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Así actúan los ‘lobbies’ en la UE

Mientras la indiferencia ciudadana crece, hay sectores que no permanecen impasibles

Grupos como la industria tabaquera, las tecnológicas o las empresas de energía quieren influir

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Interior de la planta tabacalera de Altadis en Cádiz, cerrada recientemente.

Desembarco tabacalero en Europa

La redacción y posterior aprobación de la directiva del tabaco, en febrero pasado, hizo retumbar todos los tambores de los 97 lobbies de la industria en Bruselas, que no escatimaron recursos en el intento de acomodar el texto final a sus intereses privados. Hasta 200 personas desembarcaron en la capital comunitaria bajo la batuta de las tres grandes del sector —Philip Morris, British American Tobacco y Japan Tobacco— en una operación a la que destinaron más de tres millones de euros y que dividieron en dos fases: primero, persuadir a la Comisión Europea, y segundo, intentar convencer a los eurodiputados y a los Gobiernos nacionales. Los representantes del sector tabaquero de todos los Estados miembros coparon los hoteles de la capital belga durante semanas con un objetivo único: que la norma que saliera de las instituciones comunitarias fuese lo menos dañina posible para sus cuentas de resultados.

La cabeza visible de la industria tabaquera española es Juan Páramo, portavoz de la Mesa del Tabaco —la organización que reúne a todos los agentes del sector—. Admite haberse reunido "en varias ocasiones" con eurodiputados de su misma nacionalidad para explicarles el impacto que la directiva, en aquel momento aún en ciernes, tendría sobre un sector "clave" para España. La presión de la industria tabaquera europea, de la que él es un destacado miembro, tenía un primer objetivo: convencer a los 71 miembros de la comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Alimentaria de que debían dar el primer visto bueno a la propuesta legislativa del Ejecutivo comunitario.

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Juan Páramo, portavoz de la Mesa del Tabaco.

"Los lobbies no son como los pintan en las películas pero hay que tener cuidado con sus estrategias". El veterano eurodiputado socialista Andrés Perelló, miembro de este grupo de trabajo, afirma estar acostumbrado a lidiar con fabricantes de automóviles, carburantes o medicamentos —bienes, todos ellos, fuertemente expuestos a cambios regulatorios— pero no recuerda ninguna industria que le haya sometido al nivel de presión de la tabaquera. Se muestra comprensivo con el trabajo de los lobbies siempre y cuando se avengan a un código de conducta "adecuado" y rechaza de pleno algunas de sus maniobras. "Estamos dispuestos a dialogar siempre que no nos veamos presionados por nadie", afirma. Su máxima cada vez que un lobbista le visita en su despacho es ser "totalmente transparente" y uno de sus asistentes toma nota de todo lo tratado en la reunión. "Para que conste", remarca.

"La presión consiste en visitas al despacho en tono muy cordial y en absoluto amenazante", sugiere otro eurodiputado, que reconoce haber recibido "muchas presiones". Todas fueron en vano: no le afectaron a la hora de emitir su voto. "No es plato de buen gusto pero todas las acciones fueron legales", añade. En esta ronda de presión comunitaria también entran en juego las tres mayores asociaciones europeas de fabricantes (Ceccm, ECMA y ESTA), que actúan a través de influyentes asesores y consultores que conocen de cerca el entorno del Ejecutivo comunitario —el encargado de redactar la propuesta legislativa—.

Sin embargo, más allá de la influencia por los cauces ordinarios, el mapa de las presiones de un mercado oligopolístico tan importante como el del tabaco conlleva todo tipo de intrigas y movimientos entre bambalinas. Un documento confidencial publicado en septiembre por The Guardian revela cómo el líder del sector por facturación, Philip Morris, estableció un costoso entramado para convencer a eurodiputados y funcionarios europeos que incluía listados sobre la facilidad de persuasión de los 766 miembros de la Eurocámara. "Fue algo asqueroso", apunta una alta fuente parlamentaria.

En un tablero tan sensible como la regulación del tabaco, en el que está en juego la salud de 510 millones de europeos, las asociaciones de sanitarios actúan con voz propia en forma de contralobby. "Frente a la tremenda presión de las tabacaleras, los sanitarios hemos tenido que hacer algo a lo que no estamos acostumbrados: lobby por la salud pública", concluye Francisco Rodríguez, presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo y conocedor de primera mano de las negociaciones previas a la aprobación de una directiva, la del tabaco, que —al menos formalmente— no logró contentar a ninguno de los agentes implicados. Ignacio Fariza (El País).

El ‘lobby’ diplomático en Bruselas

Étienne Ranaivoson es un diplomático con una tarea algo peculiar. Dentro de la Representación Permanente de Francia en Bruselas, está encargado de seguir los menores gestos y actuaciones de los eurodiputados. Cada mes, este joven alto funcionario acude sin faltar a la sesión plenaria de Estrasburgo. También conoce todos los rincones de la sede de la institución en Bruselas, donde se realiza a diario la parte fundamental del trabajo parlamentario.

Día a día y sesión a sesión, Ranaivoson no es el único que moviliza sus contactos para ejercer influencia en esta o aquella ley. En los pasillos del Parlamento se cruza a menudo con sus homólogos británicos y alemanes, y algo menos con los italianos y los españoles. "Desde hace dos legislaturas, las grandes embajadas, que están en contacto con unas delegaciones nacionales numerosas en el Parlamento, hacen todo lo posible para dar a conocer sus argumentos", afirma Florent Saint Martin, profesor asociado en Sciences Po y antiguo ayudante de la eurodiputada francesa Corinne Lepage, a la que dejó para fundar su propio gabinete dedicado a hacer labor de lobby.

Por parte de Francia, sobre cada tema, los eurodiputados reciben una nota detallada de la Secretaría General de Asuntos Europeos, la estructura intergubernamental con sede en París, encargada de establecer las posturas francesas. Asimismo tienen frecuentes ocasiones de encontrarse con el ministro de Asuntos Europeos, una de cuyas principales funciones es precisamente servir de enlace con el Parlamento. "Más que de dar consignas de voto, se trata de ofrecer explicaciones sobre los textos que se van a votar y proporcionar argumentos en defensa de los intereses franceses", observa Jean-Paul Gauzes, eurodiputado de la UMP y especialista en cuestiones financieras. En su opinión, los Estados "ejercen una presión comparable a la de los bancos y las compañías de seguros".

La intervención de los diplomáticos en las disputas parlamentarias se ha acentuado con el fortalecimiento del Parlamento Europeo, que ha adquirido nuevos poderes de decisión frente al Consejo en ámbitos tan variados como el medio ambiente, el transporte y, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la agricultura, la pesca y el presupuesto europeo. La situación se ha agudizado además en paralelo a la ampliación de la Unión Europea desde 2004. "Con 28, es mucho más difícil construir mayorías o minorías de bloqueo que con seis, 12 o 15 Estados; por eso ahora es posible hablar con los eurodiputados para que se opongan, o enmendar un texto que se considera que va en contra de nuestros intereses", explica Alexis Dutertre, representante permanente adjunto de Francia ante la UE.

Dutertre exige a todos sus colaboradores "que pasen la mitad de su tiempo en el Parlamento Europeo, tanto como en el Consejo", el enclave habitual de las negociaciones entre los Estados. "No hay que conformarse con conocer más que a los diputados franceses y sus ayudantes", dice. Él guarda un recuerdo personal y emocionado de las negociaciones sobre la directiva de servicios, la famosa directiva Bolkestein, en 2005. Francia y Alemania se apoyaron en el Parlamento Europeo para lograr que volviera a redactarse el controvertido proyecto. Y en el transcurso de las negociaciones, Alexis Dutertre forjó lazos con diputados alemanes y británicos que aún hoy le son útiles.

Sin embargo, el don de gentes de los diplomáticos franceses corre peligro de sufrir las consecuencias de las elecciones europeas en caso de una avalancha del Frente Nacional. "Una gran delegación del FN será un problema enorme: o se ausentarán, o serán incontrolables", predice el politólogo Olivier Costa, director de estudios políticos en el Colegio de Europa en Brujas. A su juicio, Francia va a aproximarse al Reino Unido, que se ve obligado a lograr acuerdos en el Parlamento con unos diputados nacionales en muchos casos euroescépticos. "Si el FN obtiene 20 escaños, no nos quedarán más que alrededor de 50 diputados útiles", asegura un responsable francés: "en términos numéricos, eso nos colocará a la altura de países con la población de España o Polonia". Philippe Ricard (Le Monde).

Las presiones de los consumidores

Cuando se aprobó en Bruselas la decisión de eliminar la tarifa de itinerancia en los teléfonos móviles, el lobby de las compañías de telecomunicación acusó a la UE de "tener demasiado en cuenta los intereses de los ciudadanos y nada los de las empresas del sector, que viven tiempos difíciles". No hubo comentarios en las altas instancias del Ejecutivo europeo, que consideró que no convenía abrir polémicas. En su lugar habló la Oficina Europea de Uniones de Consumidores (Bureau Européen des Unions des Consommateurs, BEUC en francés), una entidad que es casi un monopolio, amada y odiada por igual, en un caso porque es la única voz que realmente se hace oír y en el otro porque sus relaciones económicas con la Comisión rayan lo incestuoso.

"Sí, es verdad, la UE paga el 41% de nuestro presupuesto, pero lo registramos con total transparencia en nuestros documentos", reconoce Johannes Kleis, portavoz del BEUC (que da trabajo a 35 empleados). La labor cotidiana de su equipo consiste en presionar a los funcionarios europeos, y por tanto a los parlamentarios y los Gobiernos, para que las decisiones comunitarias tengan en cuenta las exigencias de los ciudadanos. Eso quiere decir, explica Kleis, seguir de cerca un amplio abanico de asuntos en diversas direcciones y comisiones, puesto que la mayor parte de los temas legislativos europeos puede acabar teniendo repercusiones para la vida de los europeos.

En la práctica, no existe una política única para la defensa de los consumidores. A menudo, Bruselas ha agitado un arma cargada con salvas, y además los Estados no le han proporcionado los instrumentos para intervenir. Si un operador turístico engaña a alguien, la UE puede hacer poca cosa, porque la responsabilidad de actuar es sobre todo de las autoridades nacionales. Se organizan campañas de sensibilización, pero la idea de una oficina con 12 estrellas, que es la que propugnan los ciudadanos para que les defienda, no ha acabado nunca de despegar. El responsable en la UE es un croata al que se ha visto poco hasta el momento y al que ahora se ve todavía menos: 10 meses después de haber sido designado, ha dejado el cargo para ser candidato a un puesto de eurodiputado.

Para ocuparse de todo está el BEUC. O eso esperan al menos sus jefes, que, a diferencia de muchos otros observadores, sostienen que "la UE hace mucho por los consumidores". Mencionan, con razón, los debates sobre la itinerancia, (roaming), los derechos de los pasajeros y las informaciones sobre alimentos. A pesar de que, en las discusiones sobre el "made in" —el certificado de origen para los productos no alimentarios de terceros países—, una fuente de Eurobusiness (la organización empresarial europea) recuerda que el BEUC, al principio, tenía tantas dudas como la Comisión y los países nórdicos: "Después cambiaron de idea, como casi todos".

Kleis asegura que su tarea es "servir de contrapeso al lobby empresarial". Casi como un David contra Goliat, visto el dinero de que dispone cada bando. Los representantes de las multinacionales químicas o de las telecomunicaciones, por poner dos ejemplos, llevan a cabo un trabajo de lobby asombroso. Por no hablar de los bancos. "Una cosa que lamento" —dice el hombre del BEUC— "es que hace muy poco que se ha empezado a pensar en los consumidores al debatir los temas de servicios financieros. Durante años no se tenía en cuenta más que a los intermediarios y la banca". Queda mucho para alcanzar la meta. Ahora, la Oficina está trabajando para que la UE ponga en marcha un mecanismo que ayude a sacar del mercado los productos financieros peligrosos para los ahorradores. Hoy, si algo va mal, intervienen las autoridades nacionales. "No es suficiente", precisa Kleis, "porque el mercado es global". Una cuestión complicada. Y cuando el principal interlocutor, es decir, la Unión Europea, es también el financiador, la cosa puede no ser buena. Marco Zatterin (La Stampa).

La cara de Facebook

Si alguien en Bruselas ha puesto rostro a una entidad que destila intriga llamada “lobby estadounidense”, esa es Erika Mann. Durante 15 años, de 1994 a 2009, esta alemana titulada en pedagogía ha ocupado un escaño en el Parlamento Europeo como diputada de los socialdemócratas alemanes. Luego cambió de bando (según las malas lenguas, de forma definitiva) y se convirtió en lo que oficialmente se conoce como la “persona encargada de manera permanente de las relaciones con la UE” de Facebook, una de las mayores empresas de Internet estadounidenses que operan en todo el mundo.

De acuerdo con los últimos datos disponibles, Facebook pretende que los gastos que ha supuesto el trabajo de cabildeo político realizado en Bruselas en el año 2012 no han llegado al medio millón de euros. En cualquier caso, así consta en el registro oficial de lobbies de la UE. Esto resulta sorprendente al menos por dos motivos. Primero, porque Facebook gasta en EE UU muchísimo más en presión política. Según el mucho más pormenorizado Registro de Transparencia de la Cámara de Representantes de EE UU, solo en el primer trimestre de 2014 Facebook invirtió cerca de 2,8 millones de dólares (2,02 millones de euros) en ejercer influencia política en Washington DC. Y segundo, porque en el año 2012 es cuando se puso realmente en marcha el debate en torno a un proyecto legislativo de importancia fundamental para una empresa que trabaja con información como es Facebook. Ese proyecto no es otro que el futuro reglamento básico sobre protección de datos que deberá reemplazar, a más tardar el año próximo, las normas actualmente en vigor en toda la Unión Europea.

No es casual que en el marco de estos debates haya dado la impresión de que son sobre todo las empresas estadounidenses las que tratan de ejercer su influencia. En el sector de la gestión de datos, siguen llevando la voz cantante empresas de Silicon Valley como Facebook, Google o Microsoft. Raramente aparecen como empresas individuales, sino que suelen presentarse como alianzas empresariales. Además, tienen la suficiente potencia financiera como para permitirse los mejores abogados que diseccionan al milímetro en Bruselas el efecto de los proyectos legislativos. El ponente encargado de la reforma de la protección de datos en el Parlamento Europeo, el verde alemán Jan-Philipp Albrecht, calcula que más de la mitad de las empresas que le han consultado tenían un trasfondo estadounidense. Otros diputados han hablado también de una presión nunca vista. La plataforma de Internet LobbyPlag causó un gran revuelo al demostrar que una serie de eurodiputados no se habían limitado a buscar inspiración en las empresas estadounidenses a la hora de proponer enmiendas, sino que había pasajes de texto enteros que procedían de modelos redactados por cabilderos estadounidenses.

Saber de quién se trata en cada caso concreto no siempre resulta tan fácil de desentrañar como en un chat de Facebook. El motivo: no todos los contendientes se lanzan a la batalla del cabildeo con la visera del casco levantada, sino que envían “sugerencias” en papeles sin membrete. En cualquier caso, no se puede acusar de secreteo a Erika Mann. Esta representante de Facebook de 63 años de edad ha estado presente en los debates de forma claramente identificable, unas veces en el estrado y otras entre el público de incontables foros de debate convocados en Bruselas en torno al tema de la futura protección de datos. También se ha dejado ver con frecuencia en las comparecencias del Parlamento Europeo. ¿Qué alcance ha tenido su aportación personal a los compromisos adoptados por los diputados a principios de año? Es difícil precisarlo. Solo hay una cosa clara: a Mann todavía le queda mucho trabajo por delante. Porque los Gobiernos de los 28 Estados miembros todavía no se han posicionado en lo que respecta a la propuesta de reforma; solo cuando se hayan puesto de acuerdo sobre la adopción de un criterio común podrán comenzar las negociaciones definitivas con los parlamentarios. Pero existen serias dudas de que eso llegue a ocurrir este año. Pero una cosa está clara: cuanto más tiempo duren las deliberaciones, más tiempo tendrán los grupos de presión para influir en el reglamento. Porque con la protección de datos ocurre como con todo en Bruselas: “Nothing is approved until everything is approved”. Nada está aprobado hasta que todo está aprobado. Javier Caceres (Süddeutsche Zeitung).

Los grupos de presión polacos

Los perros viejos lo saben: los grupos solo pueden ejercer una buena presión en Bruselas después de una década de presencia constante. Algunas empresas polacas empiezan a cruzar ahora esta frontera.

Otras empresas, regiones, e incluso sectores enteros aún no se han dado cuenta de que deben fomentar su influencia en la capital europea.

La presión de los grupos de poder en Bruselas es un punto clave a la hora de establecer las leyes, más crucial aún que en Varsovia o Berlín. Aquí entran en juego los intereses de decenas de jugadores de diferentes partes del continente. Es fácil no ser tomado en cuenta.

Hace varios años, cuando Polonia se estaba preparando para entrar en la Unión Europea, la legislación de Europa se aceptaba sin discusión, porque dicha adaptación se traducía en un salto hacia adelante. Sin embargo, cada país que entra en la Unión Europea debe cambiar rápidamente el chip de receptor y ejecutor ya que pasa a ser el co-creador de la legislación europea. Es algo que suele resultar difícil. "El problema consistía en que el proceso de integración con la Unión Europea se nos mostraba como algo absolutamente positivo, y nosotros creíamos que así era. De ahí venía la conclusión de que todo lo que viene de Bruselas es bueno, por lo que no tiene sentido influir en estas decisiones", explica el eurodiputado de Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco), Konrad Szymański. "Los primeros años después de la adhesión cambiaron rápidamente esta forma de pensar. Tuvimos que aprender a influir em las decisiones de Bruselas. Este proceso aún no ha terminado", añade.

Naturalmente, en la escena europea, el Gobierno representa los intereses de Polonia. Los ministros, funcionarios y diplomáticos han aprendido a influir sobre las decisiones de la Unión en lo que se refiere a cuestiones de gran importancia. Tal vez una de las pruebas más espectaculares de que Polonia está empezando a ser un actor serio fue la creación, en 2009, de la Asociación Oriental. Dicho proyecto dejó mal sabor de boca en Francia y España, entre otros, para los que el centro de gravedad de la Unión Europea después de la ampliación se había desplazado demasiado hacia el Este. No obstante, se recurrió a una especie de trueque. Polonia apoyó con entusiasmo la Unión por el Mediterráneo, que formó el presidente francés Nicolas Sarkozy, haciendo hincapié en que la Unión debía ejercer más influencia sobre los vecinos. Más tarde, Sarkozy no pudo negarse a apoyar un proyecto similar en el Este. Además, Polonia involucró en la creación de la Asociación a Suecia, encabezada por su ministro de Relaciones Exteriores, Carl Bildt. Muchos en Europa llegaron a pensar incluso que se unía a la idea sueca. Varsovia se alegró de ello, dado que las ideas que se concebían en un país "viejo" de la UE resultaban para algunos más fáciles de tragar.

La Unión, no obstante, no supone solamente los grandes proyectos políticos, sino, sobre todo, cientos de leyes que tienen un impacto fundamental en los sectores, o bien en la economía en su conjunto. Aquí el lobby polaco, en ocasiones, no se hace notar demasiado. "A menudo nuestros políticos reaccionan demasiado tarde, cuando ya se ha determinado el marco principal de la decisión", se queja el eurodiputado Szymański.

El problema muchas veces reside no tanto en el lado de las autoridades, sino en el lado de las partes interesadas, que no siguen las ideas de Bruselas de forma constante. Antes de que los diplomáticos de los Estados miembros se ocupen de una directiva o reglamento, hay una verdadera y oculta lucha interna. Los que luchan deben ser ágiles antes que fuertes, y también estar muy familiarizados con la situación: el presentar sus argumentos a la persona adecuada y en el momento oportuno puede ser clave para obtener unos beneficios millonarios. "Para ejercer una presión eficaz, hay que tener experiencia, contactos y conocimientos sobre el propio proceso legislativo; por ejemplo, cuando la Comisión está trabajando en un proyecto nuevo, yo me reúno y explico el por qué en Polonia, o en nuestra región; algunas cosas son diferentes y deben considerarse así. Ello fue especialmente importante en los primeros años trás la adhesión, cuando la Comisión se basaba sobre todo en la experiencia de Europa Occidental", explica Tomasz Lachowicz, quien desde hace 12 años dirige la oficina en Bruselas de Ferrocarriles Nacionales Polacos (PKP por sus siglas en polaco).

Lo idóneo es presentar la causa ante la Comisión Europea antes de que el proyecto esté listo. Para cualquier cambio posterior hay que convencer mucho más. Los argumentos deben ser muy sustanciales y lo suyo es que justifiquen la manera en que una determinada solución podría beneficiar a toda la Unión.

Más tarde, el Consejo, es decir, los representantes de los Estados miembros y el Parlamento Europeo, debate la ley. Las dos instituciones trabajan a la vez y, a continuación, negocian entre ellas la versión común. Mientras que, dentro del Consejo, el campo de actuación pertenece a los diplomáticos, el Parlamento es una verdadero terreno de juego para diversos grupos de interés. Es aquí donde las grandes corporaciones, las pequeñas empresas, las asociaciones sectoriales, por ejemplo de los distintos grupos profesionales, las regiones, e incluso las iglesias o los diplomáticos extranjeros ven su oportunidad de influir sobre la ley en cuestión. Aquí, más que en la Comisión, todo depende de los contactos personales. Y funcionan mejor los argumentos que se refieren a los intereses propios de los países.

Los que son miembros de las comisiones que influyen sobre la legislación en materia económica se ven bombardeados por los grupos de presión. El eurodiputado Szymański, que está finalizando su mandato en la Comisión de Industria, Investigación y Energía, calcula que ha tenido cerca de 40 reuniones al año con representantes de diversas empresas y sectores. Este número se refiere tan solo a los que estaban considerablemente bien preparados para el debate y querían responder a las preguntas. Es imposible llevar la cuenta de todos los que llaman o envían sus puntos de vista.

Los representantes de las empresas y organizaciones polacas constituyen una pequeña parte de los grupos de presión. Dentro del registro de la UE de los grupos de presión (oficialmente, el Registro para la Transparencia) constan inscritas 6.587 personas y organizaciones. Los nombres que de alguna manera parecen polacos son unas pocas docenas. El registro, que es opcional, es solo la punta del iceberg. Se calcula que en Bruselas trabajan unos 30.000 grupos de presión.

Tan solo unas pocas grandes empresas y organizaciones polacas (PKP, Poczta Polska, Gaz System, PGNiG, confederaciones de empresarios, agricultores, abogados y consejeros jurídicos) y la mayoría de las regiones tienen representación permanente en Bruselas. Entre las empresas alemanas hay varios centenares de representaciones de este tipo.

Es cierto que algunas empresas contratan bufetes de abogados o agencias de relaciones públicas. Las empresas polacas también lo hacen, aunque más bien para que estas se hagan cargo de un caso particular, y no para una colaboración fija. "Las empresas polacas probablemente no estén listas para invertir grandes sumas de dinero en fomentar sus influencias en Bruselas y formar las políticas futuras. Solo reaccionan cuando sucede algo", afirma Sylwia Staszak, directora de una de las mayores empresas de relaciones públicas, Burson-Marsteller. "No obstante, las empresas de Alemania, Francia y Estados Unidos no siempre están mucho más adelantadas en este aspecto. Especialmente en tiempos de crisis, es más difícil convencerles de que inviertan en algo que no traerá frutos hasta dentro de unos años", añade.

El lobby polaco en Bruselas, por lo general en cooperación con el Gobierno polaco, registró a lo largo de la última década varios éxitos. En 2006, en todas las instituciones, con el Parlamento Europeo a la cabeza, se libró una fuerte batalla por la directiva relativa a los servicios, que permite a las empresas prestar sus servicios en otros países de la UE. Fue entonces cuando se amenazaba con el "fontanero polaco". El debate involucró, a favor y en contra de la directiva, a muchos actores polacos, desde los políticos hasta los sindicatos y las empresas. Finalmente, a pesar de la resistencia de Europa Occidental, fue posible adoptar la directiva. En el Parlamento, abogaba por ella, entre otros, el "fontanero polaco" del cartel, es decir el modelo Piotr Adamski.

Ha habido también situaciones en que se han echado en falta los grupos de presión. Cuando se decidía la suerte de los astilleros polacos, el Gobierno polaco trabajó a favor de ellos en la Comisión, mientras que en los alrededores del edificio Berlaymont se congregaron en varias ocasiones los trabajadores de los astilleros, vestidos con la ropa de trabajo. Sin embargo, hacía falta un grupo de presión permanente. Del mismo modo, cuando en 2006 se adoptó el reglamento REACH sobre los productos químicos permitidos en Europa, la voz de las empresas polacas no se oyó. "Resultaba difícil creer que, en una cuestión así, la parte polaca apenas participara", recuerda Sylwia Staszak.

Algunas empresas son de la opinión de que para estar representadas en Bruselas, simplemente hace falta mostrarse activo dentro de la asociación que representa al sector en cuestión. Dicha estrategia funciona siempre y cuando los intereses del sector en toda Europa sean similares. A veces, sin embargo, resultan ser opuestos. Cuando la Comisión propuso la liberalización de los servicios ferroviarios, para las ricas redes ferroviarias occidentales supuso la apertura de nuevos mercados, pero para PKP supuso más bien una amenaza, y podía salir perdiendo dentro de su área de influencia. "La Comisión propuso la liberalización para el año 2019; los ferrocarriles occidentales querían que tuviera lugar incluso antes. Hemos conseguido excluir de este proceso una parte de las rutas, por lo que la plena liberalización no se llevará a cabo hasta 2025", señala, satisfecho, el representante de PKP, Tomasz Lachowicz.

Los grupos de presión que trabajan en el Parlamento Europeo preparan habitualmente enmiendas concretas a la legislación y solicitan a los eurodiputados que las presenten. Ha habido casos en que los eurodiputados sí han respondido a dichas peticiones, pero sin molestarse siquiera en anotarlas en su propia documentación. De esta manera, el mundo se enteró de que el autor de la enmienda del eurodiputado checo, Miroslav Ouzký, era la empresa Porsche.

A veces, en el Parlamento, los límites entre los lobbies honestos y los deshonestos no están muy bien definidos, a pesar de que durante el mandato de Jerzy Buzek al frente del PE se aprobara un nuevo código que regula estas cuestiones. Los eurodiputados pueden trabajar fuera del Parlamento, aunque sin recibir, lógicamente, dinero por promover soluciones legales concretas. El nuevo código se adoptó tras el escándalo en 2011, cuando el rotativo británico The Sunday Times ofreció a varios eurodiputados dinero por proponer enmiendas específicas, y tres de ellos lo hicieron. En el caso del austriaco Ernst Strasser, el asunto se zanjó con su encarcelación durante cuatro años; otros sufrieron consecuencias menores. The Sunday Times intentó ofrecer recompensas a algunos eurodiputados polacos, pero ninguno de ellos cayó en la trampa.

Sin lugar a dudas, una parte importante de un grupo de presión honesto en el Parlamento es hacer que los propios eurodiputados se convenzan unos a otros. Algunos eurodiputados polacos se han vuelto expertos en la materia, aunque la mayoría ejerza una influencia mínima. "El problema consiste en que están mal posicionados, en las comisiones donde no se toman las decisiones económicas más importantes", dice una de las funcionarias polacas en el Parlamento.

Sin embargo, cada vez hay más polacos en otros grupos de presión de Bruselas. "Cuando vine a Bruselas, hace 9 años, había muy pocos. Ahora, en cada empresa grande de relaciones públicas hay al menos uno; en la nuestra, cuatro", señala Sylwia Staszak. Trabajan no solamente para las multinacionales polacas, sino también para las internacionales, así como para ONG y los bufetes de abogados. Este camino hacia el éxito profesional en Bruselas, algo menos obvio, lo eligen, por lo general, los que han ganado algo de práctica trabajando en las instituciones europeas. Resulta más fácil influir en las decisiones de la Comisión o del Parlamento cuando se conocen desde dentro. Dominika Pszczółkowska (Gazeta Wyborcza)

La hora del esquisto

Pasear por la enorme, fea y sólida sede de las instituciones europeas en Bruselas es rozar el poder de los grupos de presión. Cada edificio de oficinas, cada bloque de acero y cristal erigido en un radio de un kilómetro en torno a la Comisión, el Consejo y el Parlamento está ocupado por los nombres más destacados del mundo empresarial europeo.

Son miles de empresas y bancos, bufetes de abogados, despachos de relaciones públicas, asociaciones sectoriales, todos decididos a hacerse oír e influir en las normas, regulaciones y leyes que rigen el mercado único europeo, arreglar acuerdos comerciales y dirigir el comportamiento económico y comercial de los 507 millones de habitantes con que cuenta la Unión.

Los grupos de presión constituyen un sector que mueve miles de millones en Bruselas. Según el Corporate Europe Observatory, un organismo de vigilancia que reclama más transparencia en las empresas, los lobbies tienen hasta 30.000 empleados en la capital comunitaria, casi tantos como los 31.000 funcionarios de la Comisión Europea, lo que la convierte en la segunda ciudad, después de Washington, en cuanto a concentración de profesionales dedicados a influir en la legislación.

Unos profesionales que prestan atención a los más recónditos detalles de la maquinaria legisladora en Bruselas. Y ningún ámbito es más importante para ellos que el de la energía.

Estos son tiempos fecundos para ejercer presiones en el sector energético. Vladimir Putin, con su control absoluto del abastecimiento de gas a Europa y su campaña para descuartizar Ucrania, ha hecho de la energía una de las máximas prioridades para Europa y la comunidad internacional.

Cuando Barack Obama hizo su primera visita a la sede de la UE en marzo, se mostró duro en público --y aún más en privado, según fuentes diplomáticas-- con los dirigentes europeos y les dijo que debían arrostrar el enfado de sus votantes y atreverse a promover el fracking y el gas de esquisto para inmunizarse contra el chantaje ruso.

En una carta dirigida a Downing Street el pasado mes de noviembre, Ivan Rogers, embajador del Reino Unido ante la UE, presentó una estrategia para presionar a la Comisión y lograr que adopte una postura minimalista sobre la exploración en esquisto, sin tener que aprobar nuevas leyes europeas. Una semana después, David Cameron escribió al presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, para insistirle en esa estrategia de ligeros retoques.

La revolución de la perforación hidráulica en Estados Unidos, que ha permitido afianzar unos precios bajos para la energía, está teniendo enormes repercusiones y ha beneficiado a los grupos de presión del sector en Bruselas.

Desde la exploración en esquisto hasta el cambio climático, desde las emisiones de gas de los automóviles hasta las energías renovables, desde las tecnologías para capturar el carbono hasta los programas de comercio de los derechos de emisión, el lobby energético en Bruselas trabaja mucho y obtiene grandes éxitos, y empresas como BP y Shell poseen grandes oficinas dedicadas a influir en la elaboración de políticas.

«Los grupos de presión del sector energético dicen que no son competitivos, en especial respecto a Estados Unidos, por el esquisto y los bajos precios que tiene allí la energía», dice un profesional de este ámbito en Bruselas. «Aseguran que estamos demasiado obsesionados con las renovables y el cambio climático y que deberíamos ser más abiertos, como los estadounidenses».

La labor de presión más eficaz que se ve en Bruselas es la de los «guardas convertidos en cazadores furtivos», la puerta giratoria de altos funcionarios, diplomáticos y eurodiputados que se retiran o dejan sus cargos públicos y se apresuran a aceptar ofertas para aprovechar sus contactos y su experiencia en un lucrativo trabajo en los grupos de presión; muchas veces no tienen más que cruzar la calle.

Como Jean de Ruyt, un barón belga que conoce Bruselas como nadie. Cuando era embajador ante la UE, este diplomático dirigió de hecho la presidencia de turno de la Unión hace cuatro años, luego se jubiló, entró a trabajar en un bufete de abogados estadounidense y hoy es una de las principales figura del lobby del esquisto.

Su número dos de cuando era embajador es hoy jefe de gabinete de Herman van Rompuy, el presidente del Consejo Europeo, que organiza las cumbres de la UE.

Para este sector, Ucrania y Putin son tal vez, más que una crisis, una gran oportunidad.

«Consideran que la crisis de Ucrania es una bendición, porque ha dado al sector del gas de esquisto la ocasión perfecta para decir que, si queremos librarnos de la dependencia del gas ruso...», dice Antoine Simon, que analiza la política de las industrias de extracción para el grupo Amigos de la Tierra. Ian Traynor (The Guardian)



Traducción.
María Luisa Rodríguez Tapia: inglés, francés e italiano. News Clips: polaco y alemán.

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