La arbitrariedad manda en las detenciones durante las protestas
Entre las 2.326 detenciones que se han producido desde el 12 de febrero, no todas fueron de celebridades políticas
Dos alcaldes en ejercicio y un exalcalde, Leopoldo López, dirigente del partido Voluntad Popular, han quedado privados de libertad luego de que las autoridades venezolanas les acusaran de instigar las protestas y barricadas en las calles. Pero entre las 2.326 detenciones que, según los registros del Foro Penal Venezolano, se han producido desde el 12 de febrero, no todas fueron de celebridades políticas. De hecho, es entre los ciudadanos anónimos donde se detectan con mayor claridad los aspectos de arbitrariedad y retaliación que caracteriza el contrataque combinado de los cuerpos de seguridad y el poder judicial.
En el estado Barinas, tierra de origen del comandante Chávez, sigue presa desde hace un mes una pareja de abogados, Sandra y Hernán Garzón. Se les atribuye la quema de una instalación de la empresa petrolera estatal, hecho que habría ocurrido –según denuncian los defensores de la pareja- un día en que los imputados viajaban al exterior del país.
En el estado de Aragua fue capturado Raúl Emilio Baduel, hijo del general homónimo que fue titular del ministerio de Defensa en el gobierno de Hugo Chávez. Una vez retirado, el general Raúl Baduel –héroe del chavismo desde que en abril de 2002 resultó decisivo en la restitución del comandante revolucionario en el poder- rompió con el gobierno y fue acusado por corrupción, cargos que lo llevaron a la cárcel. Ahora su hijo fue trasladado a una de las prisiones más peligrosas del país, Uribana, en el estado de Lara.
Pero quizás uno de los casos más elocuentes sea el de Massiel Miranda, una vendedora ambulante de comida que suele apostarse a las afueras del Parque del Este de Caracas, muy cerca de la Plaza Altamira, zona cero de los disturbios en la capital venezolana. Miranda, de 21 años de edad, encontró el 1 de abril un bolso abandonado cerca de su puesto. Cuando lo revisó, resultó que llevaba explosivos de fabricación doméstica. Denunció el hallazgo ante la Guardia Nacional, que la detuvo. Hoy enfrenta acusaciones de terrorismo, recluida en la cárcel femenina de Los Teques (estado de Miranda).
