Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete

La violencia política se extiende por Venezuela y causa dos muertes más

Las posibilidades de diálogo se cierran mientras las dinámicas de la revancha y la escalada van ganando terreno

Dos nuevas muertes se sumaron este lunes a la cuenta de víctimas fatales en el décimotercer día de desórdenes en Venezuela. Las posibilidades de diálogo se cierran mientras las dinámicas de la revancha y la escalada van ganando terreno.

En San Cristóbal, capital del estado Táchira, epicentro de las protestas fronterizo con Colombia, un manifestante de 34 años de edad, Jimmy Vargas, murió al caer desde una platabanda en medio de una carga con perdigones de la Guardia Nacional

Casi en simultáneo, en horas de la mañana, desde Cagua (estado de Aragua, centro de Venezuela) se reportó el deceso de Wilmer Carballo, un comerciante que recibió un balazo cuando, según diversos testigos, un grupo de motorizados pertenecientes a uno de los grupos de choque del oficialismo pasó echando tiros al aire para dispersar una protesta.

Este lunes el cierre de calles y avenidas por parte de manifestantes de oposición tomó un segundo aire después de la pausa dominical. Los bloqueos afectaron principalmente a barrios de clase media, baluartes del antichavismo, en Caracas y ciudades del interior como Valencia, Maracay, San Antonio de los Altos, San Cristóbal, Mérida, Maracaibo, Valera y Barinas, entre otras. Al cierre de esta nota efectivos de la Guardia Nacional se batían contra manifestantes en la ya casi acostumbrada refriega nocturna en la Plaza Altamira de Caracas, simbólica plaza fuerte opositora en el municipio Chacao.

Poco antes de los nuevos decesos, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, había ofrecido un balance sobre los hechos violentos. En ese momento, el ministerio público contaba trece fallecimientos. Su encargada también informó de la detención de tres funcionarios policiales por su presunta responsabilidad en el asesinato de las dos primeras víctimas fatales de las protestas, el día 12 de febrero, en la parroquia La Candelaria de Caracas. Se trata de un caso que dejó muchas pruebas en video sobre la participación, mediante el uso de armas de fuego, de agentes de la policía política (Sebin- Servicio Bolivariano de Inteligencia) en la represión de los manifestantes. Ortega dijo que todavía se busca a otros cuatro funcionarios.

Sin embargo, circulan cifras dispares sobre la cantidad de detenidos durante los disturbios, que van desde los poco más de 300 oficiales hasta los 634 que la oposición comunicó en un parte esta tarde. Los cuerpos policiales no suelen dar listados de sus detenciones y organizaciones de derechos humanos se han encargado de la pesada tarea de consolidar la información que corre fragmentada por las redes sociales y otros medios, y localizar a los arrestados en sus centros de detención.

Tampoco hay precisión sobre las prácticas violatorias de los derechos humanos en el control de las manifestaciones. La fiscal general de la República, una simpatizante del gobierno, declaró que no hay una política de Estado que incluya el uso de tortura y maltratos, como lo vienen denunciando organizaciones no gubernamentales y los propios manifestantes. El presidente Nicolás Maduro y otras autoridades gubernamentales felicitan en eventos públicos a los cuerpos de seguridad por su “actuación impecable”, a contracorriente de la multitud de testimonios gráficos y orales que certifican excesos cometidos, en particular, por la Guardia Nacional, uno de los cuatro componentes de las fuerzas armadas venezolanas.

Maduro ha solicitado este lunes a la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, la constitución de una Comisión de la Verdad que estudie los hechos de los últimos días y “revele la verdad sobre los crímenes fascistas (…) ardo en deseos de entregarle al parlamento todas las pruebas que están en nuestro poder”.

La solicitud la formuló el presidente venezolano durante un acto realizado en el palacio de Miraflores, en el centro de Caracas, donde recibió a una nutrida representación de los motorizados organizados. Estos antes habían recorrido buena parte de la ciudad, desde su extremo oriental, en lo que se llamó Gran Marcha de los Motorizados por la Vida y la Paz. El cierre del acto fue transmitido en cadena nacional de radio y televisión con evidente propósito intimidatorio. Los llamados motorizados –término con el que se denomina al usuario de motocicletas en el castellano de Venezuela- comprenden gente trabajadora y común, pero también a los integrantes de los colectivos armados del chavismo, el último recurso disuasivo de la revolución, que representan la peor pesadilla para los sectores de clase media.

Cifras oficiales de la policía científica sostienen que una vasta proporción de los crímenes en Venezuela, una de las naciones más violentas del mundo, la cometen delincuentes que circulan en motocicletas. En distintas jurisdicciones del país –incluyendo algunas gobernados por el chavismo, como el estado de Anzoátegui-, las autoridades han optado por establecer restricciones de circulación de motocicletas en determinados horarios, sobre todo entre la noche y la madrugada. Sin embargo, pareció llegado el momento de utilizar este espantajo, de manera ya no tan velada, en provecho del bando oficial. Maduro aseguró a los asistentes al acto –cerca de unos 500 motorizados- que el palacio presidencial era su casa: “Defiéndanla”, invitó, poco antes de que una orquesta de salsa arrancara a tocar y el mandatario venezolano aventurara unos pasos de baile con su esposa, Cilia Flores. A pesar de las tensiones que reinan en el país, el sucesor de Hugo Chávez trata con denuedo de invocar la atmósfera festiva de los venideros carnavales que, supone, congelará los ánimos soliviantados de al menos una parte de la población. En la misma alocución acusó “a los amargados” de la derecha de querer quitarle “al pueblo” la celebración del próximo carnaval, “un derecho cultural”.

Los motorizados retribuyeron los llamados presidenciales con diversas expresiones de lealtad. “Nicolás, aquí tienes tu caballería de hierro”, le dijo uno de los dirigentes gremiales que intervino en el acto.

Quien no llegó después al mismo palacio de Miraflores fue el líder opositor y gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles Radonski, que debía asistir al Consejo Federal de Gobierno en horas de la tarde. Como se trata de una instancia que regularmente reúne a las autoridades de la administración central con los gobernadores, se había creado una gran expectativa en torno a un posible encuentro entre el presidente Maduro y Capriles que contribuyera a disminuir tensiones. A pesar del carácter eminentemente administrativo del evento –se discuten asignaciones de recursos y coordinan políticas públicas- el propio Maduro había alimentado esa expectativa, diciéndose abierto a hablar de cualquier tema, aunque a la vez presionando fuertemente al ex candidato presidencial para “desmarcarse de los violentos” y, tal vez con ello, forzar una división en las fuerzas opositoras.

Capriles, que el sábado había asegurado ante decenas de miles de sus simpatizantes que asistiría, se retractó este lunes. “No voy a ir a lavarle la cara a un gobierno moribundo”, trató de explicar en una rueda de prensa que ofreció desde su comando. Aunque criticó las llamadas guarimbas –los cierres de calle con barricadas improvisadas por vecinos-, pues “encierran a la gente en sus lugares y no tienden puentes”, prefirió desatender la convocatoria de Maduro. “El palacio de Miraflores no es lugar para hacer la paz, desde allí se ordena reprimir todos los días”, dijo, al reiterar que el diálogo sincero sólo puede hacerse sin condicionamientos.

Al dejarlo Capriles con la mano tendida, son pocas las iniciativas de apaciguamiento que a Maduro le quedan disponibles para retomar la iniciativa política. Ha convocado a celebrar desde este miércoles una Conferencia Nacional de Paz cuya metodología aclara todavía y que, al parecer, no contaría con una contraparte del conflicto. Las escasas pistas que ofrece al respecto parecen describir esa conferencia como otra misión gubernamental que tendrá reflejos en los diferentes compartimientos corporativos del chavismo: mujeres, trabajadores petroleros, motorizados, cultores, entre otros.

Otro conteo que aumentó el lunes fue el de periodistas agredidos. Según el Sindicato Nacional de trabajadores de la Prensa (SNTP), ya son 62 los ataques registrados contra reporteros y medios nacionales e internacionales. El domingo se conoció que el enviado de Vice.com a Caracas, Tim Pool, abandonó el país después de recibir amenazas de muerte.

Aunque el gobierno restituyó las credenciales de los corresponsales de CNN en español y CNN Internacional, fugazmente desactivadas el viernes pasado, el presidente Maduro siguió atacándolo. Por dos días seguidos, ha relatado el caso de un joven que los organismos de inteligencia detuvieron luego de haber propalado por Twitter amenazas contra la vida del mandatario. Siempre según Maduro, el joven, cuya identidad se desconoce, habría reconocido durante el interrogatorio de rigor que veía la programación de CNN cuando “de repente sintió las ganas de matar”.

Maduro y su gobierno se esfuerzan en negar legitimidad a las protestas –en principio, estudiantiles, y ahora de oposición- que se desarrollan en las principales zonas urbanas del país desde hace casi dos semanas. Atribuyen la agitación a un complot urdido por potencias extranjeras en conjunción con los medios internacionales.

Para sustanciar esa denuncia, Maduro anunció que se había capturado en la ciudad de Maracay (capital del estado de Aragua, a una hora al oeste de Caracas) a un “mercenario árabe”. Fue identificado como Jayssam Mokded, de presunta nacionalidad iraquí, a quien se le habrían incautado numerosos teléfonos móviles internacionales y divisas en la habitación de hotel en la que se alojaba.

Más información