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La narco-deforestación arrasa Centroamérica

Los contrabandistas invaden tierras, desplazan a la población indígena e invierten en proyectos que dañan la naturaleza

Pista clandestina de aviación en un área boscosa del oriente de Honduras

La narco-deforestación azota a Centroamérica. Los bosques y las montañas de un corredor biológico en el Caribe y las comunidades indígenas sufren las tropelías de los contrabandistas de droga, que se aprovechan de su trato con gobiernos débiles, regímenes de propiedad conflictivos, alto nivel de pobreza, cambio climático, tala ilegal, megaproyectos de infraestructura y expansión de negocios agropecuarios.

La advertencia está contenida en un paquete de informes divulgados este lunes en la capital costarricense y elaborados por la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques y el Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente (PRISMA), en coordinación con universidades de Estados Unidos y grupos no gubernamentales de México y Centroamérica.

Pese a que la crisis ataca con dureza a la región de La Mosquitia, en Honduras y en Nicaragua, y en El Petén, en Guatemala, también zonas caribeñas más prósperas como Panamá y Costa Rica están en riesgo.

“En los paisajes rurales de Petén, objetos de disputa, se combinan sitios más nuevos de transferencia primaria de drogas con rutas secundarias establecidas de transbordo a México. En el Parque Nacional Laguna del Tigre y áreas protegidas de la municipalidad de Sayaxché, la intensificación del narcotráfico ha coincidido con tasas anuales de deforestación de 5% y 10%, respectivamente. Análisis catastrales confirman que los narcotraficantes son propietarios de grandes fincas dentro de Laguna del Tigre y otras áreas protegidas”, se lee en el informe.

“Focos de deforestación intensiva a menudo se superponen en el espacio con nodos de tráfico, en particular cerca de centros primarios de transferencia de drogas en las zonas orientales de Nicaragua y Honduras. Por ejemplo, en 2011, la Reserva de la Biosfera Río Plátano de Honduras fue calificada por UNESCO (Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) como Patrimonio de la Humanidad en Peligro debido a las alarmantes tasas de pérdida de bosques atribuidas a la presencia de narcotraficantes, según indicarían las múltiples pistas de aterrizaje clandestinas a lo lago y a lo ancho de la reserva”, puntualizó.

El área deforestada en Honduras es la suma de las nuevas talas de más de 5,2 millones de hectáreas, según el Espectroradiómetro de Imágenes de Media Resolución de la Administración Nacional del Espacio (NASA), de Estados Unidos.

La deforestación “fue aumentando al mismo ritmo que el aumento del tránsito de cocaína por el bosque de Honduras oriental. El gran tamaño de los nuevos manchones de deforestación detectados (más de 5,2 millones de hectáreas) en relación con los cuadros agrícolas indígenas (menos de dos millones de hectáreas) indicaría la presencia de agentes que cuentan con capital inusual en el terreno. De manera similar, en El Petén en Guatemala, el ingreso de una cantidad sin precedentes de cocaína en la región coincidió con un periodo de gran deforestación”, explicó.

En una minuciosa descripción del fenómeno, los estudios determinaron que los narcotraficantes recurren a “tres mecanismos interrelacionados” para que la deforestación esté atada al establecimiento de centros de tránsito de drogas.

El primero es talar bosques para abrir caminos y pistas de aterrizajes clandestinas. El segundo es intensificar las presiones “preexistentes” sobre los bosques, al introducir cantidades “sin precedentes” de dinero y armas en zonas de frontera “que de por sí tienen un gobierno débil”. “Cuando residentes productores, cultivadores de palma de aceite, especuladores inmobiliarios y traficantes de madera se involucran en el narcotráfico, se narco-capitalizan y se vuelven más audaces, por lo que expanden sus actividades, generalmente en perjuicio de los minifundistas (indígenas) que a menudo son defensores claves del bosque”, precisó.

En este escenario, añadió, indígenas y campesinos “se declaran impotentes contra los sobornos, fraudes inmobiliarios y brutalidad que los despojan de sus tierras. El gobierno del bosque a niveles más altos también está desgastado por la violencia y la corrupción: los grupos de conservación han recibido amenazas y temen ingresar a las ‘narco-zonas’ y los fiscales estatales reciben coimas a cambio de desviar la mirada”.

El tercer paso es que “las inmensas ganancias” obtenidas en el narcotráfico crean “fuertes incentivos” en las redes criminales para invertirlas en actividades agrícolas. “Convierten al bosque a la agricultura (generalmente pasturas o plantaciones de palma de aceite). Las ganancias requieren ‘lavado’. La adquisición y ‘mejoramiento’ de tierras remotas (por deforestación) permite que los dólares se conviertan en activos privados sin dejar rastro y, a la vez, legitima la presencia” de los carteles del narcotráfico bajo la cobertura de una producción agropecuaria, subrayó.

“Las grandes ‘narco-propiedades’ además sirven para monopolizar el territorio contra organizaciones de narcotraficantes rivales y maximizar la zona de actividades de los traficantes”, apuntó.

Aunque comprar bosques en áreas protegidas e indígenas es ilegal, los narcotraficantes “tienen suficiente influencia política como para asegurar su impunidad y, si hace falta, falsificar los títulos de propiedad de las tierras. Así, pueden obtener beneficios de la especulación inmobiliaria cuando las venden a organizaciones criminales (nacionales y extranjeras) que con frecuencia cada vez mayor utilizan el emprendimiento rural como rubro de diversificación”, alertó.

La situación se agrava cuando el crimen organizado logra vender esas propiedades a “intereses corporativos legítimos” que buscan invertir en negocios agropecuarios en Centroamérica. “El resultado es que los bosques se convierten en forma permanente en tierras agrícolas”, afirmó.

Según los documentos, con fronteras permeables, corrupción y debilidad institucional pública, sitios remotos de Guatemala y Honduras con “escasa población y poca presencia estatal” en áreas limítrofes boscosas “ofrecen condiciones ideales” para los traficantes, mientras Centroamérica se consolidó en los últimos años como puente del contrabando de estupefacientes de Colombia a México y Estados Unidos.

En una entrevista con EL PAÍS, la estadounidense Kendra McSweeney, investigadora del Departamento de Geografía de la Universidad del Estado de Ohio, y coautora de los estudios, explicó que el fenómeno se agravó desde que el Ejército de México lanzó, en 2006 y 2007, la guerra al narcotráfico, y los carteles mexicanos desplazaron sus operaciones a Centroamérica.

“En los últimos seis años, sobre todo, hemos visto un verdadero tsunami de cocaína que pasa por vías terrestres en Mesoamérica. Siempre había droga pasando por Centroamérica, pero nunca como en los últimos seis años”, aseguró. “Los traficantes trabajan en zonas boscosas para traficar y limpiar sus ganancias sucias e invierten sus dólares sucios en potreros, ganadería, minería, agro—negocios como la palma africana y el bosque se convierte en pastizales por el narcotráfico”, lamentó.