Los linchamientos y la impunidad se retroalimentan en Centroamérica

Fue el pasado 9 de abril. A menos de 100 metros al este del edificio principal de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, un hombre asaltó a una embarazada y le robó un bolso. Cuando se daba a la fuga, fue atrapado por una turba que le vapuleó y linchó en plena vía pública, antes de ser rescatado y detenido por efectivos policiales.

Una costarricense que, en complicidad con su compañero sentimental, es sospechosa de asesinar a golpes a su hijo de nueve meses recibió una golpiza el 12 de abril. El suceso tuvo lugar en una cárcel de mujeres en San José y se produjo a manos de otras reclusas menos de 24 horas después de ingresar al penal.

Una muchedumbre de más de 2.500 personas asesinó en un linchamiento en octubre de 2011 en la capital de Guatemala a un joven de 18 años acusado de asalto, robo, secuestro y violación sexual.

Por estos y otros numerosos ejemplos, desde Guatemala a Panamá, los linchamientos han irrumpido en Centroamérica como parte de una supuesta “justicia popular” a pesar del riesgo de ser mecanismos de “limpieza social”. Todo ello en el contexto de la incapacidad estatal de sancionar la delincuencia y de evitar propiciar la impunidad, uno de los añejos males del aparato legal de la región.

Uno de los sangrientos casos estremeció a Honduras en mayo de 2012, en el departamento de Colón (este del país): un hombre de 48 años mató a puñaladas a una mujer de 24 a la que intentó violar. Cuando trató de escapar, fue atrapado por un enfurecido grupo de pobladores que, a patadas y pedradas, lo mató e impidió la intervención policial.

La situación más grave se da en Guatemala, debido a las costumbres indígenas de desconocer y desconfiar de las estructuras institucionales de justicia. Un informe de la estatal Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala entregado a EL PAÍS reveló que, de enero de 2004 a noviembre de 2013, hubo 295 asesinatos—entre ellas 14 mujeres—por linchamiento. Además, 1.704 personas resultaron heridas en ese tipo de actos.

Guatemala pasó de un promedio mensual de 4,5 heridos y muertos en linchamientos en 2004 a 42,43 en 2013. En el periodo, hubo 1.224 otros casos de “retenciones multitudinarias”, que son eventos en los que los sospechosos de cometer delitos son retenidos por comunidades. En Honduras, solo en 2005, hubo 15 linchamientos y 30 ejecuciones extrajudiciales.

Fenómenos cercanos

Centroamérica está considerada una de las zonas más violentas del mundo, con promedios regionales de homicidios superiores a los 27 por cada 100.000 habitantes. En sus investigaciones sobre los problemas de inseguridad en la región, el Programa de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha identificado que en este tipo de hechos —cobrar venganza, ajuste de cuentas o pretender tomarse la ley y hacer justicia con sus manos— hay dos fenómenos cercanos pero con características propias: los linchamientos y las operaciones de “limpieza social”.

Los linchamientos, según el PNUD, son hechos punibles bajo el manto de una presunta “justicia popular” ejercida por turbas. La “limpieza social” es ejecutada por grupos o escuadrones de la muerte con el pretexto de liberar a una comunidad de indeseables.

El PNUD describe dos situaciones que ocurren en Centroamérica. Por un lado, considera los linchamientos como una forma de acción colectiva para ejercer violencia en contra de quien o quienes son considerados autores de un delito. En consecuencia, se trataría de actos de carácter privado e ilegal que se traducen en un fuerte castigo físico y que no siempre desembocan en la muerte. Estos actos ocurren como reacción emocional y espontánea de un grupo de personas y usualmente son promovidos por líderes que instan a hacer una “justicia de urgencia”.

Por otro lado, considera que existen las operaciones de "limpieza social”. Estas implican el acuerdo previo y calculado de un conjunto de personas para asesinar a habitantes de la calle, drogadictos, prostitutas u otros miembros de grupos marginados. También tienen como objetivo a personas identificadas o estigmatizadas como autores habituales de delitos, tales como jóvenes de barriadas populares y pandilleros.

Ese tipo de actividades pueden o no incluir la participación de miembros de las fuerzas de seguridad estatales. Cuando estos actúan en connivencia o intervienen directamente, se trata de “ejecuciones extrajudiciales”. Estas prácticas se achacan a la incapacidad del Estado para llevar a juicio y lograr el castigo legal de los delincuentes, aunque reflejan una “cultura enfermiza” de falta de respeto a la ley.

Sin respuestas estatales, “la cultura de violencia y la desesperación imperante en la población” contribuyen “al desborde de la violencia en Guatemala”, advirtió la guatemalteca Claudia Samayoa, investigadora del fenómeno regional de inseguridad, al ser consultada por EL PAÍS. Hay un “clamor social por la aplicación de políticas represivas y violentas” como la pena de muerte, o la “anuencia” para ejecutar la “mal llamada limpieza social (ejecuciones extrajudiciales) y el caso más extremo se ve evidenciado en el aumento de los linchamientos”, alertó.