testigos, conseguir evidencia física, analizar los registros telefónicos. Uno pensaría que el Gobierno mexicano tiene en marcha un buen sistema debido a la gran cantidad de desapariciones que se han registrado pero ese no es el caso. Hay mucha confusión. Las víctimas son traídas de un lado a otro. Van con autoridades del municipio, ellos dicen que deben ir con las estatales, las estatales las mandan con las federales. Todas las cosas básicas no funcionan. Es un asunto clave que el Gobierno debe de tratar.

P. También visitó un refugio para migrantes.

R. Estuvimos en el refugio del padre Pedro Pantoja, a las afueras de Saltillo. Vimos algunas personas que salen de Honduras por la situación, la violencia y la pobreza. Como ellos, muchos recorren miles de kilómetros del sur hacia el norte. Es seguro decir que no existe una sola persona que cruce por México que no enfrente abusos. Y si eres mujer es casi un hecho que serás víctima de abuso sexual. Hablamos de miles de secuestros. Lo que hacen es quitarte tu teléfono para contactar a tus familiares en Estados Unidos para pedirles dinero. A veces es el crimen organizado, pero con bastante regularidad son las propias autoridades. Te dicen que estás violando leyes y que si das dinero te van a dejar libre. Para los migrantes la sección de cruzar México es la sección de la pesadilla. Esa es la parte que más les asusta, inclusive más que cruzar a Estados Unidos.

Ya es hora de que el Gobierno de Peña Nieto muestre resultados contundentes

P. ¿Qué hay con las desapariciones forzadas?

R. Hay un gran debate por el término. Amnistía lo usa cuando significa que un funcionario público tuvo que ver con una desaparición. Cuando el Gobierno dice que el responsable es el crimen organizado técnicamente no es una desaparición forzada. Pero en este caso las líneas entre ambos son muy borrosas. En México, ante la escala tan grande, solo les llamamos desapariciones. Y es algo que le comentaré al presidente Peña Nieto, cuando eres Gobierno no importa quienes cometen las desapariciones. Es tu obligación proteger a tus ciudadanos de cualquier violación de derechos humanos. No puedes salir a decir no soy yo, es la delincuencia organizada. Tú eres el Estado. No puedes absolverte de esa responsabilidad.

P. ¿No es importante saber cuáles son desapariciones cometidas por autoridades y cuáles no?

R. Sí, pero para llegar a ese punto necesitas un proceso de investigación, pero no lo tienen. No vamos a esperar a establecer las desapariciones forzadas, cualquier desaparición es inaceptable. Hay otro problema que viene con el Ejército y la Marina. Es una jurisdicción diferente. Es algo que hemos pedido, que cuando se presenta un caso de una desaparición que fue cometida por un funcionario público no puede haber inmunidad militar, no deben ser procesados en tribunales castrenses, sino en cortes civiles. Algo bueno que está sucediendo es que en algunos asuntos los tribunales del ejército se están declarando incompetentes. Pero se necesitan cambios al código militar. Es una de las demandas que estamos haciendo.

P. ¿Cuáles son las diferencias que ha encontrado entre el Gobierno de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto?

R. En toda la política de seguridad, de la llamada guerra contra el narcotráfico. Creo que ahora se tiene un discurso mucho más sensible. El Gobierno de Peña Nieto al menos reconoce que el uso de la fuerza no es suficiente para resolver el problema y que se necesita una aproximación más integral. Es lo que siempre hemos dicho. Que el efecto de esta guerra ha llevado a la muerte a muchísimas personas inocentes. Pero no es un asunto de cambiar el discurso sino de acción sobre el terreno. Está bien que las políticas hayan cambiado, pero ¿qué significa en la práctica? La gente se está impacientando. Han pasado 14 meses de Gobierno, al principio se decía bueno, es nuevo acaba de llegar, pero después de este tiempo ya es hora de que se muestren algunos resultados contundentes.

Las reformas políticas y económicas que ha emprendido el presidente Peña Nieto nos parecen positivas. Pero si no proteges los derechos humanos todo lo demás no importará demasiado a los ciudadanos ordinarios. Es un asunto para que se sientan protegidos ante la inseguridad. Que el Estado está ahí para responder por ellos.

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