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Los diputados socialistas rechazan el plan de austeridad de Hollande y Valls

El motín de la mayoría reclama suprimir las medidas contra los funcionarios, los pensionistas y los pobres

El presidente fracés. Francois Hollande (d), y el primer ministro, Manuel Valls. REUTERS

Tras el desastre de las elecciones municipales, la precipitada crisis de Gobierno, la salida de los Verdes del Ejecutivo, y la calamitosa dimisión de Aquilino Morelle —principal asesor político de François Hollande y enlace con el primer ministro, Manuel Valls—, el Partido Socialista (PS) francés se encuentra al borde de la implosión y del ataque de nervios.

Hace unos días, cien diputados de la mayoría publicaron un manifiesto contra la nueva política económica del Gobierno, plasmada en los recortes masivos del gasto público y en el pacto por el empleo y la competitividad ofrecido por Hollande a la patronal. Este lunes, otro grupo de parlamentarios socialistas adscritos a la Comisión de Finanzas se ha unido al motín de la mayoría socialista y ha presentado tres planes de ahorro alternativos al programa de austeridad presentado por Valls la semana pasada.

Los diputados disidentes, que suman un tercio del grupo parlamentario socialista, reclaman cambios sustanciales en el llamado pacto de responsabilidad, que prevé recortar 50.000 millones de gasto público entre 2015 y 2017 para cumplir con el compromiso del déficit y para financiar una bajada de las cargas laborales a la patronal por valor de 38.000 millones de euros.

El ajuste fiscal desgranado por Valls y exigido por Bruselas y Berlín, planea la congelación de los sueldos de los funcionarios, de las pensiones y de las prestaciones sociales, pero no pide contrapartida alguna a los empresarios a cambio de ese cheque en blanco. La patronal MEDEF, de clara inspiración germanófila, ha prometido que la bajada de los impuestos empresariales servirá para crear un millón de empleos, aunque sin especificar cuándo ni de qué tipo serán esos nuevos puestos de trabajo.

Algunos defensores del neoliberalismo, como Alain Minc, exconsejero de Nicolas Sarkozy, han defendido que el giro de Hollande, un giro que la derecha no se atrevió a dar cuando gobernaba, es un gran avance para el país: “En el fondo, Mitterrand nos desembarazó del comunismo; ahora, Hollande nos desembaraza del socialismo. Esto es, para Francia, un gigantesco paso adelante”, ha escrito Minc.

Pero numerosos economistas, muchos diputados socialistas y los sindicatos se oponen radicalmente al tijeretazo indiscriminado, y aseguran que tendrá consecuencias letales para el crecimiento y la creación de empleo, que aumentará la precariedad y la pobreza, que rebajará el poder adquisitivo de los más débiles y que empeorará las prestaciones sociales. Un grupo de economistas adscrito a Sciences Po y un informe oficial del Instituto Nacional de Estadística han subrayado que el plan aumentará los beneficios de las empresas privadas pero moderará el crecimiento del PIB en casi un punto por año.

La rebelión del grupo parlamentario socialista recuerda en parte a la crisis interna que vivió el PSOE en 2010 cuando José Luis Rodríguez Zapatero presentó su primer plan de ajuste fiscal, cifrado en 15.000 millones de euros en año y medio. Y el temor de los disidentes es que, como pasó en España, este primera tanda de recortes sea solo el aperitivo de otras peores y acabe condenando al PS a una derrota catastrófica en 2017. La gran diferencia, según ha recordado la web Mediapart, es que Madrid tenía en 2010 un déficit superior al 11% y el desfase contable de Francia es en este momento del 4,3%.

El motín complica aun más la frágil situación de Hollande, y coloca contra las cuerdas a su nueva mano derecha y probable aspirante a disputarle la nominación a las presidenciales de 2017, Manuel Valls. El Gobierno tiene que presentar su ajuste a la Asamblea Nacional el próximo 29 de abril. Sabedor de que los Verdes y los comunistas no le darán su apoyo, Valls tendrá necesariamente que consensuar el plan con el PS si desea reunir los votos suficientes.

Christian Paul, diputado por Niévre y uno de los impulsores del “Manifiesto de los 100”, ya ha adelantado que si el Gobierno no cambia su plan, él no lo votará el día 29. Los disconformes, pertenecientes al ala izquierdista del PS, reclaman que los recortes no afecten a las rentas más bajas y subrayan que son “contrarios a los compromisos adoptados ante los electores”.

La encargada de pactar el diseño final del ajuste con el Gobierno es la diputada socialista Valérie Rabault, de 40 años, recién elegida ponente general de Presupuestos. La primera mujer que accede a ese puesto, antigua directiva del banco BNP Paribas, se reunirá con Valls el martes para empezar a negociar.

El lunes, su nuevo jefe, el primer secretario del PS, Jean-Christophe Cambadélis, trató de bajar los humos a los diputados discrepantes. “Reivindico el derecho a la impertinencia y a la insolencia para luchar contra la derecha o contra el FN, pero ante el Gobierno de Manuel Valls debemos ejercer una solidaridad exigente”, enfatizó Cambadélis. Y añadió: “No estoy entre los que quieren desautorizar a François Hollande”.

Hace un año, Cambadélis elaboró el polémico borrador del programa electoral del PS para las elecciones europeas, donde se reclamaba un cambio de rumbo a la Comisión Europea y se afirmaba que las políticas de austeridad eran un síntoma de la “intransigencia egoísta” de la canciller Angela Merkel.

Eran otros tiempos. Ahora, Hollande trata de ganarse la gracia de los neoliberales presentando los ajustes como la última oportunidad de mejorar la competitividad y de crear empleo. Valls ha tratado de vender los recortes como un programa de reformas indispensable para cumplir con Europa y fortalecer a Francia, y ha dicho que “es hora de decir la verdad a los ciudadanos”. Irónicamente, el primer ministro ha negado que se trate de un plan de austeridad.

Según ha escrito Laurent Mauduit, cofundador de la web Mediapart, el “plan de austeridad es socialmente explosivo y democráticamente ilegítimo, porque somete a los funcionarios, los pensionistas y los más pobres a un violento plan de recortes para ofrecer 38.000 millones de regalo a los empresarios. Sin ese regalo, no habría necesidad de someter al país a semejante purga”.

Tres planes alternativos para evitar el choque

M. M.

Las medidas fiscales y de ahorro anunciadas por el Gobierno socialista prevén recortar en 28.000 millones el déficit estructural de Francia entre 2014 y 2017. El plan original es que los impuestos de los hogares suban en 10.000 millones de euros y los de las empresas se reduzcan en 38.000 millones. Además, se prevén 56.000 millones de ahorro: 26.000 millones a cargo del Estado central; 13.000 millones en la Seguridad Social, 4.000 millones en otras prestaciones sociales y 13.000 millones para los organismos locales.

Para tratar de evitar el choque de los diputados con el Ejecutivo y sacar adelante el Programa de Estabilidad el próximo día 29, un grupo de parlamentarios socialistas adscrito a la Comisión de Finanzas ha trabajado el fin de semana de Pascua –cosa insólita en Francia- y el martes presentará tres propuestas alternativas a Manuel Valls. Las tres respetan el objetivo de reducir en 28.000 millones el déficit contable. La idea que inspira las propuestas es la de “no reducir el poder adquisitivo de los ciudadanos, sobre todo de los más débiles”.

Plan 1

Propone aplicar las rebajas de las cargas patronales a las pymes desde 2015, retrasando a 2016 la rebaja a los grandes grupos. Eso permitiría liberar 3.000 millones en 2015, sin congelar las prestaciones sociales y aumentando medio punto los salarios de los funcionarios.

Plan 2

Retirada de los descuentos fiscales a las empresas: dejándolos al nivel de 2014, se liberarían 3.000 millones y eso permitiría subir un 1% los sueldos públicos.

Plan 3

Reduce la bajada de impuestos a las empresas desde 38.000 millones a 33.000 millones y propone un plan de lucha contra el fraude fiscal. Eso permitiría igualar el impuesto de sociedades de las pymes y los grandes grupos en 2017, reducir en 2.000 millones el ahorro de los organismos públicos y en la misma cantidad el IRPF, sin congelar prestaciones y subiendo un punto los salarios de la Administración.

Fe de errores

El plan de ajuste de Zapatero de 2010 ascendía a unos 15.000 millones de euros, y no 50.000, como se afirmaba en el artículo. El dato ha sido corregido en el texto.