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Cuba detiene y acusa de terrorismo a cuatro exiliados

La Habana informa del arresto del grupo por sus planes de “atacar instalaciones militares” Se trata de unos desconocidos entre la disidencia

Plaza de la Revolución de La Habana
Plaza de la Revolución de La HabanaEFE

A la medianoche de este martes, la edición digital del diario Granma ha informado del arresto en La Habana, hace una semana, de cuatro exiliados cubanos residentes en Estados Unidos que habrían confesado sus planes para atacar instalaciones militares en Cuba y que estarían vinculados con la vieja disidencia de Miami. “El pasado 26 de abril, fuerzas del Ministerio del Interior detuvieron a los ciudadanos de origen cubano y residentes en Miami, Estados Unidos, José Ortega Amador, Obdulio Rodríguez González, Raibel Pacheco Santos y Félix Monzón Álvarez, cuando planificaban ejecutar acciones terroristas en el territorio nacional”, dice la nota desplegada en la portada del diario oficialista. Ninguno de estos nombres, sin embargo, le resultan familiares a la comunidad cubana del sur de Florida, que durante más de medio siglo ha aguardado y promovido la caída del régimen de los hermanos Castro.

El Gobierno de La Habana no ha revelado las circunstancias de la captura de los cuatro individuos, ni las edades o fotografías de los detenidos. Pero ha asegurado que todos ellos “reconocieron que pretendían atacar instalaciones militares con el objetivo de promover acciones violentas” en Cuba y que con tales fines, “desde mediados del 2013, tres de ellos habían realizado varios viajes a la Isla para estudiar y modelar su ejecución”.

De acuerdo con la versión oficial, el grupo también habría confesado que la trama conspirativa ha sido dirigida por tres viejos exiliados cubanos de Miami: Santiago Álvarez, Osvaldo Mitat y Manuel Alzugaray, todos ellos en sus 70 años. Estos estarían vinculados al nonagenario exagente de la CIA Luis Posada Carriles, autor intelectual del atentado con bomba al vuelo 455 Cubana de Aviación ocurrido en octubre de 1976, donde murieron 73 personas.

Hasta el momento, ningún miembro de las organizaciones más activas del exilio cubano en el sur de Florida dice haber escuchado algo sobre los detenidos y sus actividades en Miami o La Habana. “Llamé a varios otros grupos y nadie los conoce. Todo puede suceder en la vida, a lo mejor son un grupo independiente, pero yo lo dudo mucho. Lo raro de esta aparición es que sucede en un momento muy coyuntural para el Gobierno cubano. Tengo el temor de que el régimen quiera utilizar cosas como esta para justificar represalias contra la oposición interna”, ha dicho a EL PAÍS el presidente del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez.

Con él coincide el presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, fundado en Florida en 1990, Marcelino Miyares Sotolongo. “En el exilio puede haber gente loca, pero hace mucho que no se produce este fenómeno porque más del 95% de la oposición - dentro y fuera de Cuba - es pacífica. Un plan como ese no tiene sentido en este momento. Al contrario, lo que hace es obstaculizar las gestiones que estamos haciendo para avanzar en cosas importantes, como el tema económico y el respeto a los derechos humanos”, opina Miyares.

Santiago Álvarez, uno de los tres exiliados cubanos acusado por La Habana de promover desde Miami planes conspirativos, se ha deslindado de la supuesta trama. “Esos nombres no los conozco. Y si alguien viene a hablarme de este tipo de planes, no les doy mucha importancia. Después de que salí de prisión, no he aconsejado a nadie que intente ninguna acción bélica contra la dictadura en Cuba”, ha dicho Álvarez este miércoles a EL PAÍS en la oficina que mantiene como contratista en la ciudad de Hialeah. Álvarez fue veterano de la Brigada de Asalto 2506 que en 1961 desembarcó sin éxito en Playa Girón, en la Bahía de Cochinos. Luego pasó cuatro años en cárceles de Estados Unidos, entre noviembre de 2005 y noviembre de 2009, tras declararse culpable de conservar ilegalmente un viejo arsenal de armas que la CIA le entregó en las décadas de 1960 y 1970 para ejecutar acciones violentas contra el régimen de los hermanos Castro.

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“Desde que salí me di cuenta de que ese camino tenía que abandonarlo, porque si uno tiene dos dedos frente y usa la inteligencia se da cuenta de que un plan bélico no va a trabajar en este momento. Desde hace mucho, la única oposición que considero válida en contra de la dictadura cubana es apoyar a los opositores que están haciendo una labor de información al pueblo dentro Cuba”, opina ahora Álvarez.

También entonces Santiago Álvarez y Osvaldo Mitat fueron acusados de cooperar en el reingreso ilegal desde México hacia Estados Unidos del cubano estadounidense Luis Posada Carriles, en marzo de 2005. Lo mismo que Álvarez, Osvaldo Mitat fue a parar a la cárcel y, después de cumplir casi dos años tras las rejas, se retiró de la vida política. Ahora maneja un concesionario de venta de automóviles en Miami.

En cambio, el tercer exiliado acusado de conspiración por el Gobierno de La Habana, el doctor Manuel Alzugaray, no estuvo nunca involucrado en acciones bélicas contra la revolución cubana. Fue miembro del directorio estudiantil anticastrista en la década de 1960 y fundador de la organización Miami Medial Team. Es cirujano ortopedista, graduado en la Universidad de Salamanca, y desde hace varias décadas mantiene una consulta privada en Miami.

De todos ellos –los supuestos autores intelectuales y los detenidos - el Gobierno cubano ha dicho que pedirá información a las autoridades de Estados Unidos, para evitar “que pongan en peligro la vida de personas y la seguridad de ambas naciones”. Esta nueva denuncia de La Habana tiene lugar justo una semana después de que el Departamento de Estado decidiera mantener a Cuba, por trigésimo segundo año consecutivo, en su lista anual de países que patrocinan el terrorismo. En esta ocasión, sin embargo, Estados Unidos reconoció que los lazos de la isla con organizaciones como ETA eran cada vez más distantes, y alabó que durante 2013, Cuba “apoyó y albergó” las negociaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

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