El fiscal peruano jura el cargo cuestionado por sus investigaciones

El nuevo Fiscal de la nación de Perú, Carlos Ramos Heredia, juró el lunes el cargo pese a que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) -el órgano de control del Poder Judicial- lo investiga desde abril debido a sus actos como fiscal en los casos de corrupción y muertes ligados al presidente regional de Ancash en la costa del Pacífico, y en la investigación contra una familia sospechosa de narcotráfico. Es quien eventualmente decidirá acusaciones contra dos expresidentes peruanos, Alan García y Alejandro Toledo.

Además, a fines de marzo, el congresista Modesto Julca presentó una denuncia constitucional en su contra por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, encubrimiento personal y omisión de denuncia, por los mismos casos que ve el CNM. La subcomisión de acusaciones constitucionales el Congreso no ha puesto en agenda ese caso aún. Ramos retiró del caso y de sus trabajos a cuatro fiscales que investigaban una supuesta central de interceptaciones telefónicas a favor del presidente regional de Ancash, César Alvarez.

“Hay que darle el beneficio de la duda, por lo menos, y esperar que su labor sea provechosa”, pidió el fiscal de la Nación saliente, José Peláez horas antes de transferir el cargo, en una entrevista con Radioprogramas. Sobre Peláez pesó la sospecha de haber sido afín al expresidente Alan García, pues archivó el año pasado una denuncia contra el líder aprista por enriquecimiento ilícito: tres hermanos de Peláez han tenido militancia aprista.

Por otro lado, Ramos Heredia es primo de la primera dama, Nadine Heredia, de quien un 56% de encuestados por Datum cree que gobierna con su esposo Ollanta Humala. Ambos asistieron a la ceremonia de juramentación del nuevo fiscal de la Nación. Peláez aseguró que “hay un parentesco lejano pero eso en nada puede alterar la trayectoria dedicada a la justicia” de su sucesor en el puesto.

El nuevo fiscal de la nación, cuya gestión debe durar tres años, podría tener que acusar al expresidente Alejandro Toledo pues una fiscalía lo investiga por supuesto lavado de dinero. En el Congreso está pendiente de aprobación el informe de la megacomisión que ha investigado supuestos delitos cometidos durante el segundo gobierno de Alan García, entre ellos losnarcoindultos. García consiguió obstruir mediante una acción de amparo parte del informe final de la megacomisión y esta semana el Parlamento debe decidir cuando vota ese informe en el pleno; de allí podría generarse una acusación constitucional contra el expresidente aprista y una inhabilitación política. En ese escenario, el caso pasaría también por sus manos.

Por último, entre las investigaciones a la esfera política más alta, aún no ha concluido la investigación fiscal sobre los vínculos actuales de Oscar López Meneses, un exoperador de Vladimiro Montesinos, con el Gobierno de Humala: dependiendo de los resultados y los de la comisión investigadora del Congreso sobre este mismo caso, podría llegar a sus manos si el presidente peruano resultara involucrado.

En este período el jefe del Ministerio Público también debería incluir entre sus prioridades la reapertura de la investigación sobre las esterilizaciones forzadas durante el Gobierno de Alberto Fujimori. El fiscal que tuvo a su cargo el caso, pese a una gran cantidad de pruebas y testimonios, solo acusó en un caso de una muerte que ha configurado una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero otras centenas de casos, pese a los testimonios y evidencias, no fueron considerados.

A inicios de año, Peláez expresó a un grupo de activistas que a él también le preocupaba el archivo de la cuestión, pero antes de dejar su despacho, la semana pasada, retiró al fiscal de turno que estaba a cargo. La ONG Demus indicó que de ese modo el Ministerio Público ha vulnerado el debido proceso.