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“Es un caso de examen para demostrar el compromiso de Brasil”

El director del HRW para América insta al Gobierno de Rousseff a usar su influencia para frenar la represión en Venezuela

Una manifestante durante una manifestación en Caracas.
Una manifestante durante una manifestación en Caracas.F. Llano (AP)

La crisis originada en Venezuela por las masivas protestas opositoras se ha erigido en una prueba de fuego para dirimir la verdadera influencia de la diplomacia brasileña en la región y su compromiso con la salud democrática latinoamericana. De momento, Brasil ha abrazado una posición benevolente. Por un lado, ha apoyado al Gobierno de Nicolás Maduro y ha evitado censurar con rotundidad la represión; y por el otro, ha promovido, junto a Colombia y Ecuador, un diálogo entre las autoridades y la oposición que solo el tiempo dirá si es realmente fructífero.

Por todo ello se espera un rol mucho más activo de Brasil. Al diverso abanico de voces que así lo reclaman se unió este lunes Human Rights Watch (HRW). "Es un caso de examen para demostrar el compromiso de Brasil", dijo el director ejecutivo de América de la organización internacional, José Miguel Vivanco. La declaraciones tuvieron lugar en la rueda de prensa de presentación de un informe sobre los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad venezolanas contra los opositores desde el estallido de las protestas el 12 de febrero, que se han cobrado desde entonces una cuarentena de víctimas mortales.

Vivanco consideró que las expectativas hacia Brasil las alimenta el que aspire a ser un "modelo" para la región y que goce desde hace años de una profunda influencia sobre el Gobierno venezolano. Por ahora, el Ejecutivo de Dilma Rousseff ha asumido la posición general de los países de Unasur: defender la legitimidad de Maduro al criticar cualquier intento de desestabilización, condenar los actos violentos y abogar genéricamente por el diálogo para disipar la tensión. En la OEA, el único órgano a nivel panamericano, Brasil también ha apostado por una postura benevolente hacia Caracas, de la que se han desmarcado únicamente Estados Unidos, Canadá y Panamá.

Nos llama la atención la brutalidad de la represión, su duración, el apoyo constante al más alto nivel político y la complicidad de los jueces"

El objetivo del documento de HRW es dar a conocer a la opinión pública los excesos represivos de las fuerzas de seguridad y la connivencia de las autoridades, para que a partir de allí esta dramática realidad se adentre en la agenda de los gobiernos. "Queremos que los gobiernos se enteren de qué ocurre", dijo el director. En ese sentido, pidió que la mediación de Unasur en la crisis de "resultados concretos", como la liberación de manifestantes detenidos o que el Gobierno "reconstruya la independencia del poder judicial", pero al mismo tiempo se mostró profundamente desconfiado de la voluntad de Maduro al respecto.

Un recelo que, según Vivanco, parte de la simple base de que el modus operandi del Gobierno venezolano ante las protestas supone una "anomalía" en el conjunto de América Latina. Como ejemplos, mencionó que Dilma Rousseff condenara los excesos policiales en las manifestaciones callejeras del pasado junio en Brasil o que los últimos ejecutivos chilenos hayan tomado medidas para evitar excesos y para castigar a sus perpetradores.

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Pero esto parece impensable en la Venezuela actual. "Nos llama la atención la brutalidad de la represión, su duración, el apoyo constante al más alto nivel político y la complicidad de los jueces", lamentó el responsable. Y en paralelo, mientras que en los países de la región "se facilita el ejercicio del derecho a la manifestación", en Venezuela se tilda al conjunto de los manifestantes de "golpistas o que promueven una conspiración para derrocar" al Gobierno.

En este sentido, HRW sostiene que Maduro no solo "no pudo ni puede" ignorar el "patrón sistemático de abusos" contra los opositores en los últimos tres meses sino que, en cierto modo, promueve la represión porque "incita a la violencia" al tachar de fascistas a todos los manifestantes, ha atribuido a los opositores la responsabilidad de los episodios violentos, y en lugar de castigar los excesos ha premiado a las fuerzas de seguridad, por ejemplo condecorando a policías.

Por ahora, el Ejecutivo de Dilma Rousseff ha asumido la posición general de los países de Unasur: defender la legitimidad de Maduro

Hace unos días se supo que el Gobierno impulsará un consejo de derechos humanos tras las quejas de la Iglesia por la cruenta represión y que está investigando posibles abusos de las fuerzas de seguridad. Pero los antecedentes y el clima institucional invitan intensamente al pesimismo. "No existen instituciones democráticas en pie capaces de hacer frente a los abusos del Ejecutivo", deploró Vivanco. Por ejemplo, dijo, el 80% de los jueces son provisionales y pueden ser destituidos en cualquier momento. Y la politización de la justicia deriva en una impunidad alarmantemente extendida: "Muchas personas no están dispuestas a denunciar porque no confían en las sentencias judiciales o que si lo hacen las involucrarán a ellas en la comisión de un delito".

El informe de HRW se basa en una investigación de seis semanas en Caracas y tres Estados, en la que, a partir de entrevistas y pruebas, se documentaron 45 casos de “evidencias convincentes” de graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. La organización estima que más de 150 personas fueron víctimas de estos abusos y que 10 de los 45 casos constituyeron claramente torturas. Debido a que tiene prohibido su entrada en Venezuela desde septiembre de 2008, el equipo de HRW no avisó a las autoridades de su presencia en el país para evitar que fuera detenido o que fueran amenazadas las personas a las que contactó.

Una prohibición que responde al malestar del chavismo por sus denuncias reiteradas de vulneraciones a las libertades fundamentales en Venezuela. Por ejemplo, en julio de 2012 advirtió de la concentración y el abuso de poder del régimen de Hugo Chávez. Tampoco es la primera vez que insta a Brasilia a usar su influencia sobre Caracas. En agosto de ese mismo año pidió, ante la incorporación de Venezuela a Mercosur, a Brasil, Argentina y Uruguay que velaran por el respeto de los derechos humanos en el país caribeño.

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