Caracas admite excesos al reprimir las protestas

La Fiscalía General investiga 60 casos de presuntos abusos policiales en la represión de los disturbios

Un antidisturbios dispara bombas de gas lacrimógeno. / L. R. (AFP)

La presión ejercida desde las redes sociales y, sobre todo, el registro de imágenes obtenidas sobre el terreno por testigos con sus teléfonos celulares, han surtido efecto. Ayer diversas autoridades oficiales del Estado venezolano aceptaron que los cuerpos de seguridad cometieron excesos al enfrentarse a las protestas pacíficas y bloqueos de calles que, desde el 12 de febrero, tienen lugar en diversas ciudades del país y que hasta la fecha han dejado 34 muertos y casi 2.000 detenidos.

La primera en admitir los excesos ha sido la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, una reconocida seguidora del oficialismo. En una entrevista concedida al programa de televisión de José Vicente Rangel —ex vicepresidente y excanciller de los gobiernos de Hugo Chávez, y todavía eminencia gris del régimen—, Ortega reveló que el ministerio público investiga 60 casos de presuntos abusos en la represión de los desórdenes. Matizó la información, sin embargo, asegurando que los excesos no son parte de una política de Estado y que ello contrasta, desde su punto de vista, con la persecución contra la disidencia que hubo durante la llamada —por el chavismo— Cuarta República, el período de democracia representativa que de 1958 a 1998 precedió a la autodenominada Revolución Bolivariana.

De acuerdo a la fiscal, existe una campaña que procura “hacer ver que el Estado es tan violador, o quizás más que en la Cuarta República”, y que esa campaña tiene como blanco a la Guardia Nacional (GN), fuerza pública que ha estado en la primera línea del combate a las protestas y a la que Ortega deslinda de los excesos que pudieran haber cometido algunos de sus integrantes.

El generalato aceptó que se han cometido excesos con el uso de escopetas de perdigones

Otro tanto hizo, poco después, el Alto Mando de la Guardia Nacional. En un inusual gesto, ese componente abrió las puertas de su cuartel general a un grupo de periodistas que protestaba frente a esa sede militar por la detención de Mildred Manrique, reportera del diario 2001 de Caracas.

La inesperada reunión fue presidida por el comandante general de la GN, general Justo Noguera Pietri, y los dos coordinadores de las operaciones de seguridad y orden público en Caracas y el resto del país. Aunque Noguera no tuvo problemas en declarar que su misión a cargo de la fuerza es luchar “por la patria y por el legado del Comandante Supremo”, Hugo Chávez, admitió que algunos efectivos han incurrido en excesos y han sido puestos a disposición de los organismos de la justicia. Sería el caso de la sargento que, en un vídeo difundido en las redes sociales, golpea con su casco a una manifestante que está en el suelo en la ciudad de Valencia (capital del Estado de Carabobo).

El generalato aceptó que se han cometido excesos con el uso de escopetas de perdigones, y se comprometió a investigar 56 casos de agresiones contra periodistas ocurridos durante la crisis, registrados en una lista por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Además, anunció que se prohibirá la detención de personas que graben los hechos de calle —algo que hasta ahora pasa casi de manera automática—, y que podría emitir un pronunciamiento en condena de los ataques contra reporteros.

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