Un juzgado anula el informe que vincula a Alan García con los narcoindultos

El expresidente de Perú es investigado por otorgar beneficios penitenciarios a presos relacionados con el tráfico de droga

Alan García, durante su comparecencia en la comisión que lo investiga / EFE

El Quinto Juzgado Constitucional de Lima ha dictado una resolución que anula –en los puntos que menciona al expresidente Alan García– los informes de la comisión del Congreso que investigó el segundo Gobierno del mandatario (2006-2011) por su relación con los narcoindultos, unos beneficios penitenciarios a reos acusados de traficar con droga. El mandatario otorgó durante su presidencia 5.000 conmutaciones de penas de las que se beneficiaron 400 personas relacionadas con el narcotráfico. 

El tribunal actuó de acuerdo a una acción de amparo que el Poder Judicial admitió a favor de García en diciembre, y que dejaba sin efecto la sesión del 30 de octubre de 2013, en la que respondió preguntas del grupo parlamentario. El presidente de la llamada Megacomisión, Sergio Tejada, del partido oficial Gana Perú, estaba de viaje el lunes cuando la Corte Superior de Lima difundió la decisión y solo alcanzó a tuitear: “La historia de nuestro Perú no debe registrar un nuevo episodio de impunidad. La democracia se ve fuertemente mellada cuando hay intocables”.

El Congreso volvió a ponerse en marcha hace tres semanas después de un receso durante el verano, y el congresista oficialista Juan Pari anunció a mediados de marzo que los ocho informes de la Megacomisión serían debatidos por el Pleno en abril, comenzando por el de los narcoindultos, el tema más relevante.

Para el líder de Partido Aprista Peruano, la revelación de inicios de 2013 acerca de las más de cinco mil conmutaciones de pena e indultos a narcotraficantes y mulas (personas que transportan droga) fue la declaratoria de guerra del Gobierno, dado que un congresista del partido oficial preside la Megacomisión. Entonces, el exjfefe de Estado acuñó la expresión reelección presidencial para referirse a la supuesta futura candidatura de la primera dama Nadine Heredia y así contraatacar las acusaciones en su contra. García señala que la comisión investigadora sirve para una persecución política en su contra que tiene como objetivo final inhabilitarlo para las elecciones de 2016.

Los medios de comunicación de Lima han informado acerca de los ocho informes que ha preparado la Megacomisión, pese a que ésta no ha querido difundir ninguno oficialmente antes de que sean votados por el pleno del Congreso. Los que podrían conducir a una votación en la comisión de acusaciones constitucionales son los de narcoindultos, la supuesta manipulación política de la Fiscalía en el caso BusinessTrack (BTR) ligado a interceptaciones telefónicas (petroaudios), la supuesta venta ilegal del terreno del aeródromo de Collique, e irregularidades en el programa de saneamiento ‘Agua para todos’.

Un comunicado de prensa de la Corte Superior de Justicia de Lima informa que la resolución de la sala presidida por el juez Hugo Velásquez sostiene que el grupo de trabajo parlamentario incumplió la sentencia judicial anterior que anuló la citación del 4 y la sesión del 30 de octubre “por haber emitido con posterioridad” a esas fechas sus informes y “declaró nulo todo informe final de la Megacomisión donde recomienda acusar a Alan García Pérez como actor de diversos delitos constitucionales”.

La resolución refiere que “si la Comisión demandada ha emitido informes finales donde recomienda acusar al actor (García) por diversos delitos, faltas y/o infracciones constitucionales también se encontrarían afectados de nulidad al haberse emitido con posterioridad a la citación del 4 de octubre y sesión del 30 de octubre”.

La tarde del lunes, el congresista aprista Javier Velásquez Quesquén dijo en Canal N que "los informes son nulos con respecto a Alan García". El Apra tiene cuatro de 130 congresistas y por lo general coincide en la orientación de votos con el fujimorismo y Solidaridad Nacional, sin embargo, analistas y el oficialismo creen que hay votos suficientes en el Congreso para acusar constitucionalmente al máximo líder aprista.

La acción de amparo que logró García en diciembre indica que la citación que le formuló en octubre la Megacomisión no detalló el motivo de la comparecencia y ello no le permitía prepararse adecuadamente para defenderse de las acusaciones.

Según el periodista judicial César Romero, corresponde al procurador del Congreso apelar esta resolución ante la Primera Sala Civil de Lima, superior a la Quinta Sala Constitucional.

Un grupo de ciudadanos convocó vía Twitter a un plantón #contralaimpunidad a las 19.00 del lunes en la Plaza San Martín del Centro de Lima. Dos horas después de lo programado aún llegaban jóvenes con carteles pidiendo “Alan García nunca más”, una frase común desde el final de su primer gobierno (1985-1990) cuando Perú vivió con hiperinflación, escasez de productos de primera necesidad y terrorismo. Aquella primera gestión aprista terminó con pilotes de cemento en varios kilómetros de Lima, las bases de un tren eléctrico sobrevalorado que solo pudo inaugurar al final de su segundo gobierno: 20 años más tarde.

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