El Tribunal Constitucional de Bolivia se pronuncia contra el aborto

El tribunal dicta que ya no será necesario un permiso judicial para interrumpir el embarazo en caso de violación, incesto o riesgo para la salud de la madre

El aborto continúa siendo ilegal en Bolivia, según una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que, sin embargo, pone en aparente entredicho el compromiso del Gobierno del presidente Evo Morales de modificar leyes y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo suscrito en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, en agosto de 2013.

El Tribunal Constitucional se pronunció después de una larga y polémica espera de casi dos años, durante los cuales la opinión pública se dividió en dos bandos: quienes creen que legalizar el aborto es una cuestión de salud pública y que se debe respetar el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y, aquellos otros que basan su rechazo al aborto en el derecho a la vida desde el embrión, consagrado en varias convenciones y declaraciones así como en principios religiosos.

La legislación boliviana desde el siglo XIX a la fecha condena el aborto. Rige actualmente una sanción entre dos a seis años de cárcel para quienes ocasionen la muerte de un ser humano en gestación. En marzo de 2012, una diputada del oficialista Movimiento Al Socialismo presentó una acción de inconstitucionalidad sobre trece artículos del Código Penal, varios de ellos referidos al aborto para su despenalización.

La sentencia del Tribunal Constitucional consagra el respeto a la vida desde la concepción pero, a la vez, libera de una autorización judicial, que hasta ahora era imprescindible, para interrumpir una gestación producto de violación, estupro, incesto o cuando está en riesgo la vida de la madre, en contradicción a la cultura de vida de la cosmovisión originaria en la que se basó el fallo.

El tribunal se hizo eco de los principios de la cultura de vida de los pueblos indígenas -que están incorporados en la Constitución desde su aprobación en 2009- como resultado de una estrecha relación entre el ser humano y la Madre Tierra. También justifica el fallo en el contenido de las Convenciones internacionales, reconocidas por el Estado boliviano, que garantizan el derecho a la vida desde la concepción.

“El requisito para aplicar un aborto impune es el de presentar denuncia ante la autoridad”, según ha explicado el ahora ex presidente de ese tribunal, Ruddy Flores. La denuncia se presentará ante la Fiscalía que debiera de derivar el caso a un centro de salud que procederá al aborto, si se ratifica el pedido de la interesada o de su representante. Sin embargo, queda pendiente la decisión del profesional que, en más de una ocasión en el reciente pasado, se ha excusado por causa de su conciencia a cumplir una orden judicial.

El Consenso de Montevideo acuerda “eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna” con la adopción de prestaciones de servicios de salud sexual y reproductiva a fin de “prevenir y evitar el aborto inseguro” además del “asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado”.

El documento insta a los países que mantienen la penalización del aborto a “considerar la posibilidad de modificar las leyes, normas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de las mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos”.

Las cifras que manejan expertos en salud y algunas ONG que trabajan en Bolivia no son exactas, como se reconoce, debido al carácter clandestino del aborto. Los cálculos señalan un promedio de 185 casos por día. Un estudio realizado en 2010 ha contabilizado 66.497 casos de aborto con complicaciones atendidas con posterioridad en centros médicos del país.

Una de sus autoras, la periodista Sandra Aliaga, ha expresado a este periódico que una de cada dos mujeres bolivianas tuvo un embarazo no deseado en su vida. “Entonces algo está fallando gravemente”.

El aborto es un asunto de salud pública, que demanda políticas del Estado, a la luz de las cifras que se conocen: el 61% de las mujeres bolivianas no usan métodos anticonceptivos, la mayor parte por desconocimiento; un 38,5% de los embarazos de adolescentes menores de quince anos terminan en aborto y, según la Organización Mundial de la Salud, el nueve por ciento de los abortos realizados en Bolivia se derivan en la muerte de la madre.

La penalización del aborto no va a disminuir su práctica clandestina y tampoco va a disminuir las altas tasas de morbilidad y mortalidad materna, según Aliaga.

Por otro lado, la justicia no ha actuado con la celeridad del caso. Aliaga cita el caso de dos hermanitas embarazadas por su propio padre. Pese a la inmediata denuncia de la madre, los jueces aprobaron el aborto impune cuando el embarazo estaba llegando a término

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