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Francia condena a 25 años de cárcel a un exmilitar ruandés por genocidio

Es el primer proceso sobre Ruanda en el país europeo, muy criticado por su papel durante las masacres que se cobraron 800.000 muertos, en su mayoría tutsis, en 1994

Simbikangwa en su silla de ruedas, en una imagen sin datar proporcionada por Interpol.
Simbikangwa en su silla de ruedas, en una imagen sin datar proporcionada por Interpol.AFP

El Tribunal de lo Criminal de París condenó este viernes a 25 años de cárcel al excapitán hutu Pascal Simbikangwa por complicidad en el genocidio cometido en Ruanda en 1994, aplicando el principio de justicia universal.

Tras doce horas de deliberación entre tres magistrados profesionales y seis jurados, el tribunal le halló autor en el delito de genocidio y cómplice en el de crímenes contra la humanidad en una masacre que dejó, al menos, 800.000 víctimas mortales en pocas semanas.

La fiscalía había solicitado cadena perpetua contra Simbikangwa, de 54 años y postrado en una silla de ruedas por un accidente ocurrido en 1986, quien se había declarado inocente.

Se trata de una sentencia histórica en Francia, cuyo papel en el genocidio ruandés arroja sombras por la indulgencia del Ejército galo con los hutus.

Esa actitud llevó a las autoridades surgidas en Ruanda tras el genocidio a lanzar acusaciones de complicidad en las masacres y las relaciones entre Kigali y París se vieron seriamente afectadas durante décadas, aunque se han normalizado en los últimos años.

Simbikangwa fue declarado autor de un delito de genocidio y cómplice en el de crímenes contra la humanidad
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El veredicto pone fin a seis semanas de juicio, el primero en Francia sobre el genocidio, en el que se tomó declaración a una veintena de testigos llegados expresamente de Ruanda o por videoconferencia, algunos de ellos asesinos arrepentidos.

El relato de los testigos coloca a Simbikangwa como el responsable de movilizar y armar a las milicias que realizaban controles para identificar a los tutsis durante las masacres que acabaron con la vida de 800.000 personas de abril a junio de 1994.

A veces sonriente y refiriéndose a sí mismo en tercera persona, Simbikangwa ha negado ante el jurado su implicación, ha clamado por su inocencia y ha asegurado que no llegó a ver ninguno de los 800.000 cadáveres. Se enteró años más tarde, leyendo.

"Pienso en todas las víctimas tutsis. Perdón por todas las debilidades de mi condición, que no me han permitido ayudaros como hubiera querido", dijo en su alegato el antiguo capitán hutu.

La fiscalía, sin embargo, le sitúa como la cabeza de unos servicios secretos que servían como arma de vigilancia y represión contra la oposición interior al presidente ruandés, Juvenal Habyarimana.

Hay 25 instrucciones abiertas similares en virtud del principio de justicia universal

Es decir, como cómplice de crímenes contra la humanidad en un genocidio que se produjo ante la "débil respuesta de la comunidad internacional", en el que "entre 150.000 y 250.000 mujeres fueron violadas", además de millares de desplazados forzados a huir a los países limítrofes, según datos de la ONU

Los letrados de Simbikangwa argumentaron que el retrato del "hombre en la sombra" de su cliente se había construido antes del proceso, y que en el juicio se subestimó el valor de las pruebas para fabricar un relato basado en una deducción "abstracta".

"Hace falta un culpable a la altura de la infracción", resumía el defensor Fabrice Epstein, en un juicio "político" que concluye a pocos días de que se cumpla el vigésimo aniversario del genocidio.

Simbikangwa, capturado en octubre de 2008 por un asunto de tráfico de documentación falsificada en la isla francesa de Mayotte, fue juzgado en París, y no en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), con sede en la localidad septentrional tanzana de Arusha.

Se debe a que existen acuerdos judiciales que estipulan que esa corte procesa a los máximos responsables del genocidio y los tribunales nacionales, cuando sean competentes, a sus mandos.

En Francia hay abiertas 25 instrucciones similares en virtud del principio de justicia universal que permite a los magistrados juzgar a extranjeros en territorio francés, y en concreto desde 1996 para el genocidio ruandés.

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