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El principal puerto del Pacífico colombiano sitiado por la violencia

Buenaventura es víctima del enfrentamiento entre dos bandas criminales que se disputan el control, HRW denuncia desprotección del Gobierno

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco durante la presentación del informe.
El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco durante la presentación del informe. EFE

Resulta paradójico que Buenaventura, el puerto por donde se mueve más de la mitad del comercio exterior de Colombia, sea también el municipio con más desplazados del país debido a los cruentos enfrentamientos entre dos bandas criminales que tienen aterrorizada a la población. Así lo denunció Human Rights Watch (HRW), que el jueves presentó en Bogotá un informe que narra la crisis de violencia que allí se vive, luego de entrevistar a más de 70 personas.

Este puerto sobre el Pacífico colombiano en el que viven más de 370.000 personas, en su mayoría afrodescendientes, históricamente ha sido azotado por grupos armados, ya sea por las guerrillas, los paramilitares y en los últimos años, por sus herederos, en este caso las bandas conocidas como Los Urabeños y La Empresa, instaladas en los barrios de la ciudad, donde se disputan rutas de droga y el control del microtráfico cometiendo toda clase de abusos que llegan al punto de la aberración.

Según HRW, estas organizaciones criminales mantienen “casas de pique” donde desmiembran a sus víctimas, en ocasiones cuando están vivas. “Por mucho grito que se escuche, el temor no lo deja a uno salir. La gente se da cuenta y sabe dónde hay casas de pique, pero no se mete porque es un temor total”, dice un habitante de Buenaventura citado por la ONG. Estas bandas también reclutan a menores de edad, extorsionan a los comerciantes y hasta restringen la libre circulación de sus habitantes, imponiendo las llamadas fronteras invisibles.

“La situación en Buenaventura es una de las más alarmantes que hemos observado en muchos años de trabajo en Colombia y la región”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW en un comunicado. “Tan solo caminar por una calle equivocada puede provocar que uno sea secuestrado y desmembrado; por ende, no debería sorprendernos que los residentes huyan por miles”.

La existencia de las “casas de pique” ha estado en los titulares de los medios colombianos en las últimas semanas. Estas viviendas de madera estarían ubicadas en los barrios más pobres sobre la playa. Incluso se han encontrado partes de cuerpos desmembrados a la orilla del mar. La Fiscalía investiga lo que pudo haber ocurrido en dos de estas casas donde encontraron rastros de sangre a comienzos de marzo.

El miedo causó que en 2013 más de 13.000 personas abandonaran Buenaventura, señala HRW y agrega que, según las autoridades judiciales, en más de 150 casos en los cuales se denunció que una persona se había extraviado entre 2010 y 2013, habrían sido desaparecidas. Y pesar de que ha habido capturas, la impunidad está a la orden del día.

“La Fiscalía ha iniciado más de 2.000 investigaciones de casos de desaparición y desplazamiento forzado perpetrados en Buenaventura por diversos actores en las dos últimas décadas, pero ninguna ha tenido como resultado una condena”, dice HRW. La tasa de homicidios también es alarmante. En el pasado Buenaventura tenía tasas muy altas y habían venido bajando, pero volvieron a subir un 50% en el 2013, pasando de 32,4 a 48,6 homicidios por cada cien mil habitantes, según la Fundación Ideas para la Paz.

Se suma que reina la “ley del silencio” impuesta por Los Urabeños y La Empresa, por lo que las cifras de los delitos podrían ser mucho mayores. “Existe una sensación de enorme indefensión entre los habitantes de Buenaventura, que por largo tiempo han estado totalmente desprotegidos”, señaló Vivanco.

Estos hechos provocaron la reacción del presidente Juan Manuel Santos, que anunció el refuerzo de las fuerzas del orden, que hasta finales de 2013 sumaban 900 policías y 500 miembros de la Armada. Los primeros aumentaron en 650 efectivos.

Sin embargo, HRW recogió testimonios de pobladores que aseguran que la presencia de la policía se siente poco en los barrios y que a algunos los han visto reuniéndose con integrantes de las bandas criminales. Otros afirman que parte de su temor a denunciar se debe a la desconfianza en las autoridades y el temor de que vayan a filtrar la información a los delincuentes.

Para la ONG, el Estado colombiano “no brinda seguridad a comunidades de Buenaventura donde prevalecen amenazas de violencia, asesinatos, desapariciones y desplazamientos”. Por eso recomienda que la policía tenga una presencia ininterrumpida en los barrios, además que se designe una comisión independiente para evaluar las desapariciones y se diseñe un plan para sancionar a los responsables, entre otras. Buenaventura también está pendiente de tener un albergue donde puedan refugiarse los desplazados.