Una ONG de Venezuela documenta 18 casos de tortura durante las protestas

El Foro Penal Venezolano asegura que los opositores han sido salvajemente golpeados y abusados por la policía civil y militar

Un hombre en una de las protestas del 23 de febrero en Caracas. / RAUL ARBOLEDA (AFP)

Su madre pide que la identidad de su hijo, y la de ella, queden en reserva por temor a represalias. El 12 de febrero, mientras él regresaba de una protesta convocada por la oposición al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, que culminó con dos fallecidos, fue detenido por agentes del Sebín (Servicio Bolivariano de Inteligencia). La familia no conoció de su paradero sino 30 horas después, cuando fue presentado en los tribunales. A él le dieron, dice ella, una salvaje paliza que incluyó un repertorio de torturas: desde descargas de electricidad en el cuello, pasando por la colocación de bolsas de aire en la cabeza, hasta golpes con palos. “Y eso sin contar la tortura psicológica. Le decían que me estaban violando a mí y a su hermana”, dice ella, serena pero conmovida, casi a punto de llorar.

Este joven, estudiante de Derecho en la Universidad Santa María de Caracas, tiene 23 años y es nieto de gallegos. Como él, otras dos personas de nacionalidad española han sido salvajemente torturadas por policías y militares venezolanos por participar en los disturbios que desde principios de febrero mantienen a Venezuela parcialmente paralizada, según la organización defensora de derechos humanos Foro Penal Venezolano. El caso más escandaloso es el de Juan Manuel Carrasco, también descendiente de españoles, que según su madre Rebeca González fue violado con el cañón de un fusil. La Fiscal General de la República ha negado que en la presentación de Carrasco ante tribunales se conociera esa versión.

En total son 18 historias de torturas que conoce el Foro Penal Venezolano. “A todos los detenidos se les ha violado el derecho a la defensa. No se les permite contacto con sus abogados y se les obliga a firmar un acta en la que reconocen que sí han sido atendidos por defensores”, denuncia el director de la ONG Alfredo Romero.

La oposición política también ha querido aprovechar este tema para mantener viva las razones de la protesta. El sábado, durante su intervención en la última gran concentración de quienes rechazan al gobierno, el excandidato presidencial Henrique Capriles quiso aprovechar ese momento para hablar de los torturados. Citó el caso de un joven al que le partieron un casco en la cabeza. En su criterio es obvio que el gobierno de Maduro trata de tapar esas denuncias. El relato del chavismo emerge sobre la represión que durante la democracia de partidos (1958-1998) sufrió la ultraizquierda venezolana.

El Foro Penal Venezolano tiene constancia de la muerte de siete personas, la mayoría de ellas después de tratos crueles e inhumanos. Está el caso de Geraldine Moreno, una joven asesinada en Valencia, Estado de Carabobo, al recibir una descarga de perdigones en el rostro. Pero el número de víctimas subió a 11. Este domingo el presidente Nicolás Maduro sumó al trágico balance el nombre de Danny Vargas en el Estado andino de Táchira, la región donde el gobierno central ha reconocido graves problemas de orden público. Vargas murió en una guarimba (barricada callejera) cuando fue acuchillado por una persona que, según el gobernante venezolano, había sido humillada por manifestantes opositores.

Esa versión busca abonar una tesis que desde el viernes en la noche sostiene el gobierno. En las barricadas anidan los sectores más radicales del antichavismo capaces también de provocar la muerte de personas ajenas a la manifestación. El viernes un motorista, Elvis Durán, falleció después de chocar contra una cuerda colocada por opositores que pretendían impedir la libre circulación en el sector residencial de Horizonte, en el este de Caracas.

El propio Maduro ha tomado este par de casos como otra forma de demostrar que está enfrentando un “golpe de Estado prolongado y fascista”. Por el caso del motorista Durán el Presidente ordenó la detención del general retirado del Ejército Ángel Vivas, a quien su gobierno responsabiliza de “entrenar a los fascistas” y de sugerir la colocación de cuerdas en las barricadas.

Este domingo los cuerpos de seguridad del Estado trataron de allanar la residencia de Vivas, en la urbanización Prados del Este, en el sureste de Caracas, pero el propio oficial y los vecinos lo impidieron. Armado con un fusil y una pistola Vivas gritó desde el jardín al grupo que pretendía detenerlo que no se entregaría. “No reconozco la autoridad genocida de los Castro (Fidel y Raúl) en Venezuela. Estoy entrenado para dar la vida por Venezuela. No puedo rendirme ante una orden cubana. No permitiré que entren a mi casa y si lo hacen ejerceré el derecho a mi legítima defensa”. Fue una larga intervención que coronó gritando: “Ven a buscarme tú, Maduro”.

Los vecinos salieron a la calle haciendo sonar sus ollas y con banderas de Venezuela. Otras personas cerraron las calles en un kilómetro a la redonda sacando de sus casas los trastos viejos –colchones inservibles- y juntándolos con ramas secas y bolsas de basura. En la noche venezolana (madrugada de España) Vivas se mantenía atrincherado en su casa. El abogado José Antonio Zaa pudo conversar con él y afirmó que su cliente sólo se entregaría si su detención se ajusta a los principios del derecho. “Queremos conocer por qué se le cita, qué delito cometió. Queremos tener la garantía de que no lo van a dejar detenido”, explicó.

Vivas mantiene un pulso con el chavismo porque siendo oficial activo del Ejército demandó en 2006 ante los tribunales la suspensión del uso del lema “Patria, Socialismo o Muerte”. Ese lema a modo de saludo y despedida fue uno los cambios que el fallecido Hugo Chávez introdujo en la Fuerza Armada Nacional.

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