El ALBA impone su mayoría e impide una resolución de la OEA sobre Venezuela

Tras más de ocho horas de reunión, la falta de consenso sobre la llamada al diálogo entre las partes obliga a posponer el debate para el viernes

Manifestación contra el Gobierno de Maduro en San Cristóbal. AFP

Atrapada entre el desdén del presidente Nicolás Maduro y la irritación de buena parte de la comunidad internacional ante su prolongado silencio sobre la violencia desatada en las calles de Venezuela, la Organización de Estados Americanos (OEA) se disponía el jueves a definir, por fin, su postura ante la crisis en el país sudamericano. Tras ocho horas de reunión, la mayoría de votos que Venezuela ha conseguido aglutinar en los últimos años logró impedir que los Estados miembros adoptaran alguna de las medidas que se iban a discutir: la convocatoria de una reunión de consulta de los cancilleres, el envío de una misión de observación o la redacción de una resolución ante el conflicto. La ausencia de acuerdo deja en evidencia la fractura, cada vez más acusada, en el seno de la entidad y supone, además, otra oportunidad perdida para recuperar su mermada autoridad en el hemisferio, que podría remediarse parcialmente este viernes, si, en la segunda parte de la sesión se consigue llegar a una declaración de consenso.

“Lo que es evidente es que se han logrado frenar los porpósitos intervencionistas de los convocantes de este Consejo ”, señaló a la prensa el embajador venezolano ante la OEA, Roy Chaderton, al término de una maratoniana reunión -comenzó alrededor de las 5.30 y se suspendió pasada la una de la madrugada del viernes- que se celebró a puerta cerrada. Venezuela ha sabido concitar el apoyo de los países del Caribe, un puñado de votos decisivo en el seno de la organización, que le ha permitido decantar la balanza a su favor en muchas ocasiones a lo largo de los últimos años. Este jueves, el apoyo del bloque del ALBA y del Caricom determinó que ni siquiera se llegaran a contemplar ni la posibilidad de una convocatoria de los ministros de Asuntos Exteriores de la OEA para debatir la respuesta conjunta de la organización ante la crisis venezolana, ni el envío de una misión observadora, dos opciones contra las que arremetió duramente el presidente Maduro durante los fastos por el aniversario de la muerte de Hugo Chávez.

Descartadas ambas alternativas, la declaración conjunta de llamado a las negociaciones entre las partes parecía la opción con mayores posibilidades de obtener consenso. Sin embargo, la forma, extensión y contenido de ese diálogo fue lo que hizo encallar el debate entre los Estados miembros. A la reunión del Consejo se presentó una propuesta inicial, liderada por Bolivia, en nombre del bloque del ALBA y países afines como Argentina, Uruguay o Brasil, que alababa los esfuerzos del Gobierno de Venezuela por resolver la coyuntura de protestas sociales de su país y la conferencia de paz convocada por Maduro como el foro legítimo para albergar ese diálogo. A ese texto se pretendió incorporar, a modo de enmienda, una iniciativa promovida por Perú y el bloque de la Alianza del Pacífico, más Costa Rica, Panamá, EE UU y Canadá, que pedía “un seguimiento” de esas negociaciones que garantizara el envío periódico de información sobre el curso de las mismas al secretario general, José Miguel Insulza.

Durante la tarde, se consiguió redactar un borrador con unos cinco puntos básicos que contemplaban, entre otros asuntos, una investigación de la violencia, la garantía de la no injerencia de la OEA en los asuntos internos de Venezuela –como pidió Maduro- y la observación de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho en el marco de la Carta Democrática de la organización, asuntos sobre los que se había llegado a un cierto consenso. La negativa del bloque del ALBA a aceptar la inclusión de la propuesta peruana impidió, sin embargo, la posibilidad de que se llegara a un acuerdo esquivo, lo que obligó a suspender la reunión para este mismo viernes.

Ninguna de las partes parece dispuesta, a priori, a hacer concesiones de cara a la segunda parte de la sesión del Consejo Extraordinario. En un principio, se volverá a partir de la propuesta boliviana que cuenta con la oposición frontal de países como Panamá, el convocante de la reunión, EE UU o Canadá. “Nosotros quisiéramos ver que hubiera líneas de acción en el texto de Bolivia, no simplemente que se lamenten cosas. Habrá que revisar esa iniciativa y ni opinión es que la OEA quedaría muy mal que respaldara esa posición porque el Consejo Permanente debe guardar cierto grado de neutralidad ya que la idea no es ni atacar al Gobierno de Venezuela pero tampoco venir a alabarlo”, explicó el embajador panameño ante la OEA, Arturo Vallarino.

Una peligrosa fractura

El nivel de sutilezas barajadas para tratar de alcanzar una redacción final de declaración es un claro ejemplo del ajedrez continental que se juega en la OEA. Las fricciones en torno al chavismo y el rechazo que en muchos Estados provoca la propia organización han sido determinantes en su prolongado silencio ante la crisis venezolana. Todas las instituciones regionales del hemisferio, Naciones Unidas, la Unión Europea, hasta el papa Francisco, han emitido comunicados, más o menos tibios, instando al diálogo, todos, y repudiando la violencia, algunos. La OEA ha permanecido callada, en una espera que, como su secretario general, José Miguel Insulza, reconoció durante la sesión, ha hecho emerger “tensiones innecesarias “ entre sus miembros.

Durante su intervención, el secretario general reivindicó, sin embargo, la vigencia y la importancia de la OEA en el continente. “La expectativa provocada sirve para defender que esta Organización sigue siendo el principal foro de debate de las Américas”, señaló el jefe de la entidad en un discurso muy firme, en el que no rehusó reconocer la profunda división entre sus miembros sin obviar la importancia de la pluralidad de voces en su seno –no en vano la OEA es la única entidad que aglutina a todos los países del continente-. “Las crisis polarizan y esta organización que es política está siempre al centro de ellas […] Aquí, los de izquierda, de derecha o de centro tienen iguales derechos y la OEA es gobernada, de manera abierta y conocida, en el marco de la democracia y el estado de derecho, por sus estados miembros, reunidos en Consejo o Asamblea General”, señaló Insulza.

Pese a la claridad de las palabras del secretario general, la incapacidad de llegar a un consenso sobre la situación en Venezuela evidencia una fractura tremenda que juega en detrimento de su influencia en el hemisferio cada vez más ahogada entre el mar de nuevos organismos regionales –Unasur, CELAC…- entre cuyas aguas sus Estados miembros parecen nadar más a gusto. 

Unasur mide sus fuerzas ante la OEA

Soraya Constante

Rafael Correa ha anunciado que el próximo 12 de marzo habrá una reunión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para tratar la situación política que vive Venezuela. Los mandatarios y cancilleres de la región aprovecharán su asistencia a la toma de posesión de Michelle Bachelet como presidenta de Chile para hacer esta reunión extraordinaria. El anuncio del presidente ecuatoriano anula la iniciativa que tuvo Panamá de tratar la crisis venezolana en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA). “Hemos decidido una reunión, pero para tener esa iniciativa primero le consultamos al Gobierno venezolano porque Venezuela es un país soberano”, dijo Correa en una entrevista televisada que se emitió el pasado jueves.

Correa no ofreció detalles del encuentro de la Unasur, pero ante la pregunta de si no es mejor pronunciarse en la paz en Venezuela antes que por Nicolás Maduro que le hizo el periodista Rubén Darío Buitrón, el mandatario respondió que: “La fórmula del fracaso es querer contentar a todos, nosotros vamos a tomar partido en base a la verdad y la verdad es que el acosado es el Gobierno legítimo de Venezuela”.

Agregó que la solución en Venezuela pasa por “respetar el estado de Derecho y respetar al Gobierno legítimamente electo”. Además mostró su acuerdo por cómo ha actuado Maduro frente a la protesta social. “No se puede hablar de criminalización de la protesta social, sino de la protesta criminal, hay infiltrados (...) y el Gobierno venezolano debe aplicar la ley, respetando los derechos humanos, pero aplicar la ley”.

Correa también se pronunció en contra del boicot de los empresarios venezolanos contra el gobierno del país bolivariano que durante 70 años fue el mayor exportador de petróleo. “La oligarquía venezolana se rifó toda la plata”, dijo y agregó que antes de la Presidencia de Hugo Chávez había una pobreza extendida.

Finalmente dijo que “están corriendo millones de dólares para desestabilizar la democracia en Venezuela” y que se publican fotos con montajes a través de las redes sociales, y aseguró que gran parte de los empresarios venezolanos son de extrema derecha y que incluso empresas extranjeras que se han negado a venderle papel higiénico a Venezuela son parte del boicot.

Una reunión de cancilleres o de presidentes de Unasur es la opción por la que apuesta Venezuela, saberdora de que en esa entidad es mucho más difícil que se incluya alguna mención a la represión por parte del Gobierno de Maduro sobre los manifestantes o la defensa de las libertades públicas, dada la afinidad de sus Estados miembros con el proyecto bolivariano. Un panorama muy distiinto al que se presenta en la OEA donde hay países que han denunciado abiertamente la estrategia de la Administración venezolana en la crisis del país. Paradójicamente, para Caracas, un pronunciamiento de Unasur no se considera una injerencia en sus asuntos internos, al contrario de lo que denuncia respecto de la OEA. El embajador de venezuela ante la OEA, Roy Chaderton, explicaba la diferencia de matiz este jueves a la salida de la maratoniana reunión extraordinaria del Consejo Permanente. "Venezuela sí ha pedido esa reunión, la de la OEA la solicitó Panamá".

Venezuela tiene otras razones de fondo para preferir un pronunciamiento de Unasur a otro de la OEA. Unasur no cuestionó en absolutó la legitimidad de la victoria democrática de Maduro el 14 de abril y la OEA tardó bastante más. El organismo subregional que aglutina, entre otros, a Bolivia, Argentina, Uruguay, Perú y Brasil- tiene una cláusula que protege a gobiernos democráticamente electos como el venezolano y no cuestiona, como sí hace la Carta Democrática Interamericana, para el caso de que "se produzca una alteración del ordenconstitucional que afecte gravemente su orden democrático", informa Eva Saiz.

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