Legalidad y legitimidades

En Venezuela se enfrentan una legalidad, la del Gobierno chavista, y dos legitimidades, la de la protesta popular que arde en la calle en nombre de los principios generales de la democracia occidental y la del propio poder, que llama bolivariana, y, aunque retiene elementos del sistema que rige en Occidente, interpreta su propio entramado con voluntarismo interesado.

Desde el 12 de febrero las manifestaciones se suceden a diario pidiendo la dimisión del presidente Maduro, y con una estrategia bien definida de cortes de avenidas, barricadas y entorpecimiento de todo tipo de la vida ciudadana, su fin es, patentemente, crear tal caos que el Ejército se vea obligado a intervenir y ponga fin al “régimen” abriendo paso a una nueva constituyente. El poder acusa a los revoltosos de obrar al dictado del “imperialismo norteamericano”, que es cierto cuando menos que se complace con las dificultades de Caracas. Pero uno se pregunta, ¿qué interés pueden tener los militares en dar un golpe contra sí mismos?, dado que ya tienen el poder: 11 ministerios, con el dominio no solo de Defensa, sino de Interior y Economía, así como la gobernación de la mayoría de las provincias del país. Y, aun así, Maduro multiplica las exhortaciones a mantener la unidad “sin fisuras” de las FF AA; fisuras en las que han cabido, sin embargo, tres generales de aviación, detenidos a la espera de acusaciones más concretas.

El biógrafo del desaparecido Hugo Chávez, Alberto Barrera, subraya que la táctica callejera de la oposición le hace, en realidad, favor al Gobierno, que prefiere que se hable de barricadas a hacerlo de escasez de artículos de primera necesidad, inflación o inseguridad ciudadana, que son las plagas de las que se nutre legítimamente la protesta, cuando es pacífica. La represión gubernamental no para, con todo, en distingos y es brutal a voluntad o en ocasiones atiende a las frecuentes jaculatorias de Maduro, cuando no utiliza armamento para dar la muerte. La discrepancia entre las partes es tal que ni siquiera se ponen de acuerdo sobre el número de bajas en la represión y los enfrentamientos. Interior afirma que los muertos son 39, porque incluye a los agentes de la Fuerza Pública que asegura que han muerto, sobre todo, a manos de francotiradores; y la oposición, que dirige Leopoldo López, encarcelado desde el 18 de febrero y acusado de autor intelectual del intento de golpe, habla de solo 28, porque niega que la muerte de agentes tenga que ver con la protesta.

Esta semana deberían celebrarse diálogos de paz Gobierno-oposición en Caracas con la mediación de UNASUR, organización latinoamericana donde la impronta bolivariana es fuerte. Pero cabe dudar de sus expectativas porque la fuerza callejera exigiría como mínimo graves reformas de esa legalidad ad hoc, a lo que el presidente difícilmente accederá porque entonces serían los propios chavistas los que llegaran, probablemente, a la conclusión de que se equivocaron de sucesor.