Peña Nieto lanza un plan para arrebatar su estado de las manos de la delincuencia

El PRI ha encajado un duro golpe este lunes. El secretario de Gobernación (ministro del Interior), Miguel Ángel Osorio Chong, ha dado a conocer que el Gobierno ha iniciado un operativo especial de seguridad en el Estado de México, una entidad que colinda con el Distrito Federal. El objetivo, señaló Osorio, es “devolver la tranquilidad” a la entidad más poblada del país y el estado natal del presidente Enrique Peña Nieto, que lo gobernó por seis años. El operativo, que entró en vigor el fin de semana, estará vigente por toda la Administración federal de Peña, que concluye en 2018.

El Estado de México es una entidad emblemática para el PRI. Se trata de un bastión donde gobiernan sin que la oposición les haga sombra. El grupo Atlacomulco, la facción política a la que pertenece el presidente Peña Nieto se forjó en esta entidad. Desde hace varios meses una ola de violencia ha pulverizado la paz de sus más de 15 millones de habitantes. Prácticamente todos los delitos han ido en aumento,desde los más comunes, como el asalto en la vía pública hasta el secuestro. Cuatro de cada diez mexiquenses fueron víctimas de un crimen, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública.

El plan, señaló Osorio, comenzó desde el pasado sábado. El ministro reconoció que el operativo no estará presente en todos los municipios, sino en “la zona metropolitana” y en algunos municipios del sur de la entidad, una región que colinda con Michoacán y Guerrero, que también presenta altos índices delictivos. El Estado de México comparte fronteras transparentes con el Distrito Federal para formar el valle de México, un caótico hogar de 22 millones de personas. La disparidad del amplio espectro que abarca el Estado de México va de Ciudad Nezahualcóyotl, un gigantesco asentamiento de carácter popular, a Tecamachalco o sectores de Bosques de las Lomas, zonas residenciales de los más ricos y poderosos del país. La violencia también ha incrementado en municipios de alta densidad poblados en su mayoría, por la clase media, como Nacualpan, Cuatitlán y Ecatepec. El 90% de sus habitantes lo considera un estado inseguro, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

Al fin el Gobierno decide reconocer y enfrentar un problema que no es nuevo. La criminalidad es un tema que ha marcado al Estado de México desde hace varios años. En su sexto informe de Gobierno, el entonces gobernador Enrique Peña Nieto subrayó una reducción en la tasa de homicidios. El Estado habría pasado de 16.5 asesinatos por cada 100 mil habitantes en 2005 a 7.6 en 2010. The Economist señaló días después que la afirmación era equivocada. El delito, en realidad, había aumentado un 40%, según la publicación británica.

Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México desde septiembre de 2011, acompañó en la conferencia al ministro Osorio. Ahí anunció que Rocío Alonso, secretaria de Seguridad Ciudadana del Estado de México, "presentó su renuncia". El 26 de febrero Alonso fue abucheada junto con el fiscal del Estado, Miguel Contreras, por un grupo de vecinos y empresarios de Ciudad Satélite que reprobaron el trabajo de los funcionarios en materia de seguridad.

Ávila ha nombrado como nuevo encargado de seguridad a Damián Canales, exjefe de la División de Investigación de la Policía Federal. Canales conoce bien la zona metropolitana de la ciudad de México. Fue director de la policía judicial del Distrito Federal y, lo más importante, es un hombre de la entera confianza del grupo Hidalgo, otro de los equipos políticos hegemónicos del Gobierno federal . Canales fue el secretario de Seguridad Pública de Miguel Osorio Chong cuando gobernaba el estado de Hidalgo. “Lo conozco. Tengo el gusto de conocer el trabajo realizado tanto en la capital del país como en el estado vecino, hermano de Hidalgo”, dijo Ávila.

El gobernador también nombró cinco acciones para combatir la inseguridad. La más importante es la “depuración de los cuerpos policiales estatales y municipales”. Ávila ha anunciado que 4.000 elementos que no han pasado los exámenes de control de confianza serán dados de baja. La policía del Estado de México atraviesa, desde hace varios años, una crisis de credibilidad. Organizaciones de la sociedad civil como México Unido contra la Delincuencia ha documentado casos de policías del Estado de México que han asaltado a empresarios en las carreteras de la entidad.

Ávila también señaló que robustecerá con “equipo de inteligencia y tecnológico” la tarea de los cuerpos de policía. Para “el fortalecimiento del tejido social” el estado invertirá 5.400 millones de pesos (413 millones de dólares) en educación de jóvenes, fomento al empleo y rescate de espacios públicos. Dos bases del Ejército y la Armada también serán inauguradas en un futuro próximo, anunció el mandatario. 

El presidente Peña ha optado en el Estado de México por una estrategia similar a la desplegada en Michoacán desde enero, cuando nombró a Alfredo Castillo, uno de sus incondicionales, como comisionado de seguridad. Aunque no se hizo un nombramiento similar, el Gobierno ha puesto a cargo de la secretaría a un funcionario de todas las confianzas del secretario de Gobernación, encargado de coordinar las estrategias contra la delincuencia en este sexenio. Es difícil pensar que el gobernador Ávila tendrá la última palabra en la materia en su entidad. La Administración de Peña Nieto y las autoridades locales comienzan este lunes un empinado camino donde hay mucho en juego: la paz de 15 millones de personas y la reputación del priismo más tradicional.