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La negra vida de los hombres que iluminan México

Se cumplen ocho años del accidente que sepultó a 65 mineros en Coahuila

En la zona, donde proliferan las minas, han muerto desde entonces otros 105 trabajadores

Trabajadores en el interior de una mina en Coahuila. Ver fotogalería
Trabajadores en el interior de una mina en Coahuila.

"Están todos muertos". Había pasado una semana desde que la Mina 8 de Pasta de Conchos en el Estado de Coahuila, al norte de México, se había tragado a 65 mineros el 19 de febrero de 2006. María Trinidad Cantú, de 62 años, escuchó aquellas palabras de un portavoz del Grupo México, empresa propietaria, después de varios días apostada en la boca de la mina. Perdió la esperanza de ver asomar con vida a su hijo Raúl Villasana, de 32 años, pero no se fue a casa. Junto con otras familias pasó un año yendo y viniendo cada día para esperar un cuerpo al que velar y una tumba a la que ir a poner flores. El rescate solo devolvió dos cadáveres. Catorce meses después del desastre otro portavoz tomó la palabra. Cantú recuerda que les dijo: "Brinquen, salten, súbanse a la chimenea, pero aquí ya no hay rescate". En 2007 la mina se convirtió en una fosa común.

La cuenca carbonífera de Sabinas, donde yacen los muertos de Pasta de Conchos, aporta aproximadamente el 90% de la producción nacional anual de carbón en México. Una especie de desierto en el que el frío corta la respiración en invierno y el calor cae a plomo en verano. Un lugar regado de pequeñas y humildes casas, carreteras llenas de socavones, un Oxxo (tienda de 24 horas) de vez en cuando, columnas de humo y muchas minas. Pequeños pozos ya abandonados, grandes agujeros negros a cielo abierto y nuevas cuevas en construcción en cualquier lugar. "Aquí no hay más". Habla desde una de las cuevas Mario Castro, de 67 años y con cuatro décadas de mina encima. Esa sensación de estar predestinado lo impregna todo de una cierta ausencia de vida. Calles vacías, silencio, algunos escombros, en resumen: pobreza en una de las zonas más ricas del país. Algunos por aquí dicen que se trata de broma casi macabra, pero unos carteles oficiales reciben al visitante que haya decidido recorrer esta zona entre las ciudades de Monclova y Piedras Negras: "Turismo carbonífera".

Atardece en la cuenca y un camino empedrado deja al visitante frente a una mina, a cinco minutos en coche del centro del municipio de Barroterán. Las pisadas levantan un polvo negro que se aloja de inmediato en la nariz y bajo las uñas. Unos seis hombres se calientan las manos en una parrilla con carbón incandescente. Hace mucho frío. Son los 'rayados', los que no bajan a la mina a extraer carbón, sino que esperan fuera para vaciar las vagonetas que salen repletas desde un agujero al fondo. Castro está con ellos. Hace tiempo que no baja, él ya "jaló" carbón muchos años. Pero el dinero está allí, metido en un agujero de 400 metros de largo sin salidas y con una altura de no más de 1,5 metros. A las ocho de la tarde unos 40 hombres trabajan dentro. Un empleado de la empresa minera, conocido como el "mayordomo", apunta cuántas toneladas saca cada uno. Les pagan 80 pesos los mil kilos (seis dólares), mientras que la Comisión Federal de Electricidad las compra a unos 900 pesos (68 dólares). "Si no jalas, no pagan. Si hay un accidente, no pagan", explica el minero Juan Francisco Ortiz, de 37 años. Un trabajador puede sacar en un día unas cinco toneladas.

Muchas minas de la zona, algunas ilegales, operan sin medidas de seguridad. "Nadie sabe cuántas hay, son como hongos", dice Cristina Auerbach, que lucha desde hace ocho años por mejorar las condiciones de vida de los mineros. Los accidentes se solapan unos a otros, igual que los muertos. Desde el accidente de Pasta de Conchos han muerto 105 mineros en la zona, según el conteo que lleva la asociación Familias de Pasta de Conchos. Los mutilados también se cuentan por decenas. Ningún empresario ha ido nunca preso. La mayoría de los trabajadores que sufren un accidente son dados de alta en el seguro social ese mismo día, con lo que no reciben indemnización.

La propiedad de esos agujeros o cuevas es un misterio. Hay grandes empresas que subcontratan a empresas locales. El hermetismo es absoluto. Un encargado de un pozo prefirió mantener en secreto el nombre de la empresa pese a perder a tres de sus hijos en un accidente. El delegado de la Secretaría de Trabajo en Coahuila, Heriberto Fuentes, dice por teléfono que la inspección en las minas es diaria y que solo en 2013 se "restringió el trabajo en 24 por no contar con las medidas de seguridad necesarias". La proliferación es tal que es difícil de controlar. A un lado de la carretera, en el mismo Barroterán, se ven a medio cavar seis nuevas cuevas, conocidas como minitas de arrastre. Unos maderos funcionan como único soporte.

La Florida es una de esas cuevas. Hombres semidesnudos por la humedad y el calor hacen turnos sin salir al exterior durante ocho horas. Cuentan que el sábado hubo un derrumbe "en una ahí al lado". Por suerte no falleció nadie. "En mi mina murieron 163 en 1969, pero no fue en mi turno. Impone, pero es lo que hay, con la bendición de Dios todo va bien", dice Castro. "Cuando tienes familia tienes que ir abajo, ahí está el dinero, yo ya me he salvado varias veces", añade Ortiz señalando la mina, "por eso regaño a los hijos cuando no va bien la escuela, no quiero que acaben como uno…"

Con 15 años César Avilés, natural de Barroterán, se puso a trabajar en un tajo (minas a cielo abierto). Él regaba la tierra y ponía explosivos. Le pagaban 200 pesos al día (15 dólares) que gastaba en ir a cenar con su novia, hasta que lo echaron. Ahora ha vuelto a la escuela. "Ya tengo otros pensamientos, quiero estudiar comercio internacional y agarrar lo que es una licenciatura", cuenta. Buscar alternativas es uno de los retos de esta zona, en la que el polvo negro del carbón se cuela por debajo de las puertas y curte las manos de los hombres para siempre.

Rosalío Ayala llevaba 25 años en la mina cuando un accidente lo dejó sin una pierna en marzo 2012. No estaba contratado formalmente, así que nunca nadie le indemnizó. Tampoco ha empezado a cobrar aún la pensión por incapacidad. Esta mañana de viernes pasea con su bastón bajo un invernadero. Junto a otros exmineros accidentados, Ayala vigila las matas de chile piquín que plantaron el año pasado. En su primer cosecha sacaron 200 kilos, que vendieron en bolsitas de 10 pesos por la zona. Ahora ya piensan en plantar nopal. La activista Cristina les consiguió financiación para empezar. Es un comienzo.

Lejos del chile, el subsuelo de la cuenca sigue trabajando. Los 365 días del año, las 24 horas del día. Con respeto, pero sin miedo. "La muerte anda con todos, no solo con los mineros", apunta Castro. Tan lejos de todo, trabajan, y mueren, los hombres que con sus manos arrancan el carbón que ilumina México.

"Que nos entreguen a nuestros muertos"

Una madrugada como la de este miércoles de hace ocho años explotó la Mina 8 de Pasta de Conchos, en el Estado de Coahuila, al norte de México, propiedad del Grupo México. Ocho mineros consiguieron salir por su propio pie, pero otros 65 trabajadores se quedaron atrás. Las familias esperaron sobre la mina un rescate que nunca llegó, ni el de los vivos, ni el de los muertos. Después de poco más de un año de trabajos para sacar los cadáveres, la empresa decidió abandonar el rescate y cerrar la mina. Solo se recuperaron dos cuerpos.

Las familias tuvieron que ser sacadas a rastras por las fuerzas del orden porque se negaban a abandonar a los suyos bajo tierra. La empresa Grupo México, que no ha contestado a las preguntas de este periódico, entregó 750.000 pesos a cada una de las viudas y cerró el caso. "Un accidente". Como los muchos que suceden en esta zona. Pero la lucha no había hecho más que empezar. Un grupo de padres y madres se reunieron en la asociación Familias de Pasta de Conchos para emprender un camino incansable que pretende obligar a la empresa, o en su defecto a las autoridades, a hacer un rescate que se demora ya ocho años.

Dicen en la cuenca carbonífera de Sabinas, la más importante del país, que cuando se quedaron atrapados los 33 mineros chilenos que sobrevivieron 69 días enterrados en 2010, todos decían  "que no nos hagan lo que en Pasta de Conchos". En esta zona desértica, cuya única fuente de ingresos es el carbón o la metalurgia, el rescate chileno se quedó grabado a fuego. La pregunta entre las familias se repite y sigue doliendo: "Quisiera uno saber cómo fue eso. Ojalá ellos terminaran pronto para no sufrir muchos días… Sí, ahora están muertos, pero que nos los entreguen", dice María Trinidad Cantú, la madre del minero Raúl, de 32 años, cuyo cuerpo sigue en la mina.

La empresa presentó un informe en 2007 en el que alegó que el rescate era muy peligroso. "El agua ha contaminado el área entera de la mina (…) Explorar y rehabilitar esta área expone al personal de la mina a patógenos infecciosos (…) Dependiendo de la salud de las víctimas, los trabajadores de rescate pueden estar expuestos a infecciones crónicas, incluyendo hepatitis, VIH, patógenos entéricos y tuberculosis. Puede suponer severos riesgos a la salud, no solo al personal de la mina, sino a sus familias o en últimos casos, a la comunidad entera", dice el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS.

La organización cree que la empresa quiso cerrar el caso porque el rescate le costaba dinero y porque entrar en la mina podría dejar en evidencia que no se cumplían las medidas de seguridad, como la construcción a medias de una chimenea para la ventilación o la ausencia de una línea de vida en el interior de la mina (que serviría para guiar a los mineros a la salida en caso de quedarse a oscuras). El año 2011 las familias llevaron el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que aceptó el caso pero aún no se ha pronunciado.

Hasta entonces los políticos nunca se habían interesado por el tema. Ni la administración del expresidente Vicente Fox (2000-2006) ni la del también panista Felipe Calderón (2006-2012). Pero con el caso en la Corte con sede en Washington, el actual Gobierno de Enrique Peña Nieto se comprometió a valorar un posible rescate. El secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, dijo la semana pasada que su departamento había solicitado hace un año a la Procuraduría General de la República (PGR) un peritaje para saber si se podría ingresar con seguridad a la mina. "La empresa [Grupo México] ha interpuesto muchos recursos legales y juicios de amparo. El asunto está ahorita en manos de jueces, nuestra pretensión es practicar el peritaje y la de la empresa es que esto no ocurra", añadió Navarrete.

Desde Barroterán, en la cuenca minera, la activista Cristina Auerbach cree que el Gobierno acabará haciendo el rescate: "Y por primera vez se va a tener que castigar a alguien por matar mineros. Que hasta ahora siempre ha salido gratis".

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