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El FMI impone duros recortes a Ucrania a cambio del rescate

El Fondo anuncia un paquete de ayuda de 19.500 millones de euros a Kiev

“Si este país fuera una empresa, ya habría quebrado”, dice Yatseniuk ante el Parlamento

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde. EFE

Esgrimiendo los miles de millones de dólares robados al erario público por el expresidente Víctor Yanukóvich y su clan en una mano; y en la otra, el jarabe de austeridad que a partir de ahora deberán apurar los ucranios, el primer ministro interino, Arseni Yatseniuk, compareció este jueves ante la Rada Suprema (Parlamento) de Kiev para pedir apoyo al amplio paquete de reformas impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de una ayuda de 19.000 millones de euros destinada a apuntalar una economía en caída libre.

“Si este país fuera una empresa, ya habría quebrado”, dijo ante el Parlamento Arseni Yatseniuk. Fueron 30 minutos de agónica comparecencia, repleta de números rojos. El déficit alcanzará este año los 26.000 millones de dólares, la mitad del presupuesto nacional (50.000 millones), mientras que el PIB registrará en 2014 un descenso del 3% en caso de que se adopten las medidas propuestas, y del 10% si la Rada las rechaza, amenazó Yatseniuk durante su discurso. La inflación se situará entre el 12% y el 14%.

El Gobierno interino de Ucrania ha debido convertir a toda prisa en proyecto de ley las reformas demandadas por el FMI y otros prestamistas internacionales, que inyectarán dinero durante los próximos dos años para ayudar al país a recuperarse de la gestión económica y el saqueo de Yanukóvich, pero también de la inestabilidad provocada por las revueltas del Maidán, que desembocaron en la sangrienta salida del poder de este, en febrero.

Las medidas tienen como objetivo, entre otras cosas, frenar el gasto público, con un tijeretazo inmediato a la Administración de 24.000 funcionarios (de los 249.000 existentes); incrementar la recaudación fiscal, con tasas extra incluso para el consumo de tabaco y alcohol, aunque se descarta de momento la puesta en marcha de un impuesto a los depósitos para evitar la huida masiva de capital; combatir la corrupción, también presente en Crimea —por ejemplo, en la venta fraudulenta de bienes públicos a próximos de Yanukóvich—, y, finalmente, implementar reformas estructurales en sectores clave, como el energético.

El aumento del precio del gas para el consumidor es el punto más sensible —e impopular, a solo dos meses de las elecciones del 25 de mayo, a las que este jueves anunció su candidatura la ex primera ministra Yulia Timoshenko— del paquete de reformas aprobado este jueves por mayoría absoluta. Yatseniuk ha advertido de que Ucrania pagará desde abril por el suministro de gas ruso 480 dólares los mil metros cúbicos, en vez de los 280 que costaban hasta ahora, y recordó también que los ucranios disfrutaban de uno de los precios más bajos en la región, menor incluso que el ruso. Para afrontar una subida tan drástica, el dirigente anunció subsidios en la compra de gas de hasta 500 grivnas al mes (35 euros) para cuatro millones de familias, es decir, el 30% de la población, de 46 millones de habitantes.

El jefe del Ejecutivo —quien califica a su Gobierno de “suicida” porque pagará con la autodestrucción la impopularidad de sus decisiones— responsabilizó de todos los males actuales al Gobierno de Yanukóvich, no solo por hacer desaparecer miles de millones del presupuesto —unos 37.000, en dólares—, sino también por malgastar 20.000 millones más en mantener una tasa de cambio ficticia, y desviar otros 70.000 a zonas offshore. El FMI solicitaba hacía meses que la grivna (una equivale a 0,07 euros) fluctúe libremente frente al dólar, una demanda a la que Yanukóvich se negó en redondo.

A todos esos agujeros se suma uno más reciente, la pérdida de propiedades militares en Crimea por valor de 1.700 millones de dólares tras la salida de las tropas ucranias, aún en curso.

Este préstamo de 19.000 millones por parte del FMI y otras instituciones internacionales se suma a otros por valor de 37.000 millones de dólares a los que el Gobierno anterior tuvo que recurrir para financiarse.

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