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La UE expresa su “alarma” por la violencia en Venezuela

Bruselas desvela su “malestar” y “preocupación” por los choques, que ya se cobran 30 víctimas mortales

Catherine Ashton exige la apertura de un periodo de diálogo en el que se escuche a todas las partes implicadas

Un grupo de manifestantes huye de una protesta el pasado 22 de marzo.

La inestabilidad política de Venezuela, agravada por los violentos choques entre grupos opositores, militantes oficialistas y fuerzas de seguridad ocurridos desde mediados de febrero, preocupa a la Comisión Europea. El Servicio Exterior de la Unión Europea (UE) ha hecho público este lunes su sentimiento de “alarma” y “malestar” por la treintena de víctimas mortales, centenares de heridos y 1.700 detenidos que, según sus cifras, deja hasta el momento el estallido de violencia en el país latinoamericano.

“La UE está apesadumbrada por el creciente número de víctimas mortales entre manifestantes, policías y personas ajenas a los acontecimientos”, ha señalado una portavoz de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Catherine Ashton. Esta misma fuente ha remarcado que la UE sigue con “preocupación” las denuncias por supuesto uso ilegítimo de la fuerza, torturas y abusos que se han vertido contras las fuerzas del orden y contra altos funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro y ha apelado a las autoridades competentes a “garantizar” que estas acusaciones son investigadas de manera imparcial y “de conformidad” con el debido proceso legal. “La velocidad aparente en su sentencia”, señala el Servicio Exterior europeo en alusión a la Comisión de la Verdad con la que el Ejecutivo venezolano pretende investigar lo sucedido en las protestas, “plantea algunas preocupaciones potenciales”.

Teniendo en cuenta el habitual lenguaje críptico que caracteriza los comunicados diplomáticos europeos, es especialmente significativo que la UE haya optado en esta ocasión por comunicar a las claras y sin titubeos su postura sobre el grave episodio de conflictividad social que sufre Venezuela. “Condenamos la intolerancia y el uso de la violencia y estamos preocupados por las denuncias de presunto uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado”, señala en relación a las quejas de los manifestantes.

“Consideramos que corresponde a los poderes públicos garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, y nos unimos a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en su recordatorio de que el Gobierno debe garantizar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley actúan en consonancia con las normas internacionales”, señala el departamento de Ashton. La responsable de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, ha exigido reiteradamente al Gobierno de Maduro que “renuncie” de inmediato al uso de la violencia y “dé pasos hacia” el diálogo real.

Siguiendo la estela de la ONU, el Ejecutivo comunitario ha señalado hoy su “apoyo” a los esfuerzos regionales para que todas las partes vuelvan a sentarse a negociar con el objetivo de poner punto y final a los disturbios y afirma “tomar nota” de la reunión ministerial de Unasur —la organización que reúne a todos los países de América del Sur—. Está previsto que el martes llegue a Venezuela una delegación de los ministros de asuntos exteriores de los Estados representados en el organismo con el objetivo de desbloquear las negociaciones entre oficialistas y opositores. El Servicio Exterior europeo matiza, no obstante, que para que este diálogo sea efectivo, los cancilleres de los países de Unasur deben tener en consideración los postulados de la oposición a Nicolás Maduro. “De las negociaciones debería resultar una agenda aceptable para todas las partes”, zanja.

Por primera vez desde que se iniciaran los disturbios el pasado 12 de febrero, varios representantes del oficialismo admitieron el sábado que se habían producido “excesos” en la represión de las protestas. La Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, apuntó en una entrevista que su departamento investiga 60 presuntos abusos pero matizó que “no son parte de una política de Estado”. Poco después, el comandante general de la Guardia Nacional de Venezuela admitió que algunos de sus efectivos habían incurrido en “excesos” y se comprometió a investigar 56 casos de agresiones de periodistas.